Por Alícia Fàbregas, Desinformémonos, 26 de octubre de 2023.
Es casi mediodía. El sol pega fuerte y el cielo está de un color azul limpio, sin apenas nubes. Por el camino de tierra, bordeado de arbustos secos, se acercan dos rancheros montando caballos blancos. A lo lejos, el efecto del calor los emborrona y hace que parezcan un espejismo. Son Javier León y su hijo, que han pasado la mañana trabajando en su pedazo de tierra. Allí cuidan a los becerros. Primero los engordan y luego los venden. “Pero ya se va a acabar todo eso, ya casi es seguro”, dice Javier con tristeza y un poco de rabia. Desde hace años, grandes compañías están comprando tierras en esta zona, cerca de Caurio de Guadalupe, en el estado de Michoacán, México. Vinieron a este pueblo de casi 2.000 habitantes, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, atraídos principalmente por el aguacate y por los frutos rojos y las fresas, que han demostrado ser un buen negocio, especialmente para el comercio exterior.
México es el principal exportador de aguacate del mundo, y Michoacán es el principal estado productor. Según el Gobierno mexicano, en 2022 se movieron más de un millón de toneladas de este producto hacia Estados Unidos por un valor de casi 3.000 millones de euros. Por eso, desde hace años esta fruta carnosa, tan popular en las dietas “saludables” del norte global, ha estado destrozando la tierra, regándola de muerte, arrebatándola de las manos de sus propietarios históricos y empobreciéndolos, convirtiéndolos en esclavos de las grandes multinacionales o del crimen organizado.
“Hubo muchos grupos que deforestaron. No quiero decir que todos fueran criminales, pero hay un traslape de personas que podían actuar impunemente, que llevaban armas y quemaban y tumbaban árboles y luego plantaban aguacates”, dice Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente de Michoacán. En 2022, el Gobierno mexicano documentó más de 100 delitos contra el medio ambiente.
“Incluso para abastecer al pueblo de agua es una lucha”, se queja el vecino que prefiere mantenerse en el anonimato
El problema es que el cambio de uso de la tierra para plantar aguacates no se ha perseguido de manera efectiva. Esto es lo que explica el doctor Benjamin Revuelta, investigador de la Universidad Michoacana: “Desde 1996 se tipificaron los delitos ambientales, pero ha sido una rama que no ha prosperado. La vía penal no funciona, es una vía sin efectividad”.
Una de las razones por las que no es efectiva es la corrupción y el miedo. “Yo hice muchas denuncias, pero estamos en México y, desgraciadamente, aquí puede más el dinero que todo”, explica uno de los vecinos de Caurio de Guadalupe, que prefiere mantenerse en el anonimato. Recibió amenazas de muerte por luchar contra los que talaban de manera ilegal. “Vino el ejército, la policía y todo”, continúa, “pero nada más los agarraban y los soltaban. Tuve que ir armado porque temía por mi vida”.
Sin agua
Las estadísticas del Gobierno mexicano dicen que en Michoacán, entre 2001 y 2018, se deforestaron más de 260.000 hectáreas. El 21% se convirtieron en tierras de cultivo.
Del total de campos de aguacate actuales, el secretario de Medio Ambiente de Michoacán estima que alrededor del 30% son ilegales. También tiene claro que hay áreas en el estado que “están tan saturadas que ya no son viables”. “Este es un fenómeno que vamos a ver cada vez más, sobre todo en un escenario de cambio climático”, cuenta. El aguacate está acelerando el proceso de desertificación y haciendo que la situación sea más dramática. “Las lluvias se han vuelto irregulares, este año se predice que será un año muy seco, muy caluroso, y comenzaremos a tener conflictos por el agua”, vaticina Méndez.
Según fuentes oficiales, en agosto de 2023, el 60% de Michoacán se encontraba en una situación de sequía extrema. Caurio de Guadalupe es un claro ejemplo. “Incluso para abastecer al pueblo de agua es una lucha”, se queja el vecino que prefiere mantenerse en el anonimato.
Los caminos y campos que rodean Caurio son áridos, y este paisaje choca con el contraste de las cientos de filas de árboles de aguacate, verdes. Sobre todo sorprende lo que se ve al fondo, que parece una piscina enorme, de un azul claro y nítido, rodeada de los marrones de la tierra. Pero no es una piscina para que los vecinos de Caurio puedan zambullirse y refrescarse. Está destinada a regar los campos llenos de esas filas de aguacates. “El acuífero día a día baja”, explica el vecino. Él tiene claro que esto se debe a las grandes empresas que hacen esas balsas de regadío tan enormes. Estas acciones modifican las características geológicas de la zona y afectan seriamente a la subsistencia tradicional de la población.
“Me quisieron comprar con dinero”, señala. “Me regalaban una camioneta, una moto, pero yo nunca lo acepté”
Este vecino recuerda que Caurio era un pueblo ganadero, donde criaban principalmente chivas y vacas. “Pero todo se está acabando porque vinieron los aguacateros y los freseros y ya no podemos tener animales”. También cultivaban cereales: “Se sembraba maíz, avena, alfalfa”, explica, “pero ahora alfalfa ya no podemos sembrar porque el terreno ya no tiene la misma humedad. Hasta se llega a cuartear”.
Cerca del enorme cuadro de agua que abastece los campos secos, hay troncos quemados. Son el vestigio de lo que había antes allí y que ahora ya no está. Lo que se destruyó para expandir el terreno de cultivo de aguacates. A un lado de estos restos, grandes máquinas trabajan sin descanso para que la tierra esté lista lo antes posible.
El saqueo
De camino a este paisaje desolador nos cruzamos con uno de los camiones que recoge los frutos extraídos de estos campos. El camión tiene el logotipo de la empresa El Cerezo pegado en la puerta del copiloto. Esta compañía se define como una “empresa familiar orgullosamente mexicana”, aunque en su sitio web varios de los logotipos de sus productos están directamente en inglés. Quizás la explicación tiene que ver con el hecho de que a partir de 2003 comenzaron a cultivar y vender, además de sus productos históricos, también fresas y diferentes frutos rojos. Y aguacates. Es entonces cuando “inicia la relación comercial con Driscoll’s”, dicen en su web.
En el estado de Michoacán, varios campesinos han denunciado el saqueo del agua por parte de la transnacional Driscoll’s, originaria de California, Estados Unidos, y el uso de mano de obra infantil. Ante estas acusaciones que aparecieron en varios medios locales, la transnacional emitió un comunicado negando los hechos y diciendo que “reconocen el agua como un recurso vital y compartido del cual dependen comunidades, ecosistemas y otros sectores de la economía”, y continuaba detallando las medidas que había puesto en marcha la compañía en este sentido. A pesar de todo, campesinos de diferentes partes de Michoacán siguen denunciando el saqueo.
“A mí se me ha ofrecido trabajo muchas veces, pero yo tengo mis animales, mis propias tierras y trato de trabajar para mí mismo. Tengo vacas, caballos, puercos, mi cultivo al lado, de maíz y forraje y avena”, dice el vecino de Caurio en referencia a El Cerezo. “Me quisieron comprar con dinero”, continúa. “Me regalaban una camioneta, una moto, pero yo nunca lo acepté. Lo que les pido a veces son favores para la comunidad. Les pido dinero para unas bodas y para alguna otra cosa, y a veces me apoyan”.
Este material se comparte con autorización de El Salto
