Por Veneranda Mendoza, Proceso.
El volcán Xinantécatl, mejor conocido como Nevado de Toluca, se va quedando sin árboles, con lo que alude al significado de su nombre en náhuatl “desnudo”. Con el argumento de salvaguardarlo, en 2013 el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, dispuso por decreto la conversión de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), con el fin de proteger casi dos mil hectáreas, que representan menos del cuatro por ciento de sus tierras, ubicadas después de los tres mil metros de altura sobre el nivel del mar. Sin embargo, en esa zona casi no hay árboles. “En ese perímetro solo hay pastizal de montaña”, critica Luz María Gómez Ordoñez, presidenta del Movimiento Ecologista del Estado de México. En el resto del volcán, a partir de dicho decreto, se duplicó la deforestación.
Entre 2001 y 2013 el Xinantécatl ya había perdido al menos 115 hectáreas de cobertura forestal; no obstante, el proceso se aceleró entre 2014 y 2019, con 104 hectáreas deforestadas, es decir casi el doble, según cálculos del Atlas de Justicia Ambiental, una herramienta desarrollada en la Universidad de Barcelona (UB) para conocer y visibilizar amenazas y daños socio-ambientales contra las comunidades y los territorios del planeta.
Sin embargo, la devastación podría ser mayor, pues tan solo por incendios forestales este año se consumieron 3 mil 131 hectáreas, según cifras de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), una dependencia de carácter local que colabora en el APFF, la cual asegura que al menos 10 por ciento, es decir 313 hectáreas, tenía árboles.
Ninguna dependencia gubernamental ha dado cuenta de la pérdida de masa forestal por la conversión a APFF del Nevado de Toluca. En un recorrido de Proceso por la zona, desde Toluca, pasando por Zinacantepec y hasta el Parque Los Venados, se observó tala de árboles adultos, derribo y descuido de arbolado joven, áreas dañadas por incendios, uso de tierras para minería o agricultura, baja densidad en áreas arboladas e, incluso, áreas completamente desmontadas.
“Este caso es un buen ejemplo para mostrar los intereses económicos y políticos detrás del implemento de ciertas políticas de conservación y de los engaños existentes en los discursos oficiales para promoverlos”, explica el Atlas. “Los Derechos Humanos no importan cuando existen poderosos intereses empresariales. Absolutamente todos los derechos de las comunidades aledañas han sido violentados y en algunos casos se les señala como responsables del deterioro del medio ambiente”, advierte la investigación, actualizada en abril pasado.
Arturo Chavarría Sánchez, regidor de Toluca, asegura que esto ocurre porque no se respetan los parámetros del programa de manejo forestal: “existe tala disfrazada de aprovechamientos o control de plagas, cambios de uso de suelo, compra silenciosa de la tierra y asentamientos humanos. Donde antes había árboles, ahora se cultiva papa, maíz, frijol; se han extendido o fundado minas en Calimaya, Toluca y Temascaltepec para extraer arena, grava o tepojal, y en las inmediaciones son comunes los aserraderos, muchos clandestinos, derivados de las condiciones de pobreza en que los campesinos viven, la poca rentabilidad forestal, y la complicidad de autoridades ejidales, comunales y federales”, explica.
Por su parte, la activista Gómez Ordoñez añade que el personal de gobierno es insuficiente para el monitoreo y afirma que falta coordinación entre autoridades. En la práctica, “no existe un programa de recuperación que permita el aprovechamiento racional de los recursos forestales”, plantea.
“Este caso es un buen ejemplo para mostrar los intereses económicos y políticos detrás del implemento de ciertas políticas de conservación y de los engaños existentes en los discursos oficiales para promoverlos”, explica el Atlas. “Los Derechos Humanos no importan cuando existen poderosos intereses empresariales. Absolutamente todos los derechos de las comunidades aledañas han sido violentados y en algunos casos se les señala como responsables del deterioro del medio ambiente”, advierte la investigación, actualizada en abril pasado.
Arturo Chavarría Sánchez, regidor de Toluca, asegura que esto ocurre porque no se respetan los parámetros del programa de manejo forestal: “existe tala disfrazada de aprovechamientos o control de plagas, cambios de uso de suelo, compra silenciosa de la tierra y asentamientos humanos. Donde antes había árboles, ahora se cultiva papa, maíz, frijol; se han extendido o fundado minas en Calimaya, Toluca y Temascaltepec para extraer arena, grava o tepojal, y en las inmediaciones son comunes los aserraderos, muchos clandestinos, derivados de las condiciones de pobreza en que los campesinos viven, la poca rentabilidad forestal, y la complicidad de autoridades ejidales, comunales y federales”, explica.
Por su parte, la activista Gómez Ordoñez añade que el personal de gobierno es insuficiente para el monitoreo y afirma que falta coordinación entre autoridades. En la práctica, “no existe un programa de recuperación que permita el aprovechamiento racional de los recursos forestales”, plantea.
Laberinto forestal
Ejidatarios de la comunidad de Santa María del Monte, municipio de Zinacantepec, denuncian que desde hace diez años han solicitado, sin éxito, la supervisión de 3 mil 308 hectáreas en el APFF para constatar el apego al permiso de aprovechamiento expedido por las autoridades, pues consideran que ha excedido los límites de tala autorizados.
“Por lo menos tres veces a la semana bajan por la comunidad camiones cargados de madera que a simple vista se ve verde y sana… algunos escoltados por vehículos particulares todo terreno”, informaron a Horacio Bonfil, director forestal y de suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de un oficio en 2020.
El 26 de febrero del mismo año, los campesinos fueron recibidos por la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde entregaron una solicitud para la inspección de su bosque. “Toda vez que tenemos conocimiento que los excomisariados siguen realizando cortes de árboles en nuestra área boscosa, por lo tanto, en caso de existir algún delito se solicita realizar el procedimiento correspondiente y/o la denuncia ante las autoridades judiciales federales”, asienta el oficio.
Los ejidatarios se encuentran preocupados porque la merma forestal contribuyó al desecamiento de la Laguna de Ojuelos; ahora, el agua potable les llega por tandeo, no como hace diez años, cuando todos los días tenían el servicio. Además, los ciclos agrícolas han desaparecido, las sequías son más prolongadas y el maíz cada vez más pequeño. Sin embargo, las autoridades no han atendido sus solicitudes. “No sabemos si tienen miedo o están en contubernio. Nos dicen que sí y nunca vienen. Yo creo que también reciben su ‘endulzada de boca’”, señala Rafael Retama, uno de los campesinos, en alusión a la corrupción que, denuncian, existe en esta región.
Proceso solicitó entrevistas con funcionarios de la Profepa y Semarnat, a través de Claudia Palacios, coordinadora de Comunicación Social de la Profepa; en ambos casos se entregó un cuestionario que, hasta el cierre de esta edición, no ha tenido respuesta.
Al contrario, Gabriel Mena, director general de Probosque, justifica el decreto de Peña Nieto y afirma que la categoría de Parque Nacional impedía sanear árboles con plaga; confia en que el cambio de estatus permite regenerarlos a través de los 35 permisos de aprovechamiento expedidos, “en estricto apego a la ley”, por la Semarnat. También admite resquicios para el mal manejo de estas herramientas: “lo que puede estar mal es el uso que le da la gente, muchas veces se pueden pasar en la cantidad de árboles talados que se permite”.
La pérdida de masa forestal en el Xinantécatl también afecta la retención del agua que alimenta la región hidrológica “Balsas”, donde se construyó el Sistema Cutzamala para dotar con hasta 40 por ciento del líquido potable a la zona metropolitana del Valle de México –la más grande del país, con casi 22 millones de habitantes al 2020– y Toluca. El informe semanal del Comité Nacional de Grandes Presas del 7 de junio reportó un almacenamiento promedio de 37.7 por ciento en sus embalses El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, el más bajo de las últimas décadas. La media histórica era 60.5 por ciento.
Santiago Pérez, representante del Frente Mazahua en Defensa del Agua del Cutzamala, destaca que el arribo de Morena al gobierno federal a fines de 2018 levantó expectativas por su facultad de revertir el decreto del priista Peña Nieto. Aunque la decisión no se ha tomado, expresa, “el Señor Desnudo” lo está cada vez más. “Y donde no hay árboles, no hay nubes, ni agua”.
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