Por Redacción Desinformémonos, Desinformémonos, 17 de febrero de 2024.
Kanan Ts’ono’ot recordó que el 8 de octubre de 2017 realizó la consulta “que el gobierno omitió” sobre si el pueblo maya de Homún quería la megagranja porcícola en su territorio, después de un proceso de información y deliberación a los habitantes. Los resultados arrojaron que de las 789 personas que votaron, 732 rechazaron la megagranja.
“Mayoritariamente el pueblo maya de Homún decidió que no queremos la granja. Traemos hoy nuevamente los resultados a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que parece no estar enterada”, señaló el colectivo, que desde el inicio denunció la ilegalidad de la MIA, que omitió estudios sobre el impacto en el territorio y los cenotes y fue aprobada sin el consentimiento de los pueblos.
Los defensores de los cenotes criticaron que después de siete años el mismo juez federal que inicialmente rechazó el amparo y sólo lo admitió por resolución de un tribunal federal “otorgó parcialmente el amparo ‘para efectos’”, sin que contemple la reparación del daño y de manera “tibia y tardía”.
“Todas las granjas son ilegales. La resolución del juez, tibia y tardía, pone en evidencia esta ilegalidad al reiterar que se requiere la consulta previa antes de autorizar cualquier Manifestación de Impacto Ambiental. Sin embargo, todas las granjas operan sin autorización de los pueblos mayas a los que afectan, por lo tanto todas son ilegales”, aseguró el colectivo en un comunicado.
Recordaron que existe otro amparo interpuesto por la infancia de Homún para exigir su derecho a un medio ambiente sano, sin que hasta la fecha esté resuelto.
Frente a la sentencia, los defensores exigieron a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y al gobierno de Yucatán que respeten el rechazo del pueblo a la megagranja porcícola en Homún, así como demandaron al gobierno federal y estatal no autorizar ninguna granja sin consultar a las comunidades, garantizar la reparación de los daños y “dejar de litigar a favor de las empresas”, lo que implica abstenerse de impugnar el amparo “para ‘defender’ la manifestación de impacto ambiental que otorgó ilegalmente a PAPO”.
