Por Mercedes López Martínez, Asociación de Consumidores Orgánicos, 13 de julio de 2023.

¿Cuál es el objetivo del juicio?

La acción colectiva tiene por objetivo que los tribunales federales declaren o reconozcan los cuatro puntos siguientes:

-Que se han liberado organismos genéticamente modificados (OGM) de maíz, maíz GM o maíz transgénico, sin autorización legal.

-Que el hecho de que exista maíz GM en el campo sin permiso, violenta los derechos humanos a: la diversidad biológica de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras; la alimentación; a la salud; a un medio ambiente sano y derechos culturales, entre los que se encuentran la libre determinación.

-Que la liberación comercial de maíz GM sobrepasará los límites establecidos en la legislación aplicable, lo cual generará violaciones a derechos humanos.

-Que se denieguen todos los permisos de siembra de maíz GM en México.

Ratificación medida cautelar SCJN

Un avance estratégico fue el otorgamiento de una medida cautelar en septiembre de 2013 que impide la siembra comercial de maíz genéticamente modificado, fortaleciendo el fondo de la demanda, que no pretende una ganancia económica, sino que se nieguen de forma definitiva los permisos para la liberación o siembra de maíz transgénico en el país y que los juzgados prohiban definitivamente la siembra de maíces geneticamente modificados en el centro de origen y diversificación permanente.

Desde 2013 a la fecha se ha impedido la siembra legal de maíz transgénico en territorio mexicano. Los permisos pre comerciales y comerciales se mantienen suspendidos por mandato judicial. Además, desde 2016, si la agroindustria intenta sembrar con fines científicos, tendría que someterse a informes judiciales y cuestionamientos por parte de la colectividad y sus científicos. Durante 7 años NO se han atrevido a solicitarlo. Por mandato de la SCJN, esta medida prevalecerá hasta que se resuelva el juicio, en definitiva.

Pese a más de 130 impugnaciones de las empresas de transgénicos, la medida cautelar fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2021, reconociendo la importancia de mantener y preservar la biodiversidad cultural a través de las 64 razas y miles de variedades de maíces que, aparte de ser la base de más de 600 platillos y bebidas, forma parte de la integralidad de tradiciones, cultura, ritos y celebraciones en México.

Además, la Suprema Corte determinó que los jueces que intervengan en un juicio de acción colectiva pueden dictar cualquier medida que consideren pertinente para proteger los derechos e intereses de una Colectividad, siempre que se cumpla con los requisitos de ley.

Este hecho constituye una de las mayores victorias en defensa de la soberanía agroalimentaria no sólo para México, sino para el mundo. Imagen un día, sólo un día sin maíz, sin atole, tamales, tortillas, gorditas, sopes, tlacoyos, tacos, tlayudas, palomitas de maíz, huaraches, chileatole, elotes, sería una verdadera tragedia.  Esta decisión también es trascendental para el sector apícola y para las abejas mismas, como parte de la biodiversidad, que han sido severamente afectadas por el ingreso de los transgénicos como la soya y el maíz, al igual que el uso de agrotóxicos como el glifosato.

Por ello, en estos 10 años debemos congratularnos por la gran victoria internacional que representa haber detenido a poderosas empresas transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (conocida como DuPont-Corteva), junto con Sagarpa y Semarnat, autoridades que eran cómplices hace una década, sin importarles la contaminación de los maíces nativos, ni la letalidad de su herbicida glifosato, cuyos daños han sido documentados por decenas de investigaciones científicas sin conflicto de interés; daños evidenciados por más de 100 mil demandas contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por los daños que causa el glifosato, sobre todo por generar cáncer.

“La Corte lo ratifica: prohibida la siembra comercial de maíz transgénico en México”, 13 de octubre de 2021

…[L]a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó con unanimidad el amparo en revisión que promovieron en 2016 las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI México y otras, para levantar la Medida Precautoria que prohibía definitivamente la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México.

En el proyecto de resolución, elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, se establece que en ningún momento la sentencia de 2016 contradecía los principios de seguridad jurídica y discrecionalidad, argumentos que invocaron las empresas para levantar la Medida Precautoria…

Este fallo de la Corte representa que en México sigue siendo prohibido el cultivo comercial de maíz transgénico, mientras que el cultivo experimental está permitido bajo ciertas condiciones, como la previa notificación a un juez…

Esta sentencia, que implica un avance en comparación con las décadas y legislaciones anteriores, fue ratificada hoy por la SCJN.

Desde la demanda colectiva contra el maíz transgénico decimos que no es posible la “coexistencia” de maíz transgénico con maíz campesino, de acuerdo a investigaciones en otras naciones que demuestran que donde se siembran transgénicos hay contaminación por el polen llevado por el viento o por la acción de insectos polinizadores. Legalizar la siembra promovería esa contaminación que amenaza directamente la biodiversidad y el patrimonio genético agrícola más importante de México, legado por los millones de campesinos e indígenas que lo crearon y lo siguen manteniendo.

Es importante señalar que al ser el cereal más importante en el mundo por su volumen de produccion, versatilidad en usos y adaptabilidad a condiciones climáticas muy diversas, el maíz se ha convertido en un botin para esas empresas, un negocio sumamente jugoso que sin el decreto presidencial, para el año 2025 hubiera implicado la importación de 39 millones de toneladas de maíces amarillos de Estados Unidos, más del 90% GM, lo que hubiera redituado una ganancia de 2,200 millones de dólares anuales; además de la contaminación de nuestros maíces nativos.

Un negocio jugoso que están perdiendo gracias a una década de lucha y resistencia por una comunidad que defiende las semillas libres, diversas y resilientes del maíz y los productos de la milpa, que busca una agricultura ecológica para combatir el cambio climático, defender y preservar así como la comida tradicional, el agua, la tierra y los polinizadores.

La guerra se recrudece desde varios frentes atacando a la demanda, al decreto presidencial para dejar de importar gradualmente glifosato y proteger a los maíces nativos, así como por obstaculizar leyes para conservar el maíz y promover la soberanía alimentaria -desde el titular de la Secretaría de Agricultura y el Consejo Nacional Agropecuario aliado de las grandes transnacionales-; pero también es importante destacar que continúan y crecen muchas resistencias, como la “moratoria popular” de no permitir transgénicos en los campos y mesas.

Sobre todo, destaca la resistencia activa de las comunidades campesinas y originarias que pese a todo, siguen produciendo milpa y maíces permitiendo que continúe la riqueza de este gran acervo biogenético. Comunidades que han permitido que la milpa, tradición milenaria siga viva,  como un modelo de ciencia campesina que es parte de la solución, a través de modelos regenerativos, ante la crisis planetaria actual.

El número 10 es sagrado en diversas culturas y comunidades, tal y como lo sostenía Pitágoras, para quien representaba la acción apoyándonos en lo aprendido. Esperemos que en estos 10 años continuemos atrayendo felicidad, abundancia y, sobre todo alcanzar nuestra meta  de que la autoridad judicial declare que la liberación de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la salud.

Queda aún un largo camino para lograr la prohibición definitiva de la siembra de maíz GM en México, para proteger la conservación y diversificación de los maíces nativos, de la milpa, de los derechos de los pueblos originarios y campesinos, así como del derecho a un medio ambiente sano y demás derechos conexos. La sentencia y la Medida Precautoria tendrán implicaciones trascendentales para la Colectividad de 125 millones de personas consumidoras, que defienden los derechos a la biodiversidad de maíces nativos y a un ambiente sano, sin los cuales no pueden garantizarse la soberanía alimentaria ni la protección de la salud.

Les invitamos a seguir informándose sobre nuestra defensa de la biodiversidad y los maíces nativos en nuestras redes sociales. Agradecemos a los medios de comunicación que nos han apoyado en esta importante lucha.

Falta una resolución—¿qué pasos siguen para la protección definitiva del maíz mexicano?   125 millones de consumidores

Juicio Principal

Han concluido las siguientes etapas del juicio: admisión preliminar de la demanda, certificación de la demanda (periodo que prevaleció a pesar de 11 juicios de amparo), audiencia de conciliación entre las partes sin llegar a un acuerdo, preparación y ofrecimiento de pruebas, audiencia final de juicio y presentación de argumentos finales.

En el expediente que actualmente cuenta con aproximadamente 23,000 fojas, el juzgado ya citó para dictar sentencia del juicio en primera instancia, lo que puede acontecer en unas semanas o meses, de acuerdo con la carga de trabajo.

La futura sentencia podrá ser apelada por las partes, tanto en sus consideraciones y resolutivos, como las posibles irregularidades durante el procedimiento.

Las demandadas en esta acción colectiva son: Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, PHI México y el gobierno federal a través de las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente; dependencia que, manifestó a los tribunales federales que dará cumplimiento al Decreto que ordena a las autoridades federales, con base en la ley, entre otras cosas, negar los permisos de siembra de maíz GM, publicado el 31 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

Previo a que el juez resuelva el juicio de acción colectiva, ganamos una sentencia de apelación en la que se ordena que el juzgado valore todos los elementos que sean necesarios para dictar sentencia (como la traducción incompleta de los artículos científicos, que las empresas demandadas pretenden ocultar en el juicio), y que la empresa Monsanto carece de privilegio de presentar pruebas sin cumplir con los requisitos que establece la ley.

En 10 años, 18 órganos jurisdiccionales han conocido la demanda colectiva maíz, incluida la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han resuelto decenas de impugnaciones y casi todos dándole la razón a la Colectividad.

A favor de la salud, la justicia, las sustentabilidad, la paz y la democracia.