Por Mariana Benítez* y Ana Wegier*, Pie de Página, 14 de noviembre de 2023.
Próximamente se llevará a cabo un panel solicitado por la Representación Comercial de Estados Unidos, pues impugna, en el marco del T-MEC, las medidas establecidas por México respecto a la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado en tortillas o masa y la sustitución gradual del glifosato. En este contexto, es crucial anteponer la salud pública y la integridad de los ecosistemas sobre criterios comerciales, poniendo al centro el principio precautorio y considerando las enseñanzas respecto a su uso en todo el mundo.
El principio precautorio surge de reconocer las graves afectaciones sanitarias, sociales, ambientales y económicas derivadas de no tomar precauciones ante productos, situaciones o tecnologías para los que existen señales de alarma, aun si se desconocen con precisión los mecanismos detrás de las afectaciones. Las nociones de precaución y prevención siempre han estado en el centro de la práctica de la salud pública en beneficio del bien común. Desde la prevención, muchas intervenciones se han centrado en eliminar peligros que ya han sido bien identificados y probados. Sin embargo, debido al alto grado de modificación del ambiente, son muchos los factores de riesgo, interactúan de variadas formas inesperadas y tienen alcances imprevisibles. Por ello, el principio de precaución aborda riesgos probables, que, aunque inciertos o no completamente comprendidos son inaceptables.
Muchas de las crisis socioambientales surgen de alteraciones a sistemas naturales complejos cuyo comportamiento sólo comprendemos parcialmente y los métodos científicos disponibles a menudo no son suficientes para entender los riesgos asociados a cierto factor, por lo que las limitaciones para identificar o cuantificar los riesgos a veces se malinterpretan como evidencia de seguridad de dicho factor. Así que efectivamente existe la necesidad de desarrollar investigación científica para llenar los vacíos en nuestro conocimiento. Sin embargo, en espera de un entendimiento más completo deben tomarse decisiones precautorias basadas en la mejor evidencia disponible, reconociendo las incertidumbres que persisten. Contrario a lo que en ocasiones se argumenta, el principio de precaución fomenta la investigación científica, la innovación y la resolución creativa de problemas interdisciplinarios frente a riesgos complejos.
De acuerdo con el principio precautorio, lo que se conoce como la carga de la prueba recae en quien propone una actividad o producto, de manera que es éste quien debe probar la seguridad de la actividad, y no los posibles afectados quienes deben probar que causa daño. Desde esta perspectiva, los defensores de tecnologías potencialmente dañinas tienen la obligación de probar sus productos, divulgar públicamente información clara sobre el potencial de daños y pagar por los daños y la restauración en caso de que ocurran daños. En países como México existen problemas particularmente complejos de medio ambiente y salud, pero el principio de precaución puede guiar las decisiones bajo gran incertidumbre, puede impulsar la investigación e innovación, puede ayudar a que los errores cometidos antes en países más industrializados no se repitan y puede ayudar a aliviar la carga de las instituciones públicas, dirigiéndose hacia quienes crean los riesgos.
El principio precautorio en el mundo
La precaución como principio jurídico y medioambiental puede rastrearse a mediados del siglo XX en Alemania, en donde se ha utilizado, entre otras cosas, para guiar la implementación de políticas enérgicas para hacer frente a la lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte. Actualmente, en la Unión Europea (UE) muchos de los cientos de estatutos medioambientales en vigor adoptan específicamente un enfoque de precaución. Un ejemplo del comportamiento precautorio por parte de la UE es el de su posición para tomar medidas respecto al agotamiento de la capa de ozono o respecto a las hormonas de crecimiento en la carne de res; este último caso le implicó un serio conflicto comercial pero resultó en la protección efectiva de su población.
En 2001 la Agencia Ambiental Europea publicó el informe “Lecciones tardías de las alertas tempranas: el principio de precaución 1896-2000”, para examinar el uso de la precaución en proteger la salud humana y de los ecosistemas. Documentaron catorce casos en donde se contó con información para actuar precautoriamente, entre los que destacan casos asociados a riesgos de exposición a radiación, benceno y asbesto, entre otros. Este documento reporta que todos los casos son “falsos negativos” en el sentido de que corresponden a agentes o actividades que se consideraron inofensivas en un momento, hasta que surgieron pruebas sobre sus efectos nocivos. Como parte de su método, los autores de este reporte intentaron documentar también “falsos positivos” en que el principio precautorio se hubiera aplicado sin justificación o sin confirmación posterior de los daños, pero no encontraron ningún caso suficientemente sólido.
Por otro lado, un ejemplo paradigmático respecto a la falta de precaución es el del asbesto. En un informe de la Organización Mundial de la Salud, se relata que en 1898, una inspectora del Reino Unido, observó: “Los efectos perniciosos del polvo de asbesto han instigado un examen microscópico del polvo mineral por parte del inspector médico. Se reveló claramente la naturaleza afilada, dentada, parecida al vidrio, de las partículas, y cuando se les permite elevarse y permanecer suspendidas en el aire de la habitación en cualquier cantidad, se ha descubierto que los efectos son perjudiciales, como se podría haber esperado”. Cien años después se decidió prohibir el asbesto en el Reino Unido. La tasa actual de mortalidad inducida por el asbesto en ese país es de unas 3,000 muertes por año y se esperan entre 250,000 y 400,000 de cánceres asociados en Europa occidental durante los próximos 35 años. En este caso tan ilustrativo hubo una alerta clara y temprana que, aunque carecía de un entendimiento completo del fenómeno médico, debió haber sido suficiente para actuar a tiempo precautoriamente, evitando serios daños a la salud de varias generaciones de personas y al medio ambiente, así como enormes costos sociales y económicos.
La toma, o no, de medidas precautorias en el mundo nos aporta aprendizajes. Recientemente, en todo el mundo se actuó con precaución en el marco de la pandemia de COVID-19, sobre todo cuando había poca información. De esta pandemia hemos aprendido que es muy difícil predecir cómo van a responder diferentes poblaciones de diferentes países, edades o sectores sociales ante los mismos riesgos sanitarios, que la población mexicana está particularmente vulnerable debido en parte al deterioro que enfrenta el sector salud.
Por otro lado, como lo señala la organización mundial de la salud (OMS) a partir de muchos estudios de caso en el mundo[1], las infancias han sido históricamente las más vulnerables y afectadas por la exposición a productos o tecnologías dañinas, pues se suman dos factores: que están en contacto más tiempo de su vida y que la exposición durante el desarrollo temprano del cuerpo, sus partes y sistemas pueden acumularse afectaciones que la larga generan enfermedades graves.
La estrategia del tabaco, una forma ya conocida de retrasar la precaución
A partir de diversos casos de productos o tecnologías que han resultado dañinos en términos sanitarios o ambientales y que han sido promovidos por ciertas industrias, como la del tabaco, la de los plaguicidas o la petrolera, Oreskes y Conway documentan en su libro “Comerciantes de la duda” lo que estos autores llamaron la estrategia tabaco. Segúnla caracterización de Oreskes y Conway, esta estrategia consiste en una serie de pasos que se repiten con algunas variaciones una y otra vez.
Primero, cuando una industria se da cuenta o sospecha de que cierto producto es dañino, contrata a empresas de relaciones públicas para cuestionar la evidencia del daño y defender el producto públicamente. Su objetivo es destacar la existencia de duda o controversia científica, y a partir de ahí argumentar la ausencia de daño, incluso si hay evidencia suficiente para apelar a la precaución. Por otro lado, tratan de convencer a los medios de comunicación de que existe una controversia legítima sobre el tema y frecuentemente apelan a la responsabilidad de los periodistas de proporcionar información balanceada, dando el mismo peso, y no un peso justo, a ambos lados, para promover información que ayuda a reforzar la posición de la industria.
Otra parte de la estrategia consiste en invertir en premios, financiamientos y revistas académicas, entre otras cosas, de forma que parezca que se ha producido conocimiento independiente y serio en torno a la cuestión de interés. También se desprestigia y difama a científicos, organizaciones e instituciones con una postura precautoria. Los llamados “Monsanto papers” son un claro ejemplo de este tipo de corrupción científica. El objetivo es organizar un grupo de científicos o expertos que puedan servir como testigos o aliados en una controversia, litigio, en los medios de comunicación o en cualquier otro contexto relevante.
Finalmente, quienes promueven los productos potencialmente dañinos se apoyan en organizaciones o cabilderos con incidencia política para difundir ideas favorables sobre el producto o la tecnología en cuestión, mientras que acusan a la contraparte de dejarse llevar por cierta ideología, de ser premoderna y antiprogreso o de ofrecer soluciones inviables. También suelen argumentar que tarde o temprano la ciencia y la tecnología por sí solas desarrollarán alguna solución al potencial daño. En muchos casos, han colocado a representantes directos o indirectos de las empresas proponentes en las instancias y comités gubernamentales relacionados con la regulación y toma de decisiones, de tal manera que participan directamente en la construcción de las medidas que deben cumplir. Con la estrategia del tabaco la duda científica termina convirtiéndose en una controversia política que se disputa de forma tramposa e injusta.
El caso del maíz genéticamente modificado y el glifosato en el marco del T-MEC
En agosto de este año, la Representación Comercial de Estados Unidos solicitó el establecimiento de un panel de resolución de disputas con México e impugna las medidas establecidas en el decreto presidencial del 13 de febrero del 2023, específicamente la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado en tortillas o masa, y la instrucción a las dependencias del gobierno mexicano de sustituir gradualmente el uso del herbicida conocido como glifosato. El glifosato está clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el grupo 2A como “probable carcinógeno en humanos” y está asociado a una amplia variedad de efectos tóxicos a la salud, tanto por contacto directo como por consumirlo con los alimentos, a la biodiversidad y a los ecosistemas enteros[1] . Este herbicida está estrechamente asociado al uso de maíces genéticamente modificados precisamente para ser resistentes al glifosato. Ahora sabemos que los maíces genéticamente modificados no pueden contenerse y que los genes que se les han introducido o modificado pueden incorporarse a las poblaciones nativas de maíz y de sus parientes silvestres. Esto a su vez modifica de formas impredecibles el desarrollo de las plantas y sus interacciones con otros organismos, poniendo en riesgo la biodiversidad y, en particular, el entorno que necesita el maíz para continuar diverso y saludable[2] , desde los suelos hasta las prácticas de manejo que contribuyen seguir conservando cada año maíces con capacidades de sobrevivir a los cambios del clima en su centro de origen.
En México desde el 2013, gracias a una acción colectiva se inició un proceso legal, se estableció una medida precautoria que prohíbe la siembra comercial de maíz genéticamente modificado. Si bien el glifosato aún puede comercializarse y utilizarse en México, si en nuestro país no se hubieran tomado medidas de precaución hace diez años, los efectos de la introducción masiva de maíz genéticamente modificado y asociado al glifosato podrían ser similares a los que vemos ahora en países como Argentina, en donde desde 1996 se siembra masivamente maíz genéticamente modificado. En ese país, contrario a la promesa de la agroindustria, el glifosato se usa cada vez más y ha contaminado los alimentos, el suelo, agua y aire en entornos rurales y urbanos y puede detectarse en la sangre y la orina, incluso de poblaciones urbanas, y hasta en la lluvia[3] . Sin embargo, en México los daños serían aún más graves por ser centro de origen del maíz y porque, a diferencia de países en donde el maíz se produce para forraje o para usos industriales, aquí se consume por la población humana a lo largo de toda la vida, estando expuestas las personas desde etapas cruciales de desarrollo.
En el caso de los organismos genéticamente modificados, los riesgos sanitarios, ambientales y sociales ante los que es necesario tener precaución son aún mayores y más difíciles de predecir que en los casos históricos arriba mencionados. Se trata de tecnologías vivas que no pueden simplemente retirarse incluso cuando se comprueba inequívocamente el daño. Implican entonces daños potencialmente irreversibles con efectos ambientales en cascada y muchas veces imposibles de predecir e identificar, así como la destrucción de formas de vida y producción campesina, con las correspondientes consecuencias en salud, migración, seguridad y muchos otros ámbitos. Los costos sociales implican a su vez el monitoreo y la mitigación, cuando es posible, que debe hacer el estado Mexicano con dificultades mayores conforme aumenta la presencia de maíz genéticamente modificado y sus consecuencias. Implican también un sistema de salud preparado para la detección y atención temprana, así como para la contención de las enfermedades que se presenten. Implican transparencia y difusión de los riesgos, por ejemplo mediante la información oportuna a la sociedad y el etiquetado adecuado de productos derivados, para que las personas consumidoras puedan también ejercer sus derechos.
Es importante resaltar que el T-MEC reconoce las leyes nacionales y los tratados internacionales suscritos por México, entre ellos en los que destaca el principio precautorio. Por otra parte, de acuerdo con la autora del libro “La aplicación del principio precautorio en México”[4] , considerando la normatividad vigente y los antecedentes legales, la aplicación del principio precautorio en México no es una opción, sino una obligación. La evidencia disponible, incluso si aún fuera incompleta, es suficiente para anteponer la protección de la salud de la población y de la biodiversidad a intereses comerciales o económicos, muchos de ellos ajenos a nuestro país o al grueso de su población. Más aún considerando que los impactos sanitarios y ambientales pueden ser permanentes e irreversibles e implicar incalculables costos sociales y económicos, estos sí, para la población en general.
Diversos reportes de instancias gubernamentales y académicos indican que el maíz genéticamente modificado ha contaminado al maíz de México. Sin embargo, su frecuencia aún es relativamente baja, por lo que todavía es posible evitar daños mayores y proteger la salud de la población, al maíz y la diversidad de su entorno. Nosotras, las personas consumidoras, productoras, campesinas, infantes y jóvenes, todas, no podemos permitir que mediante estrategias como la del tabaco se administre la incertidumbre y se inhiban las medidas precautorias necesarias ante daños ambientales o sanitarios para los cuales ya hay innumerables evidencias y señales de alerta, poniendo en riesgo la salud de la población y el mantenimiento de la biodiversidad.
* Mariana Benítez es investigadora titular en el Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad, en el Instituto de Ecología de la UNAM. Ana Wegier es investigadora titular en el Jardín Botánico en el Instituto de Biología de la UNAM. Ambas pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
[1] World Health Organization. The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children. Informe editado por Marco Martuzzi and Joel A. Tickner, (2004). ISBN 9289010983.
