Por Vinicio Chacón, Seminario Universidad, 14 de junio de 2023.
a Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) denunció que mediante un decreto publicado este 13 de junio, la administración Chaves le excluyó de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CNTBio) y en su lugar dio espacio a la polémica Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
La CNTBio fue creada mediante la Ley de Protección Fitosanitaria, como un “órgano asesor del Servicio Fitosanitario del Estado, en Biotecnología”, es decir, esta instancia emite dictámenes vinculantes en los que el SFE bsa el otorgamiento de permisos para la siembra o investigación de “organismos vivos modificados de uso agrícola”, lo cual incluye experimentación con transgénicos.
La RCB es un espacio de la sociedad civil, en el que se articulan organizaciones ecologistas, indígenas y campesinas, por lo que su exclusión por parte de la administración Chaves de ese importante ente implica cerrar un espacio de participación social en la toma de decisiones que pueden afectar la salud de cultivos autóctonos, por ejemplo. Evidentemente, la CNAA representa a poderosos sectores industriales de la producción agrícola.
“Esta grave decisión realizada sin consulta previa, reduce la participación ciudadana, e incrementa la influencia de intereses privados sobre un espacio de decisión fundamental que regula la biotecnología agrícola”, se lee en un comunicado de la RCB.
Esa fuente recordó que ala CNAA agrupa a “las grandes transnacionales de los agrotóxicos y los transgénicos”, lo cual quiere decir que la administración Chaves “incorpora a la CTNBio una representación que tiene conflicto de intereses dentro de la comisión, pues la mayoría de permisos en revisión por la misma son solicitados por los miembros” de esa Cámara.
La RCB recordó que la participación de sus representantes y de la Federación Ecologista (Fecon) en la CTNBio, sirvió por ejemplo en 2012 para alertar a la población sobre la solicitud hecha por la empresa Delta & Pine Land Semillas Ltda., subsidiaria de Monsanto, para sembrar maíz transgénico en Chomes de Puntarenas.
Además, denunció que este decreto entra en contradicción una resolución de la Sala Constitucional de 2014, que dispuso que la participación social en materia de liberación de transgénicos al ambiente es obligatoria.
Por otra parte, tanto la la Ley de Biodiversidad como la Ley Orgánica del Ambiente fomentan la participación ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones cuyo propósito sea la protección del ambiente.
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