Por La Crónica, 15 de noviembre de 2016
Organizaciones civiles e investigadores entregaron una carta a Rafael Pacchiano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la cual le piden que la iniciativa de Ley General de Biodiversidad “no se apruebe en fast track”, sin que se realice una consulta pública.
El pasado 24 de octubre, la senadora del Partido Verde Ecologista, Ninfa Salinas Sada, presentó esta iniciativa de ley, con la cual se pretende reformar capítulos enteros de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) así como abrogar la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), señala el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (CeIBA), en su página web, y agrega que esta iniciativa tiene la intención de presumirla en la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB-ONU), “a fin de lavar la desprestigiada imagen internacional de este partido”.
Sin embargo, para el desarrollo de esta iniciativa de ley, explica el CeIBA, no hubo consultas públicas, especialmente de expertos de la Conabio, de la Conanp, de la Conafor, de las academias y OSC directamente relacionadas con el conocimiento y manejo de la biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas.
En ese sentido, el CeIBA anuncia que los cien firmantes, entre éstos Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente, entregaron el viernes 11 de noviembre la siguiente carta al titular de la Semarnat:
Las organizaciones de la sociedad civil y personas abajo firmantes queremos expresar nuestra preocupación sobre la intención de que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad (LGB), se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y se abroga la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), presentada el pasado 25 de octubre de 2016 por la Senadora Ninfa Salinas Sada, sea aprobada sin las consultas necesarias y se convierta, tal y como lo señala la exposición de motivos de la propia iniciativa, en ley vigente para la décimo tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 13).
Del encabezado de la propia iniciativa se desprende su relevancia y magnitud para el derecho ambiental mexicano, con lo cual coincidimos, toda vez que pretende integrar en un solo ordenamiento lo previsto en:
- a) El Título Segundo de la LGEEPA, relativo a la “Biodiversidad”, y que incluye a: (i) las áreas naturales protegidas (en adelante ANP); (ii) las zonas de restauración, y (iii) flora y fauna silvestre, y b) La LGVS.
Consideramos indispensable abrir un proceso amplio, plural e incluyente de análisis sobre la iniciativa, como se ha hecho con toda la legislación ambiental nacional. Cabe recordar que la Ley General de Cambio Climático se anunció como un proyecto en proceso de discusión en la COP 16 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y fue aprobada hasta el año 2012 (más de 2 años de un proceso participativo amplio). Lo mismo ocurrió en su momento con la LGVS y la reforma de la LGEEPA de 1996. No podemos esperar menos de esta importante iniciativa.
En el proceso de análisis de la iniciativa deben participar, con el tiempo suficiente, tanto las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, como la academia, los empresarios y la sociedad civil de nuestro país. Los plazos sugeridos en la iniciativa simplemente no lo permiten.
Por ello, las organizaciones de la sociedad civil y personas que suscribimos la presente, solicitamos su intervención para que esta iniciativa de ley se someta a los tiempos necesarios para realizar un análisis con seriedad, que se identifiquen los vacíos, deficiencias y oportunidades de mejora y arribar a los consensos obligados que la legislación mexicana requiere y que así se ha venido construyendo en nuestro país. En eso consiste su fortaleza.
En nuestra opinión, anunciar el inicio del proceso de actualización de nuestra legislación ambiental, en el marco de la COP 13, enviaría a la comunidad internacional un mensaje de estabilidad, compromiso, participación ciudadana y transparencia del Estado mexicano con respecto a la formulación y constante mejora de nuestro marco legal en materia ambiental.
Permitirá además tomar en cuenta insumos importantes, resultado de diferentes análisis de los principales instrumentos de política ambiental, aplicados por México durante los últimos 20 años, de 1995 a 2016, que más de 10 organizaciones de la sociedad civil, acompañadas por más de 12 expertos en la materia, han trabajado durante el presente año.
