Por Corresponsal de IPS, IPS Noticias, 08 de marzo de 2024.
El estudio, “The Unjust Climate” (El clima injusto), asienta que “cada año, en los países de ingresos bajos y medianos, las mujeres cabezas de familia de las zonas rurales padecen pérdidas financieras significativamente mayores que los hombres”.
En promedio, los hogares encabezados por mujeres pierden ocho por ciento más de sus ingresos debido al estrés térmico, y tres por ciento más a causa de las inundaciones en comparación con los hogares encabezados por hombres.
En un año medio, los hogares pobres pierden 4,4 % de sus ingresos totales debido a las inundaciones en comparación con los hogares más acomodados.
Eso se traduce en una reducción per cápita de 83 dólares debido al estrés térmico y de 35 dólares a causa de las inundaciones, para un total de 37 000 millones y 16 000 millones de dólares, respectivamente, en todos los países de ingresos medios y bajos.
El estudio muestra que, si las temperaturas promedio aumentaran un grado centígrado, esas mujeres enfrentarían una pérdida de ingresos totales 34 % más altas que la de los hombres.
Desde que en 2015 la mayoría de las naciones adoptaron el Acuerdo de París, hay consenso en que ante el cambio climático debe procurarse que la temperatura media del planeta no exceda de 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales (1850-1900) hacia el año 2050, ni más de dos grados al final de la centuria.
Teniendo en cuenta las importantes diferencias existentes en la productividad agrícola y los salarios entre las mujeres y los hombres, el informe sugiere que, si no se toman medidas, el cambio climático ampliará estas brechas en los próximos años.
Qu Dongyu, director general de la FAO, subrayó que “las diferencias sociales basadas en la ubicación, la situación económica, el género y la edad tienen una importante repercusión en la vulnerabilidad de las personas a los efectos de la crisis climática”.
La FAO analizó datos socioeconómicos de más de 100 000 hogares rurales (que representan más de 950 millones de personas) en 24 países de ingresos medios y bajos, e integró esa información con datos georreferenciados sobre la temperatura y las precipitaciones diarias durante 70 años.
Sobre esa base examinó la manera en que diversos factores de estrés climático repercuten en los ingresos de la población, la mano de obra y las estrategias de adaptación en función de la situación económica, el género y la edad.
Las repercusiones difieren no solo por género, sino también por condición socioeconómica.
El estrés térmico, o la sobreexposición a altas temperaturas, agrava la desigualdad de los ingresos entre los hogares rurales pobres, que sufren una pérdida cinco por ciento mayor (17 dólares per cápita) que sus vecinos de mejores condiciones económicas, y las cifras respecto de las inundaciones son similares.
Paralelamente, las temperaturas extremas empeoran la situación del trabajo infantil, afectan la vida de los ancianos y aumentan la carga de trabajo no remunerada de las mujeres en los hogares pobres.
Esa carga desproporcionada en lo que respecta a las responsabilidades domésticas y de cuidados, limita los derechos de las mujeres a la tierra, les impiden tomar decisiones relativas a su mano de obra, y dificultan su acceso a la información, la financiación, la tecnología y otros servicios esenciales.
Del mismo modo, los hogares dirigidos por jóvenes tienen más facilidad para encontrar oportunidades de empleo fuera de la agricultura durante las condiciones meteorológicas extremas, en comparación con los hogares dirigidos por personas de más edad. Eso hace que sus ingresos sean menos susceptibles a tales fenómenos.
Las condiciones meteorológicas extremas también obligan a los hogares rurales empobrecidos a recurrir a estrategias que no van de la mano con la adaptación climática, como reducir los flujos de ingresos, vender ganado y dejar de gastar en sus explotaciones agrarias.
El estudio revela que las poblaciones rurales y sus vulnerabilidades son apenas visibles en los planes climáticos nacionales, tanto en las contribuciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que calientan la atmósfera, como en los planes nacionales de adaptación de los 24 países analizados.
Solo 6 % de las 4164 medidas climáticas propuestas mencionan a las mujeres, dos por ciento mencionan explícitamente a los jóvenes, menos de uno por ciento a las personas pobres y alrededor de seis por ciento hacen referencia a los agricultores de las comunidades pobres.
Asimismo, de toda la financiación para el clima de 2017‑2018 de la que se hizo seguimiento, solo 7,5 % se destinó a la adaptación al cambio climático; menos de tres por ciento a la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra, y solo 1,7 % (unos 10 000 millones de dólares) llegó a los pequeños productores.
Las políticas agrícolas también pierden la oportunidad de abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Una análisis de esas políticas en 68 países de ingresos bajos y medianos, hecho por la FAO el año pasado, mostró que 80 % de las políticas no tenían en cuenta a las mujeres y el cambio climático.
En el informe se insta a la inversión en políticas y programas que aborden las vulnerabilidades climáticas multidimensionales de la población rural y sus limitaciones específicas, como su limitado acceso a los recursos productivos.
Asimismo, se recomienda la vinculación de los programas de protección social con servicios de asesoramiento que puedan fomentar la adaptación y compensar a los agricultores por las pérdidas, como los programas de asistencia social monetaria.
Y las metodologías transformadoras en materia de género, que combaten las normas de género de carácter discriminatorio, podrían hacer frente a la discriminación arraigada que a menudo impide a las mujeres ejercer pleno arbitrio sobre las decisiones económicas que inciden en sus vidas.
