Por Carolina Gómez Mena, La Jornada, 06 de agosto del 2020.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País expuso que dicho anteproyecto no cumplía con los acuerdos que previamente se habían establecido entre las secretarías involucradas y la Presidencia de la República.
“En la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País estamos convencidas y convencidos de que el glifosato y otros herbicidas y plaguicidas muchas veces asociados con el uso de semillas transgénicas, implican un cuantioso costo a los gobiernos y a la sociedad, por las consecuencias desastrosas para el medio ambiente y la salud humana, que violenta los derechos humanos de la población”.
El MST expuso que desde hace años diversos estudios han evidenciado que “el glifosato es un agroquímico que produce graves daños a la salud y al medio ambiente”, por lo que en diversos países han prohibido o limitado su uso.
Añadió que se ha desatado una “fuerte resistencia de las grandes corporaciones agroalimentarias y las empresas productoras de agroquímicos como DUPONT, Bayer-Monsanto, entre otras, las que impulsan un modelo de agricultura industrial depredador que es causante graves efectos daños al país que ocasionan sus paquetes tecnológicos como el uso de herbicidas, fungicidas y ciertos fertilizantes, además de sus semillas y variedades transgénicas”.
Destacó que desde el inicio de esta administración, desde la Secretaria de Medio Ambiente (Semarnat) “se han dado pasos significativos para reconocer esta realidad y buscar mediante herramientas legales e institucionales prohibir su uso, y la transición a un nuevo modelo agroecológico”, sin embargo, “desde la oficina de la presidencia así como de la Sader existe un fuerte cabildeo proempresarial encabezado por sus titulares Alfonso Romo y Víctor Villalobos, que son conocidos por sus vínculos con Monsanto”.
El MST destacó que desde allí se “boicotea y se desvirtúan los intentos de prohibición del glifosato como lo muestra el proyecto en cuestión”.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País expuso que desde hace 13 años ha luchado por “revalorar el campo mexicano y por defender el maíz nativo, así como la biodiversidad que acompaña la milpa, dignificando a los pueblos originarios y a las y los campesinos que producen en pequeña y mediana escala la mayor parte de los alimentos que se consumen en México. También ha sido prioritaria la defensa y promoción de una producción sustentable de los alimentos, que no dañe al medio ambiente y que no afecte la salud de las y los consumidores”.
Por ello “hace unas semanas recibimos con beneplácito la posición de la Semarnat y del gobierno actual en el sentido de mantener el rechazo a las importaciones de glifosato, y buscar su prohibición gradual hasta lograr terminar con su uso en el 2024 en nuestro país, en coordinación con las demás Secretarías involucradas y en consulta con todos los sectores sociales involucrados”.
Coincidieron que esa decisión “afecta los intereses de la industria química trasnacional y nacional de los plaguicidas aliada al organismo empresarial del gran agronegocio”.
Por esa situación, ha habido “una campaña para boicotear la negativa a la importación de glifosato e impedir su prohibición total para el 2024, que va en contra de los intereses legítimos de la población, y de los derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a un medio ambiente sano”.
