Por La Izquierda Diario, 13 de abril del 2021.
El decreto firmado por el presidente Iván Duque “regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”. Es decir, permite el uso de agrotóxicos por primera vez desde 2015 cuando fue suspendido por sus efectos cancerígenos.
El ministro de Defensa, Diego Molano, detalló que “el operador de ese programa de aspersión aérea será la Policía Nacional”, que lo desarrollará de forma “automatizada y controlada” y únicamente lo “aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos, industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley”.
Sin embargo, los activistas ambientalistas que hay protestado durante años contra este agrotóxico no solo rechazan el nuevo decreto para su implementación sino que descreen de las supuestas medidas de control que el Gobierno dice que se tomaran.
Las fumigaciones de los cultivos de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente. Los estudios de los últimos años en todo el mundo confirmaron este diagnóstico y lo corroboraron con diversas pruebas.
Posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la “lucha antidrogas” si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.
En teoría el Gobierno debería tener en cuenta “los riesgos para la salud y para el medioambiente” que tienen las fumigaciones aéreas y además deberían quedar excluidas “las áreas ubicadas en Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, páramos, humedales del sistema Ramsar y manglares, así como los cuerpos de agua y los centros poblados”.
Protestas
El pasado 18 de marzo decenas de personas marcharon por las calles de la ciudad colombiana de Tumaco, en el Pacífico, para protestar ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a fumigar con glifosato los cultivos ilícitos que hay en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, uno de los más afectados por ese problema.
Los manifestantes protestaron contra la “intransigencia del Gobierno” que anuncia el reinicio inminente de las aspersiones “desconociendo los llamados de Relatores de Naciones Unidas, de la comunidad académica, de expertos ambientales, de las organizaciones sociales y del clamor de las comunidades campesinas, indígenas y negras”, que son los más afectados.
Justamente diez relatores especiales de la ONU enviaron en diciembre pasado una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo que el Gobierno no retome las aspersiones aéreas con este agrotóxico.
Sin embargo, la relación entre la llamada “guerra contra las drogas” y los negociados con las multinacionales es estrecho en Colombia desde hace años. Esto incluye desde negocio de armas, paramilitares y mercenarios, narcotráfico y agronegocio, y por supuesto, también el uso gubernamental de agotóxicos.
No por nada la multinacional estadounidense Monsanto (comprada hace unos años por Bayer), que es la principal productora de glifosato, bajo el nombre de Roundup, también fue creador del Agente Naranja, utilizado por EE. UU. en la guerra de Vietnam.
De hecho, el glifosato está siendo restringido o prohibido a nivel mundial. Estas fumigaciones ya están provocando la desforestación y pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas vulnerables de la Amazonía y Los Andes. También destruyen los suelos y cultivos de los que dependen las comunidades agrícolas, y contaminan sus fuentes de agua.
