Por Víctor Manuel Chima Ortíz*, Animal Político, 07 de julio de 2021.

“Sin maíz no hay país… pon a México en tu boca”. Con esta premisa inició un movimiento social conformado por más de 300 organizaciones campesinas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, de productoras y productores de pequeña y mediana escala, de personas consumidoras, académicas, colectivas de mujeres, etc: un mosaico de diversidades que en 2007 convergieron para alzar la voz por la defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano.

Esta movilización se presentó en un contexto de completa hostilidad para la producción de alimentos en manos de comunidades campesinas y ante la entrada en vigor de un capítulo del TLCAN (ahora llamado TMEC) programada para el 2008 que abriría las fronteras del país a la libre importación de maíz, frijol, caña de azúcar y leche en polvo. Además, la ausencia de políticas públicas y programas de apoyo junto a la concentración de la producción de alimentos en un reducido número de empresas agroindustriales en complicidad con los gobiernos del país.

Atender la situación de urgencia que se presentaba en el campo mexicano era apremiante, pero además era necesario responder a la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que estamos comiendo? Así, de manera paralela a las exigencias para poner fin al abandono en el que el Estado mantuvo al campo mexicano, la difusión de información sobre qué es lo que comemos, la forma en que se producen nuestros alimentos y quiénes están detrás de esta producción, representó un reto importante.

Se hicieron presentes la creatividad, las manifestaciones artísticas, la protesta social, la interlocución con las instituciones para llevar a las discusiones públicas las necesidades de las comunidades campesinas y así generar un entretejido de diversas redes y personas que  impulsaron las acciones emprendidas que continúan hasta hoy.

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País surgió el 25 de junio del 2007 y desde hace catorce años ha construido redes de trabajo plurales y propositivas a nivel regional y nacional, en las ciudades y en las comunidades, redes para continuar con las exigencias ante el Estado, para revalorar el trabajo en el campo realizado durante generaciones, para producir alimentos, defender la soberanía y autosuficiencia alimentaria, y defender la búsqueda constante de transitar del modelo agroindustrial en el que estamos inmersxs actualmente hacia un modelo de producción de alimentos alternativo y agroecológico en donde los saberes campesinos y prácticas tradicionales de siembra y cultivo son pilares.

Han sido catorce años de lucha constante. En el transcurso se han presentado nuevas amenazas y se han complejizado las problemáticas, pero también se han sumado más actores que han aportado desde diversos y novedosos frentes.

Esta lucha es por frenar el avance y acaparamiento de la agroindustria, representada por empresas transnacionales como la ahora Bayer-Monsanto, Syngenta o DuPont, y hacer visibles los intereses de esta agroindustria representados en las instituciones de los gobiernos en turno. Es por detener la producción de alimentos con semillas de maíz transgénico en nuestro país y el uso de agroquímicos tóxicos como parte de un paquete tecnológico impuesto. Es por defender el medio ambiente, los bienes comunes, por proteger las variedades de maíces nativos y otras semillas que hay en nuestro país, diversificadas por comunidades campesinas.

Y en esta lucha, también es importante resaltar que se han alcanzado logros importantes en el avance de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País. La instauración del Día Nacional del Maíz en 2009, por ejemplo, como una iniciativa ciudadana que se celebra cada 29 de septiembre y en concordancia con una de las fiestas más importantes para comunidades campesinas, la fiesta de San Miguel Arcángel que lucha contra el mal y protege a la milpa. Se convoca a nivel nacional para celebrar al maíz, su diversidad, su valor cultural y nutricional, las diversas cocinas tradicionales presentes en distintas geografías del país, las prácticas tradicionales como la milpa, los saberes tradicionales de los que las más de 60 especies son resultado.

Es importante también el respaldo que se ha dado a la Demanda Colectiva contra la siembra de maíces transgénicos desde su presentación en julio del 2013 y que cuenta con una medida cautelar que actualmente mantiene la prohibición de siembra de semillas de maíz transgénico en el país. También lo es el impulso a la iniciativa de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz nativo, aprobada en abril de 2020. Esta Ley reconoce a los maíces nativos como un derecho humano y promueve el desarrollo de políticas públicas que blinden a los maíces nativos en el país. Aún no cuenta con los reglamentos establecidos para su implementación, pero será urgente que las instancias gubernamentales aceleren el proceso para que entre en vigor lo más pronto posible.

Está presente la convocatoria para frenar iniciativas de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales, en 2019 y 2020, que buscan despojar a las comunidades indígenas y campesinas de las semillas nativas y los saberes que conllevan, privatizarlas y al fin criminalizar a quienes las han resguardado durante cientos de años.

La campaña se sumó a la celebración por la publicación del Decreto presidencial de sustitución gradual del uso de glifosato y de maíces nativos, continuando con el seguimiento a su implementación adecuada y la denuncia de los intentos de evasión por parte de la agroindustria. Hasta ahora se han presentado alrededor de 20 solicitudes de suspensión definitiva, que de ser otorgadas, pondrían en riesgo la legitimidad de dicho Decreto.

Y la lucha continúa, una lucha de largo aliento hasta que aseguremos la soberanía y autosuficiencia alimentaria, hasta que tengamos una producción de alimentos con la participación y respeto hacia las comunidades campesinas, hasta que se dignifique el trabajo en el campo, hasta que los derechos humanos a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente sano y los derechos colectivos de las mismas comunidades sean garantizados.

*Víctor Manuel Chima Ortíz es colaborador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.

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