Por Hoy, Biodiversidad LA, 30 de abril del 2021.

Los residentes de la comuna de Dique Chico vienen resistiendo y luchando contra las fumigaciones con glifosato en su territorio hace más de cinco años. Justamente la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con productos fitosanitarios en un radio de 500 metros alrededor del límite externo del predio donde funcionan la escuela rural Bernardo de Monteagudo y el jardín de infantes Mariano Moreno.

Sin embargo, aunque esta medida parece alentadora, los vecinos de dique chico resaltan que “solamente limitó las pulverizaciones en las cercanías de la escuela ubicada distante del pueblo, dejando desprotegidos a nuestros niñxs en sus casas, en las cuales obviamente pasan la mayor parte del tiempo”.

Y agregan: “el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ES ENGAÑOSO. A la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre”.

Preocupados antes la continuidad de las fumigaciones los residentes de la comuna, a inicios del 2020, solicitaron la realización de Estudios de Genotoxicidad (micronúcleos) y análisis de muestras en orina. El objetivo era detectar daño genético y la presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito -AMPA- .

El equipo de profesionales que realizaron el estudio, encabezado por la doctora Delia Aiassa, presentaron resultados contundentes. Según detallaron, las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 micronúcleos (MN) cada 1000 células analizadas, con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células. Se trata de “niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional”.

Concretamente, esto significa que el ADN de las personas afectadas “se rompe” por el contacto con agroquímicos. De esta forma, mientras se esté expuesto a estas sustancias ese ADN no se podrá reparar y hasta que no se reparen las células, esos organismos corren riesgo de enfermarse gravemente. Así, hablamos de “altos niveles de rotura en el material hereditario de las células analizadas, lo cual constituye un daño genético”.

A estos resultados, se suma la detección de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020. Dicho relevamiento fue llevado a cabo en niños de entre 5 y 13 años de edad, habitantes de la Comuna de Dique Chico y fue realizado en dos etapas de muestreo, en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos en zonas aledañas al pueblo. La iniciativa se sumó a un estudio de similares características realizado también por los vecinos en 2018, con 6 niños asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo (Bajo Chico), ubicada a 1,5 Km de la localidad y domiciliados en Dique Chico.

Frente a este panorama los vecinos de Dique chicos denunciaron en su comunicado “la completa desprotección de nuestros derechos colectivos”. Y detallan que esto ocurre desde que en 2017 la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo dispusiera, a pedido de productores locales, la suspensión de la Resolución 242/17.

Dicha resolución establece:

1) la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de 1000 m a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno – Anexo Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1,5 km del pueblo;

2) la prohibición dentro de la ZRA de utilización de productos químicos destinados a la pulverización y/o fumigación o fertilización agrícola, excepto aquellos destinados a la agricultura orgánica o agroecológica.

“En estos años, hemos perdido vecines, asistido a luchas personales y colectivas por resguardar la salud, construido datos, realizado cientos de denuncias, gestado redes y alianzas, participado de charlas y muestras de solidaridad hacia quienes como nosotros resisten este modelo extractivista de despojo”, manifestaron.

Y agregan: “hemos lidiado con la presencia permanente de la policía y del Ministerio de agricultura y ganadería de la provincia en nuestro territorio, velando por cada pulverización ante las quejas y denuncias de vecinos y vecinas”.

Por último, en el comunicado los residentes exigen a la Justicia de Córdoba “la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242/2017 de la Comuna de Dique Chico”. Y además denuncian al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba por “la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos”.

Fuente: Hoy

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