Por Mariela Fuentes Ponce* y Emmanuel González Ortega*, La Jornada, 11 de julio del 2020.

México no es autónomo en la producción de alimentos que cubran las necesidades alimentarias de su población, se halla entre los 10 países que más importan alimentos en el mundo. Nuestra nación posee una gran diversidad de agrosistemas, y muchos de ellos están sustentados en la interacción continua y profunda de los pueblos originarios y las comunidades rurales con la naturaleza y los territorios. Esto implica la generación, transmisión y recreación de conocimientos tradicionales que prevalecen hasta nuestros días, adaptándose de manera dinámica a cambios económicos, climáticos y de diversidad de los recursos agropecuarios, lo cual permite cubrir sus necesidades alimentarias.

Se ha promovido la producción industrial de alimentos, que emplea productos químicos, como herbicidas, con el argumento de asegurar la producción de manera sostenida e inocua. El glifosato es el ingrediente principal de un tipo de herbicida usado para eliminar una gran variedad de plantas durante el ciclo agrícola que, desde el punto de vista de ganancia económica, compiten con el cultivo de interés. Además, el glifosato se utiliza para causar la muerte del cultivo pocos días antes de la recolección yasí poder cosecharlo todo al mismo tiempo, por lo cual los residuos del herbicida permanecen en el suelo, en los mantos acuíferos y en los alimentos.

Su uso aumentó drásticamente a partir de la aparición de los cultivos genéticamente modificados. Asimismo, se emplea en áreas verdes y espacios recreativos, implicando la exposición a este químico a organismos benéficos (por ejemplo, las abejas). Más de 750 formulaciones herbicidas comerciales están hechas con base en el glifosato. Se ha encontrado este herbicida en los alimentos, aun cuando estos han sido procesados. Además, estudios toxicológicos han mostrado que el glifosato provoca daños a los sistemas renal, hepático y reproductivo, así como daño genético, diferentes tipos de cáncer, malformaciones congénitas, Parkinson, trastornos hormonales que se manifestarán en las generaciones futuras.

El pasado 25 de noviembre la Semarnat prohibió la importación de aproximadamente mil toneladas de glifosato, dicha medida fue emergente. El 25 de junio de este año la misma dependencia anunció el diseño de una hoja de ruta para lograr la prohibición total del glifosato en 2024. Ante esto, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) argumentó que, aunque el glifosato está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno, no existe evidencia científica que lo demuestre, y que, de prohibirse su uso en la agricultura industrial nacional, ésta caería hasta en 50 por ciento. Debe mencionarse que entre las empresas asociadas al CNA, se encuentran productoras y comercializadoras de herbicidas como el glifosato y de cultivos genéticamente modificados: Monsanto (Bayer Crop Science), Corteva Agriscience, Syngenta, Cargill, BASF. Resulta evidente que las firmas anteponen su modelo de negocio sobre la salud.

En el contexto de crisis sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19 ha surgido una gran cantidad de voces que alertan sobre la próxima crisis alimentaria en el mundo. Asimismo, llaman la atención para apuntalar la seguridad alimentaria, particularmente en regiones económicamente vulnerables o de alta densidad de población (recordemos que cerca 80 por ciento de la población mexicana vive en las grandes ciudades). Este mensaje puede traducirse como un llamado urgente a replantear la manera en que se producen los alimentos.

El Estado mexicano se encuentra ante una tarea monumental: debe prohibir la comercialización y el uso de agroquímicos altamente peligrosos y al mismo tiempo impulsar un nuevo modelo de producción y comercialización de alimentos, considerando la diversidad agrícola, socioeconómica y cultural; promover el desarrollo de tecnologías que respondan a las necesidades de los diferentes tipos de productores; establecer subsidios focalizados, generar el acompañamiento técnico y poner las bases de los circuitos de abasto regional.

También debe regularse proactivamente la importación de alimentos para fomentar la producción y mercado nacionales, haciendo respetar los derechos consagrados en el artículo 4 de la Constitución: el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el dere-cho a la protección de la salud, y el de-recho a un medio ambiente sano. Igualmente, el Estado está obligado a promover, respetar y garantizar los llamados Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que, en su conjunto, enmarcan las posibilidades de gozar de un nivel de vida digna y desarrollar la capacidad máxima de las personas a partir de la libre determinación, lo que se interpreta como impulsar la autonomía alimentaria de las regiones, y no sofocarlas mediante iniciativas o programas de gobierno implementados desde otra realidad, ajena a la diversidad de la producción de alimentos de México. Al complejo escenario para alcanzar la autonomía y justicia alimentarias en México, se suma la advertencia por parte de la representación comercial del gobierno de Estados Unidos para revertir violaciones comerciales sobre productos de la biotecnología agrícola (cultivos transgénicos), incluido el herbicida glifosato, en el marco del acuerdo de libre comercio T-MEC. Tales controversias implicarían una discusión política entre ambos países, por lo que el gobierno mexicano debe tener argumentos que no estén basados únicamente en el principio de precaución por la peligrosidad confirmada del glifosato.

* Departamento de Producción Agrícola y Animal. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

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