Por Israel León O’Farrill, La Jornada de Oriente, 10 de diciembre del 2020.
En entrevista para el portal de la BBC Mundo, Pech afirma que su lucha no fue fácil: “Lo más difícil fue, en primer lugar, entender la complejidad y los daños que causaría el permiso que el gobierno mexicano había otorgado a Monsanto para la siembra de soya transgénica en los territorios de comunidades mayas de Hopelchén. Como pueblo indígena, nosotros desconocíamos el impacto que tendría ese permiso. (…) Lo primero que quisimos fue entender qué significa transgénicos. Para empezar, ni siquiera sabíamos qué era la soya GM (genéticamente manipulada) ni los daños asociados a ese cultivo. (…) Una vez que logramos comprender las afectaciones que nos traía esa siembra de soya transgénica en nuestros medios de vida, especialmente en la apicultura, decidimos organizarnos, hacer una unidad del pueblo maya de Hopelchén. Entonces interpusimos dos amparos (uno como comunidades indígenas y otro como organizaciones de apicultores)”. Dichos permisos fueron otorgados entre las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y en 2017, se logró que se revocara a Monsanto el permiso para cultivar soya transgénica en 7 estados, incluyendo Yucatán y posteriormente, para todo el país. De estas luchas legales surgieron varias cosas interesantes. Obviamente el que organizaciones indígenas hubieran detenido a una empresa como esa que, según la BBC, la “empresa Monsanto (adquirida en 2016 por la farmacéutica Bayer) controla el 90% del mercado internacional de semillas y es líder mundial en la producción de herbicidas”. Por otro lado, el establecimiento por orden de la Suprema Corte de Justicia, de una consulta a la población que se vea afectada por este tipo de cultivos y que queda de manera permanente cada que se quiera tratar el tema. El problema en este sentido es que, según Pech “la consulta traía un protocolo con el que no nos vimos identificados, así que construimos nuestro propio protocolo. Eso nos ha llevado a una confrontación de acuerdos con el gobierno. (…) El gobierno dice que la consulta debe ser previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Sin embargo, ninguno de estos principios se respeta. Por ejemplo, se usa un lenguaje muy técnico que dificulta nuestra comprensión. (…) Desde el 2016 hasta el 2018 iniciamos una nueva consulta, pero nunca pasamos de la primera fase de acuerdos previos porque nos querían imponer un protocolo que nosotros nunca aceptamos, ni por parte del gobierno saliente, ni del entrante [el de Andrés Manuel López Obrador, presidente desde diciembre de 2018]. (…) Hoy en día, la consulta sigue parada porque el gobierno sigue sin querer respetar los protocolos de los pueblos indígenas. Y eso no sólo ocurre en Hopelchén o en Yucatán; hay otras luchas de los pueblos indígenas que se están dando a nivel nacional y que no se respetan”.
Lo que deja ver este desacuerdo, es la terrible verticalidad con la que se han manejado las relaciones entre comunidades indígenas y los gobiernos que se han ido sucediendo desde la Conquista y hasta nuestros días, drama del que no se escapa la Cuarta Transformación. Si se parte de la idea, profundamente irrespetuosa, de que las comunidades indígenas son “menores de edad” como se determinó en el siglo XVI en una supuesta “defensa” de los pueblos indígenas frente a los abusos de encomenderos y autoridades coloniales en general, pues es obvio que siempre se pensará que no saben lo que necesitan pues carecen de la madurez necesaria para saberlo. Por eso, hay que decirles lo que necesitan. ¡Vaya pedantería! Como afirma Esteban Krotz en su capítulo de libro “Relaciones interculturales, la legislación sobre los derechos indígenas en Yucatán y los derechos humanos” incluido en el libro Sociedades Mayas y el derecho, editado en 2015 por la UNAM: “Para quienes integran los grupos étnicos en el país o son hablantes maternos de alguna lengua indígena, la sensación de desprotección jurídica descrita suele agudizarse por su condición cultural (la cual, a su vez, empeora a causa de su insignificancia en la economía nacional) y extenderse también a los ámbitos de salud, escolar, económicos, fiscal y demás. La persistencia del racismo tanto cotidiano como estructural- institucional ha creado auténticos ciudadanos de segunda, cuyas formas de vida, idiomas y concepciones de sociedad y cultura no parecen tener cabida en la vida pública ‘nacional’”. En efecto, las luchas indígenas parecen no terminar pues, al igual que otras luchas, como la feminista, tienden a enfrentarse con la vida cotidiana y con la mala o pésima impartición o interpretación de la ley, que, a pesar de estar escrita, puede ser ignorada o tergiversada. Según denuncia Pech, en la región se siguen utilizando productos de Monsanto en un claro desafío a la orden de la Suprema Corte, sin que haya ningún tipo de consecuencia. Amarella Eastmond, en su capítulo “Los recursos naturales del pueblo maya en Yucatán: entre los derechos indígenas y el régimen de derechos de propiedad intelectual”, también en el libro que mencioné anteriormente, afirma que, a pesar “de las referencias en la legislación ambiental tanto internacional como mexicana a la ‘participación’, el ‘consentimiento fundamentado previo’ y la ‘distribución justa y equitativa’ de los beneficios derivados del uso de los recursos naturales, el gobierno mexicano ha constantemente cedido a las presiones internacionales de fortalecer la protección de los DPI (Derechos de Propiedad Intelectual) de las naciones industrializadas”.
Lo que nos debe hacer reflexionar tanto la nota del premio, como la situación misma, es la necesidad de replantearnos lo que entendemos por modernidad y sus supuestos beneficios para nuestra existencia y para el planeta en general. La lucha de Pech y las comunidades mayas es la de muchas otras latitudes, tanto en el Amazonas, como en Asia, como en África: es la lucha por preservar el medio ambiente atendiendo a los usos y costumbres de las personas que habitan en esos espacios. Con el pretexto de la alimentación de la población del mundo – que queda bastante claro que no es la principal preocupación de estas empresas- se justifican depredaciones del medio y afectaciones permanentes a las comunidades indígenas. El espejismo de la modernidad, de los “beneficios” que otorga el turismo, del dinero fácil en la mano (nunca como el que ganan las compañías que compran las tierras o las explotan), de la tecnología sobre la cultura, pueden hacer que cualquiera se maree y crea que por ahí van los tiros, incluidos AMLO y su 4T, especialmente en su relación con las comunidades indígenas que, como se ha visto, no se encuentran al centro de las acciones gubernamentales. El desbarajuste ocasionado por el proyecto del Tren Maya es un claro ejemplo, pero también el que una consulta como la que habla Pech siga estancada con este gobierno. Es más, el supuesto “acuerdo” al que llega AMLO con empresarios para volver a discutir el asunto del Outsourcing, nos habla de que las presiones empresariales son poderosas y sus intereses difíciles de doblegar; quizá algo similar ocurre con la tibieza con la que la 4T ha tratado el asunto del glifosato que ya ha sido prohibido en otros países y que acá, solamente será dejado de usar en los programas gubernamentales, pero no prohibido. ¿Qué pasará al final con estos temas? Pech concluye la entrevista con estas palabras en respuesta a la pregunta de cómo afronta el riesgo de ser asesinada por su lucha, como ha pasado con numerosos ambientalistas en México en los últimos años (19 en 2019, según reporta el portal de BBC): “Nosotros estamos en primera línea y tenemos un mayor riesgo. A mí me fumigan a diario y matan a mis abejas. Pero se tiene que convertir en una responsabilidad social, en una responsabilidad de todos. Todo lo que estamos defendiendo le sirve al resto del planeta. Necesitamos ayuda. La biodiversidad es la vida. Las abejas son la vida”.
