Por Zósimo Camacho, Contralínea, 13 de noviembre de 2023.
Para el magistrado Ricardo Gallardo Vara no son válidos los estudios científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Y sí le resulta convincente el discurso con el que Monsanto defiende la comercialización de uno de sus agroquímicos estrella: el glifosato. Propone confirmar un amparo en favor de la trasnacional para importar de manera masiva el herbicida cuestionado por sus probables daños a la salud humana y al ambiente.
Incluso, señala que los datos de la agencia científica internacional “no son idóneos para sostener las medidas establecidas en el decreto, aún bajo el parámetro del principio precautorio”. Y que “hasta la fecha” no existe evidencia que demuestre que el glifosato sea “un elemento dañino para la salud de las personas o el medio ambiente”. Es decir, reproduce casi textualmente el discurso con el que Monsanto ha buscado desestimar cualquier estudio que advierta de la relación entre el glifosato y el cáncer.
En la propuesta de resolución del amparo en revisión 504/2022, el magistrado ponente Ricardo Gallardo Vara y el secretario Erik Castro Salas, no sólo defienden la inocuidad del glifosato, sino del maíz transgénico.
El proceso se deriva del juicio 313/202, promovido por Monsanto Comercial, S de RL de CV, y Semillas y Agroproductos Monsanto, S de RL de CV en contra del decreto del 31 de diciembre de 2020. De 37 juicios interpuestos en cascada por trasnacionales y agroempresarios mexicanos, hasta el momento dos han sido otorgados por jueces a los quejosos. Además del presentado por filiales de Monsanto, el otro es el que favorece a Velsimex, SA de CV.
La autoridades que han recurrido el amparos otorgado por el Poder Judicial a Monsanto son el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, así como “autoridades” de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios y del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología.
Glifosato: 37 juicios de amparo y una carrera contra el tiempo
Suman 37 juicios de amparo interpuestos por trasnacionales y agroempresarios mexicanos contra los decretos que prohíben gradualmente el uso del carcinógeno glifosato. Informes gubernamentales dan cuenta de 17 sobreseídos y 20 que continúan en disputa. De estos últimos, dos resultaron favorables a Monsanto y Velsimex, pero el gobierno federal interpuso recursos de revisión. Identifican como “punto crítico” la posibilidad de que jueces autoricen la importación masiva del plaguicida. Las instancias federales, también en carrera contra el tiempo para implantar alternativas orgánicas entre los productores mexicanos. El plazo vence el 31 de marzo próximo.
De acuerdo con información de Cofepris, Conahcyt y Semarnat, a la fecha más de 40 trasnacionales y agroempresarios mexicanos han emplazado al gobierno federal a 37 juicios de amparo, para intentar echar abajo la determinación gubernamental de desechar gradualmente el uso de glifosato en México.
De ese total, 31 juicios de amparo reclaman el Decreto Presidencial del 31 de diciembre del 2020: 16 sobreseídos definitivamente; 11 en los que se han emitido sentencias de sobreseimiento o de negar el amparo y protección, pero no están firmes, y dos en las que el Poder Judicial concedió el amparo y protección a favor de la parte quejosa, pero están siendo combativas con recursos de revisión.
Con respecto del decreto del 13 de febrero del 2023, suman seis juicios de amparo: cinco en trámite y uno sobreseído.
Documentos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnologías (Conahcyt), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierten dos “puntos críticos” a resolverse en las próximas semanas con respecto de la disputa para prohibir el tóxico glifosato.
Uno de ellos es la posibilidad de que trasnacionales y agroempresarios mexicanos logren evadir los decretos que prohíben el uso gradual del carcinógeno. Con resoluciones judiciales, podrían importar masivamente el plaguicida. Se advierte que las empresas quejosas pretenden que les sea autorizada la importación de la totalidad de los volúmenes solicitados de glifosato.
El otro punto crítico se refiere a la resistencia de los grandes agroempresarios mexicanos para sustituir el uso del glifosato con otros productos y técnicas antiplagas. El alto sector agroempresarial incurre, incluso, en el sabotaje de las alternativas sostenibles o de agroquímicos de baja toxicidad.
La información del gobierno federal –de la cual Contralínea posee copia– detalla la situación de cada uno de los juicios de amparo y de las acciones intersecretariales para hacer cumplir los decretos.
De los 37 recursos interpuestos por trasnacionales y agroempresas mexicanas, 31 reclaman el Decreto Presidencial del 31 de diciembre del 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el día de hoy, según el estado procesal de cada uno, se han resuelto en definitiva 16 juicios de amparo. En ellos, el Poder Judicial decretó el sobreseimiento y ordenó que sean archivados como asuntos concluidos.
Mientras, en 11 juicios de amparo, ya se ha emitido sentencia en el sentido de sobreseer y/o negar el amparo y protección a las empresas. Sin embargo, no están firmes, toda vez que los quejosos interpusieron recursos de revisión. Y, en el caso de otros dos juicios de amparo, aún no se ha emitido la sentencia, es decir, se encuentra en trámite.
Finalmente, en dos casos los jueces otorgaron el amparo y protección a las empresas. Uno de ellos es el juicio 313/202, promovido por Monsanto Comercial, S de RL de CV, y Semillas y Agroproductos Monsanto, S de RL de CV. El otro es el 671/2022, impulsado por Velsimex, SA de CV. En contra de dichas sentencias, se interpusieron sendos recursos de revisión. Aún están pendientes de resolución.
Con respecto del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero del 2023, se ha emplazado al gobierno federal a seis juicios de amparo, en los que se reclama la legalidad de dicho decreto. De ellos, cinco se encuentran actualmente en trámite, y uno ha concluido con el sobreseimiento.
Como se recordará, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Establecen las Acciones que Deberán Realizar las Dependencias y Entidades que Integran la Administración Pública Federal, en el Ámbito de sus Competencias, para Sustituir Gradualmente el Uso, Adquisición, Distribución, Promoción e Importación de la Sustancia Química Glifosato y de los Agroquímicos Utilizados en Nuestro País que lo Contienen como Ingrediente Activo, por Alternativas Sostenibles y Culturalmente Adecuadas, que Permitan Mantener la Producción y Resulten Seguras para la Salud Humana, la Diversidad Biocultural del País y el Ambiente.
Además, el 13 de febrero de este año se publicó, en el mismo Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se Establecen Diversas Acciones en Materia de Glifosato y Maíz Genéticamente Modificado.
Ambos instrumentos buscan la sustitución gradual del también llamado “matatodo”; algo a lo que se opone el alto sector agroempresarial y trasnacional. Lo anterior, porque le significa una reducción de su tasa de ganancia y resultaría en un dique definitivo a la implantación de maíz transgénico en territorio nacional.
Con respecto de los “puntos críticos” advertidos en los documentos, las empresas quejosas “pretenden que se les autorice la importación de la totalidad de los volúmenes solicitados de glifosato”. No se han resuelto en definitiva los juicios de amparo.
Por su parte, en el segundo “punto crítico”, se señala que Cofepris, Conahcyt, Semarnat, la Secretaría de Salud (Ssa) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) trabajan a marchas forzadas para promover “prácticas agroecológicas, o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, por lo que éstas deben definirse”. Esto último, ante la oposición y resistencia de los grandes agroempresarios.
Y es que, “con el objeto de salvaguardar la salud y un medio ambiente sano, así como la seguridad y la autosuficiencia alimentaria”, el gobierno federal está obligado al “desarrollo y escalamiento” de acciones para sustituir gradualmente el uso del glifosato en territorio nacional. El periodo para que el glifosato sea sustituido vence el 31 de marzo del próximo año.
En ese sentido, se han realizado ya varias acciones intersecretariales. Entre ellas, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas –de la Semarnat– ha emitido autorizaciones para la importación del glifosato, pero en concordancia con la cantidad en kilogramos UMT (unidad de medida tarifaria) estipulada en los Permisos de Importación de Plaguicidas. Estos últimos, emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En octubre pasado, la Semarnat, la Cofepris, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Sader culminaron el proyecto de modificaciones al Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.
A ellas, se suman otras acciones de “las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal (APF), en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
Tales acciones también buscan el “reconocimiento del maíz como patrimonio biocultural y garantizar la soberanía alimentaria del país”.
Se señala que la oposición al abandono del glifosato responde al “fuerte interés económico que prevalece en la industria de los agroquímicos”. En ese sentido, “diferentes empresas privadas han presentado procedimientos de amparo ante las dependencias del gobierno federal para evitar la aplicación” de los decretos.
Entre los recursos vigentes o en trámite, se encuentran los interpuestos por la Comercializadora Mayorista del Golfo, SA de CV; la Cámara Nacional de Maíz Industrializado; Olsyn, S de PR de RL; el Consejo Estatal Agroalimentario de Guanjuato, AC, y la Asociación Mexicana de Productores de Carne.
En los casos citados de Monsanto y Velsimex, el primero se encuentra en la ponencia del magistrado Ricardo Gallardo, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El segundo, en la ponencia del magistrado Gustavo Roque Leyva, del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
