Por Rosa Santana, Proceso, 07 de diciembre de 2021.

Ambientalistas pidieron impulsar una campaña de difusión culturalmente adecuada y adaptada a la población para informar que el Decreto sobre la prohibición del glifosato es competencia y responsabilidad del gobierno federal, ya que la medida generó descontento contra los activistas.

En un comunicado conjunto, Greenpeace, Indignación, Alianza Maya por las Abejas Kaabnalo´on, Rémy Vandame –investigador del Colegio de la Frontera Sur– y el Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén hicieron ese llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y a dependencias involucradas.

Reiteraron que la campaña gubernamental que se requiere debe involucrar a las instituciones de gobierno competentes en su desarrollo, difusión e implementación.

Asimismo, detallaron que las autoridades locales que intervienen en las reuniones de trabajo con los sectores productivos del país tienen un rol “fundamental en la construcción de la confianza en que esta prohibición trae beneficios para el campo, los agricultores y la población en general”.

En ese sentido, resaltaron que la prohibición de glifosato es “un avance en la restricción de sustancias altamente tóxicas y dañinas para la salud de las personas”.

Y advirtieron que “de no transmitirse claramente el contexto, origen y objetivos del Decreto en los espacios para ello, lejos de generar tranquilidad y certeza entre las comunidades se puede generar un tema de confrontación y hostilidad”.

Viridiana Lázaro, especialista de Greenpeace en Agricultura y Cambio Climático, aclaró que si bien en Campeche hay colectivos y comunidades que han trabajado desde hace décadas por la agroecología, por la preservación de los usos, costumbres y conocimientos ancestrales en el trabajo de la tierra y contra los transgénicos, no son responsables del decreto de prohibición del agrotóxico.

“No significa que sean los responsables de la prohibición del glifosato para 2024, medida tomada por el gobierno federal en respuesta a las evidencias científicas de los daños que ocasiona a los ecosistemas y a las personas el uso de dicho herbicida, y a un reclamo generalizado de amplios sectores como el académico, de ambientalistas de derechos humanos, etc”.

La aclaración se hizo necesaria dadas las hostilidades contra los activistas por parte de los productores inconformes con la medida gubernamental.

“Para el colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén es importante recalcar que no ha habido una participación vinculada y directa de ellos en el decreto, como se ha entendido equivocadamente, ya que al carecer de información precisa sobre el decreto y sus beneficios, las comunidades no están del todo conformes con la medida gubernamental, y al vincularlos con la misma existe un descontento injustificado hacia el colectivo”, explicaron.

“Lo único que se ha hecho en el seno del colectivo es visibilizar las afectaciones por el uso de los plaguicidas, en este caso el glifosato, sin embargo, el colectivo ha hecho visible la problemática por daños ambientales y de salud por el incremento de estos químicos altamente tóxicos a causa del crecimiento exponencial de la agroindustria”, abundaron.

Por ello insistieron en la necesidad de que el gobierno federal se responsabilice de la medida y dé a conocer “por todos los medios posibles y a todas las comunidades en las que se venía usando glifosato como parte de los paquetes de la agricultura industrial, el origen, contexto, objetivo, beneficios, así como los tiempos de implementación del decreto presidencial del uso del glifosato, a fin evitar la tergiversación o manipulación de la información que pueda resultar en confrontaciones y represalias entre productores”.

ACO
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