Por Marcos Cortez, ADN Cultura, 29 de septiembre de 2022.

Las semillas nativas en México son fundamentales para la producción y reproducción de los sistemas agroalimentarios tradicionales como la milpa, además son un legado de la naturaleza y de las diversas culturas, reconocidas como reservorios genéticos vivientes e itinerantes, donde su siembra y cosecha es un acto de resistencia y autonomía alimentaria. Actualmente, nuestras semillas nativas son faros de diversas disputas territoriales en torno a su conservación  y permanencia en la vida cotidiana de los pueblos originarios y comunidades campesinas, que hacen agricultura milenaria -llena de vida comunitaria- que tienen enfrente a una agricultura del despojo, con etiqueta de privatización y biotecnología transgénica, sin familias campesinas, que es sinónimo de muerte de la biodiversidad, restringiendo el acceso, circulación y el libre intercambio de semillas -que da origen a la vida- negando absolutamente la soberanía alimentaria y sometiendo al pueblo en una dependencia inhumana.

La UPOV y LFVV 

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) inicia en 1961 con el auspicio de un puñado de países ricos para permitirles que los “obtentores de variedades” impusieran derechos -medio legal- de propiedad intelectual, una forma de apropiación sobre las diferentes variedades de semillas a través de patentes. El acta 61 ha sido actualizada y renovada en 1972, 1978 y 1991, con una tendencia privatizadora y centralizadora del mercado comercial de semillas. México desde 1997 se adhirió al acta UPOV 78 como parte de los compromisos exigidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Un año antes surge la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), en la que no se patentan variedades ni genes, sino que se privilegia el derecho de los campesinos a usar e intercambiar libremente sus semillas y obtengan nuevas variedades mediante cruzas y mezclas de su semilla con otras variedades, como lo han hecho desde hace miles de años. A diferencia del Acta 78, el Acta UPOV 91 patenta genes y variedades, limita el uso, manejo e intercambio libre de las semillas, se prohíbe la derivación esencial de variedades, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera. Porque, si se contaminan los maíces nativos por semillas patentadas, los genes que tendrían las semillas nativas otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes.

Pero desde el 2012, a la fecha se ha insistido que México pase a la UPOV 91, ante las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y Tratado de Asociación Transpacífica (TPP, por su sigla en inglés), tratados comerciales internacionales en los cuales se incluyó la obligatoriedad de que México se adhiera al Acta 91, que debe ocurrir a más tardar 4 años después de que sean ratificados los tratados por todos los países participantes.  Esto sería anteponer los intereses mercantiles sobre los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, así como el interés privado por encima del público y común. Es decir, es el escenario jurídico ideal para que las transnacionales controlen completamente el mercado de semillas, se estima que más de 70% de agricultores siembran aún maíces nativos, mientras 30% utiliza “híbridos-mejorados”, de los cuales más de 90% del mercado es dominado por consorcios multinacionales a nivel nacional, con notables intereses lucrativos de la esfera geopolítica del país.[1]

El pasado el 19 de febrero de 2019, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lanzó la iniciativa de reforma a la LFVV publicada en la Gaceta parlamentaria, donde señala que, dada la obligatoriedad de adhesión de México en T-MEC y TPP, conviene ya ubicar a México en el Acta 91, por las ventajas que traería para el país en cuanto al impulso de innovaciones para la agricultura, transferencia tecnológica y garantizar mejores semillas para nuestra alimentación. Desde entonces, la iniciativa de ley está en dictamen en Comisiones de la Cámara de Diputados, y de aprobarse, las consecuencias serían catastróficas para el campo mexicano, ya que conduce a la criminalización de los campesinos, estableciendo “costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos intercambian, guardan, comparten, distribuyen y circulan libremente sus propias semillas que han heredado por generaciones”.[2] Esto condiciona los procesos de evolución natural de domesticación prehispánica -cambios genéticos, usos alimentarios y manejos selectivos- que nuestros antepasados ya conocían y manejaban antes de la invasión europea.

La UPOV 91 y los OGM

La adhesión de México a la UPOV 91, lo llevarían a la autorización de las siembras y liberalización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), permitiendo lo que públicamente no admite el gobierno actual desde el 2013. En otros países se ha venido autorizando la siembra de transgénicos como solución contra el hambre desde la década de los 90. Aquí en 2005 se publicó la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, y a partir del 2009 al 2018, el gobierno ha otorgado diferentes permisos para la liberación de transgénicos de soya, maíz y algodón. De ahí que muchos productos dan positivo en pruebas de transgénicos, como se ha detectado la contaminación en diferentes estados del país, entre ellos:  Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México, que en recientes investigaciones encontraron maíz transgénico -sobre todo amarillo- en tortillas, harinas y cereales de maíz, los cuales arrojaron que el 82% de alimentos recolectados en supermercados tenían presencia de elementos de semillas modificadas genéticamente; y, tan sólo en las muestras hechas con tortillas, hallaron un 90% de presencia de maíz transgénico.[3]

Esto confirma que han venido a contaminar no solo nuestras semillas originarias, sino suelos, agua y salud humana. No queda la menor duda que desde sus orígenes la UPOV, fomenta la concentración de la industria de semillas comerciales en manos de un binomio oligopólico como Bayer-Monsanto de biotecnología transgénica, aparte de propagar agrotóxicos y tecnología o maquinaria agrícola desde 1970 con la mal llamada “Revolución Verde”. Con su llegada a nuestro país, su presencia se ha extendido, en especial en la agricultura intensiva, sin descartar a los pequeños agricultores, que desde entonces son sometidos por estas sustancias sintéticas en diferentes regiones del país, como algo indispensable para hacer agricultura, impulsadas desde la visión occidental por instituciones educativas, organismos internacionales y gobiernos de diferentes niveles.[4] Todo eso derivado de una serie de factores, entre los que destacan: reglas comerciales impuestas por los diferentes tratados comerciales; además de la contribución de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), que condicionan las políticas públicas -disfrazada de asistencialismo filantrópico- en las diferentes biogeografías del país, profundizando la explotación del propio campesino para lograr su sobrevivencia.

Demanda de Acción Colectiva

La Demanda Colectiva impide la siembra de maíz transgénico en México desde el 2013, y el pasado 5 de julio cumplió 9 años de resistencia de personas, organizaciones campesinas, indígenas, académicas, científicas, artísticas, de consumo y de gastronomía, que hicieron uso de esta herramienta jurídica para hacer frente a Monsanto. El objetivo principal de este instrumento es que se denieguen permanentemente los permisos de siembra de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de maíz en México. Gracias a la Medida Precautoria concedida en septiembre de 2013 se ha logrado impedir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio mexicano, centro de origen y diversificación genética de maíces nativos para que las generaciones actuales y futuras puedan acceder a ella y satisfacer sus necesidades y aspiraciones.[5]

La Medida Precautoria fue ratificada el pasado 13 de octubre de 2021 por la primera sala de la Suprema Corte De Justicia De La Nación (SCJN), y ésta se mantendrá hasta que el juicio principal tenga una resolución definitiva. La cual busca que los tribunales federales declaren que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica, así como los derechos a la alimentación, a la salud y culturales. Cabe decir que los permisos pre comerciales y comerciales se mantienen suspendidos por mandato judicial, además si la agroindustria intenta sembrar con fines científicos tendría que someterse a informes judiciales y cuestionamientos de la Colectividad Demandante,[6] es decir, una observación minuciosa de los resultados que las siembras revelen.

La Demanda de Acción Colectiva, es emblemática para el país y el mundo por haber frenado a empresas transnacionales que, aparte de adueñarse de los derechos de semillas ancestrales patentándolas, contaminan el agua, la tierra y el medio ambiente con el glifosato, su herbicida ligado a los OGM, que ha sido letal para la salud y la biodiversidad. Pero esto permanece en el centro de debate, ahora continuarán las etapas de alegatos, donde cada parte concluirá con argumentos jurídicos y científicos para sustentar sus pretensiones y en la que se definirá la protección campesina de la diversidad de nuestros maíces nativos o en definitiva la contaminación irreversible de la diversidad biológica de México.[7]

Decreto que prohíbe el uso de glifosato y transgénicos

El pasado 31 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que marca la prohibición de maíz transgénico y la prohibición progresiva de glifosato hacia 2024. El decreto resalta en el artículo primero y sexto la sustitución gradual sobre el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato. Y la protección especial del maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural de las comunidades campesinas e indígenas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, con el cierre de puertas al maíz genéticamente modificado.[8] A pesar de este logro mayúsculo, Francisco Javier Rebolledo, juez sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional a Bayer-Monsanto, en mayo de 2021 para eximirla de la aplicación del Decreto, suspensión que fue revocada en ese mismo año por el empuje del movimiento social y campesino. Pero el 12 de julio de 2022, el mismo juez concedió un amparo (313/2021) al binomio multinacional, contra el Decreto presidencial, así como revocar y abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Según el fallo: “El Decreto no precisa ni identifica cuáles investigaciones se han realizado, omitiendo fechas y científicos o instituciones; de igual manera que se omitió citar los países donde se sostenía tal criterio, y mucho menos se indica cuáles instituciones mexicanas realizaron los estudios pertinentes para llegar a la conclusión que el glifosato puede ser nocivo para la salud humana y de animales… y que el maíz genéticamente modificado afecta la seguridad y la soberanía alimentarias”.[9]

Dicha resolución favorece los intereses de Bayer-Monsanto, y suspender la aplicación del Decreto representa una vulneración a la salud humana y el medio ambiente sano, pues, el uso del glifosato tiene una sólida evidencia científica de “probable cancerígeno para los seres humanos”, como bien lo afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 2015. Al respecto, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), impugnó la resolución, y el movimiento nacional a favor del maíz y la milpa, “La Campaña Nacional sin Maíz no hay País” mostró su extrañamiento a la resolución del juez. Además, el día 29 de julio de 2022 este movimiento sumó a la sociedad civil, organizaciones sociales y campesinas, ambientalistas, de defensa de derechos humanos a la firma del desplegado contra los intereses de las transnacionales, y sí, a favor de la soberanía alimentaria y los derechos humanos de la población mexicana.

La disputa sigue… y el caso se turnará a un tribunal colegiado para que resuelva “si ratifica o revoca la sentencia”. Ante la “estrategia jurídica avasalladora de Monsanto”, las agrupaciones que integran la campaña nacional exigieron a las autoridades federales reforzar la fundamentación con el fin de sustentar “de manera contundente los riesgos y repercusiones a la salud y al ambiente”, a causa del uso del glifosato y el maíz transgénico,[10] debate que continuará hasta confirmar el dictamen.

Día Nacional por la Defensa del Maíz: unifica las resistencias colectivas

El 29 de septiembre se celebra en México, desde hace 13 años, el Día Nacional del Maíz. En virtud de ello, se llevan a cabo múltiples y diversas fiestas tradicionales (religiosas, culinarias y folclóricas) en todo el territorio, fecha que coincide con el día de San Miguel Arcángel -protector de almas- quien lucha contra el mal y protege la milpa.[11] Pero, fue hasta 2019, cuando el actual gobierno de la 4T y organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la “Campaña Sin Maíz No Hay País” sumaron esfuerzos para mantener viva esta tradición milenaria heredada por nuestros ancestros y pueblos mesoamericanos. Dicho movimiento demanda desde sus inicios frenar la entrada de los OMG, defensa de la soberanía alimentaria, fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, y hoy más que nunca, la eliminación gradual del glifosato (agrotóxicos) y la protección contra patentes de semillas. Estos actos de resistencia nacional son posturas comunes de los pueblos y las comunidades, llenos de estrategias locales que se manifiestan en el intercambio libre y manejo autóctono selectivo de la autoproducción de semillas, pues esto afirma que nuestras semillas nativas y endémicas de cada región, no deben tener patentes y no deben pertenecer a ninguna empresa multinacional, como lo demuestra la unidad de la Demanda Colectiva, lo cual es un ejemplo de resistencia y dignidad.

Es por ello que se mantiene el rechazo a la reforma de LFVV, pues es falso el argumento que México debe adherirse a la versión 1991 del Convenio UPOV, y dejar de mantenerse en UPOV 78, porque se requiere para atender la entrada en vigor del T-MEC y el TPP. Sólo son instrumentos que legitiman el despojo de los recursos genéticos y ejercen la privatización legal de los bienes comunes, que se encuentran en un peligro constante cotidianamente.

Como bien lo dijo Cristina Barros: “Nuestro maíz necesita hoy como nunca del trabajo de todos nosotros y de nuestra protección… No podemos permitir que el maíz, patrimonio de México y de la humanidad, herencia que nos dejaron los hombres y mujeres de Mesoamérica, se convierta en mercancía y quede en manos de empresas y funcionarios voraces que sólo creen en las ganancias económicas y atentan contra los alimentos básicos”. En este sentido, la defensa debe seguir resistiendo y existiendo, tenemos que robustecer comunidades locales con espíritu combativo, compromiso y conciencia social, y así, continuar siendo los guardianes de nuestras propias semillas nativas.

El 29 de septiembre debe traspasar fronteras y hacer resonancia en otros pueblos y comunidades de América Latina, con las cuales compartimos no sólo cultura alimentaria, sino las formas de organización y reproducción alrededor de la historicidad del teocintle domesticado, gracias al trabajo de cientos de generaciones.

Este día de celebración es un mensaje muy claro para que los políticos no dejen a la deriva el tema del maíz nativo, a los campesinos y a la milpa. Ya que en vez de adoptar leyes de semillas con base en UPOV, los gobiernos deberían establecer medidas legalmente vinculantes y discretas para reconocer y respaldar los derechos campesinos y sus sistemas tradicionales para conservar, intercambiar y vender sus semillas sin las restricciones de los imperios transnacionales, las semillas deben ser libres y permanecer en manos campesinas, pues, son patrimonio biocultural y bien común de la humanidad.

Marcos Cortez Bacilio

marcosbacilio@gmail.com

Fuentes consultadas:

[1] https://www.jornada.com.mx/2022/06/18/delcampo/articulos/conservar-biodiversidad-guerrero.html

[2] https://consumidoresorganicos.org/2020/07/03/upov-91-semillas-en-peligro/

[3] https://www.adncultura.org/somos-hijos-del-maiz-0

[4] https://www.adncultura.org/practicas-agroecologicas-alternativas-al-uso-de-glifosato

[5] https://elpoderdelconsumidor.org/2022/07/demanda-colectiva-cumple-9-anos-sin-siembras-de-maiz-transgenico/

[6] 18° Informe de la Demanda Colectiva Maíz: https://bit.ly/3agDfpV

[7] https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/delcampo/articulos/demanda-colectiva-maiz.html

[8] https://www.adncultura.org/practicas-agroecologicas-alternativas-al-uso-de-glifosato

[9] https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/reprueban-decretazo-de-amlo-vs-glifosato-y-maiz-transgenico-20220714-1950891.html

Imagen de Ulrike Leone en Pixabay 
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