Por Yvette Sierra Praeli, Biodiversidad LA, 21 de septiembre de 2022.

En el estudio se destaca que Brasil y Bolivia concentran el 90 % de la transformación y alta degradación que afecta a la cuenca amazónica. El restante 10 % lo comparten Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, con cifras de pérdida de bosques amazónicos cada vez más preocupantes.

Cabe precisar que según los estudios de Thomas E. Lovejoy y Carlos Nobre el punto de no retorno ocurre cuando la deforestación y degradación combinadas superan el umbral de entre el 20 % y 25 %, cifra que los científicos consideraron para la Amazonía este, sur y central.

“Estamos destruyendo el agua, la biodiversidad, los alimentos. El ser humano, las empresas extractivas y los gobiernos continúan con una economía de combustibles fósiles y están destruyendo nuestro presente y nuestro futuro. Este es un llamado de emergencia”, dijo  José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), durante la presentación de este informe.

El documento reúne información sobre el estado actual de las áreas prioritarias clave en la Amazonía, datos de la situación de la biodiversidad e identifica los impulsores o drivers de destrucción de los bosques amazónicos. Además,  plantea soluciones para abordar la crisis Amazónica.

El punto de no retorno en la Amazonía

“Nuestros datos demuestran que la protección del 80 % de la Amazonía es necesaria y posible, pero sobre todo, urgente. De continuar la tendencia actual de deforestación, la Amazonía tal como la conocemos hoy, no llegaría al 2025”, dice el informe elaborado por la RAISG, sustentado en el análisis de datos desde 1985 hasta 2020.

Marlena Quintanilla, directora de investigación de la Fundación Amigos por la Naturaleza (FAN) e investigadora principal del informe, indica que en los últimos 20 años la Amazonía ha sufrido la transformación de por lo menos 50 millones de hectáreas. “A muchos nos cuesta dimensionar cuánto significa esta extensión, pero podemos decir que es un territorio más grande que toda España”.

Quintanilla menciona que “el 26 % de la Amazonía ha sufrido transformaciones completas y una degradación profunda” y precisa que Bolivia y Brasil, los países con mayor impacto y transformación de su Amazonía, presentan síntomas importantes de estos cambios. En Bolivia —añade Quintanilla— las lluvias han disminuido en un 17 % y la temperatura se ha elevado en más de 1 grado centígrado. “Estamos en el momento para revertir y restaurar la Amazonia”, advierte y hace un llamado para que se tomen acciones hacia el 2025 “porque para el 2030 puede ser tarde”.

La experta de FAN se refiere así a una de las conclusiones expresadas en el informe: “Un horizonte al año 2030 puede ser catastrófico para el bosque continuo más grande del planeta y para las más de 500 nacionalidades y pueblos indígenas que en él habitan y para la humanidad”.

El informe también detalla que la Amazonía de Brasil —que ocupa el 40 % del bosque tropical del mundo— ha superado el punto de no retorno con un 25% de transformación y un 9 % de alta degradación, es decir, el 34 % de la Amazonía brasileña prácticamente se ha perdido. “Esta realidad amenaza a toda la región por ser Brasil el país que alberga dos tercios de la Amazonía. La pérdida registrada compromete el sur brasilero y también a los biomas bolivianos. La transformación responde primordialmente a la urbanización”.

En esta vorágine de destrucción, Bolivia ha llegado prácticamente al límite del punto de no retorno con un 20 % de transformación y 4 % con alta degradación. Este país tiene un 24 % de su Amazonía arrasada.

Quintanilla también critica que los discursos de los gobiernos plantean la protección de la Amazonía, pero estos ofrecimientos no se concretan. “El avasallamiento de los territorios indígenas y la no titulación son los principales problemas. Muchas de las áreas que demanda Coica como territorios indígenas no han sido atendidas. En el caso de Bolivia, desde el 2012 no ha habido avances en la titulación de territorios indígenas. La titulación es un paso importante para garantizar y no transformar más la Amazonia”.

En ese sentido, la experta de FAN dice que a través de este informe se busca visibilizar cuál es el rol de los pueblos indígenas para proteger la Amazonía y asegura que la lucha contra el cambio climático debe incluir como protagonistas a los pueblos indígenas.

Las causas de la deforestación

Este informe se presenta un año después de que más de 60 estados miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobara —durante su Congreso Mundial de 2021, realizado en Marsella, Francia— el compromiso de proteger el 80 % de la Amazonía para el 2025.

Ahora, el informe de RAISG indica que se requieren medidas urgentes para salvaguardar ese 80 % de la Amazonía que, en realidad, corresponde al 74 % restante —629 millones de hectáreas— que aún no han sufridos transformación ni alta degradación.

De todo este territorio el 33 % corresponde a Áreas Prioritarias Clave, el 41 % a una Baja Degradación, mientras que un 6 % restante son tierras dedicadas a la restauración (54 millones de hectáreas) de tierras con alta degradación.

Las cifras de este informe también indican que “el 66 % de la Amazonía está sujeto a algún tipo de presión fija o permanente” y especifica que en los lugares con presencia del Estado se presentan amenazas y presiones o impulsores legales, mientras que en donde la presencia estatal es débil, las presiones e impulsores de la destrucción son ilegales.

La actividad agropecuaria es —según el informe— responsable del 84 % de la deforestación amazónica, y las invasiones o avasallamientos, así como los incendios forestales están directamente relacionadas a la ampliación de la frontera agrícola, mientras que la deforestación causada por la ganadería en la selva amazónica representa casi el 2 % de las emisiones globales de CO2 anuales y la mayor parte de la ganadería en el mundo ocurre en Brasil.

La minería es otro de los drivers de la deforestación y degradación de los bosques amazónicos, una actividad presente en los nueve países y que afecta al 17 % de la Amazonía. Además, “la minería ilegal que carece de registros se está expandiendo en toda la cuenca amazónica”, precisa el informe.

La extracción de petróleo también tiene un impacto negativo en el bioma amazónico. Los cálculos de RAISG indican que el 9.4 % de la superficie Amazónica (80 millones de hectáreas) está ocupada por lotes petroleros.

Ecuador es el país donde se extrae más petróleo, pues el 89 % del crudo exportado desde la Amazonía proviene de este país. “Más de la mitad (52 %) de la Amazonía ecuatoriana es un bloque petrolero, 31 % en Perú, 29 % en Bolivia y 28 % en Colombia”, señala el informe. Además, el 43 % de estos bloques petroleros están ubicados en áreas protegidas y territorios indígenas.

Carmen Josse, directora de la Fundación Ecociencia y coautora del estudio, señala que el panel científico ha constatado que en la Amazonía el aumento de la temperatura es de 1.2 grados más, cifra que está por encima del promedio global de 1.1 grados. “Es una de las regiones con más riesgo en la tierra y con más del 90 % de especies expuestas a temperaturas sin precedentes si se ven las estimaciones de los modelos hacia el 2007”.

Josse menciona que el panel científico responsable del estudio ha advertido que estamos muy cerca de alcanzar el punto de no retorno. “Los bosques amazónicos que conocemos ya no podrán existir y serán reemplazados por otros tipos de ecosistemas que no ofrecerán los mismos servicios ecosistémicos que tenemos ahora. Es un efecto en cascada que tendría enorme impacto en el clima y, en consecuencia, en la biodiversidad, agricultura, salud y bienestar de todos los humanos”.

Las propuestas de los pueblos indígenas

“Los datos son sumamente preocupantes, estamos al borde de un colapso grave que impacta no solo a los pueblos indígenas, sino a toda la humanidad. Se está dando un aumento significativo de deforestación y relacionado con ese desbosque están las matanzas de los líderes indígenas que defienden su territorio”, señala Ángela Kaxuyana, lideresa indígena de la ​​Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, en relación con los constantes asesinatos de los líderes indígenas.

Hace tan solo unos días, dos asesinatos impactaron en Brasil. Un primer crimen ocurrió el sábado 3 de septiembre, en el estado de Maranhao, cuando Janildo Oliveira Guajajara, miembro del grupo autodenominado Guardianes de la selva, recibió un disparo por la espalda. En el ataque otra persona resultó gravemente herida. Ese mismo día, también en Maranhao, Jael Carlos Miranda Guajajara fue atropellado por un auto y se sospecha de que se trató de un asesinato selectivo. La policía investiga si estos crímenes se relacionan con la presencia de madereros ilegales en territorios indígenas.

El informe señala que 232 líderes comunitarios indígenas fueron asesinados en la región entre 2015 y el primer semestre de 2019 por disputas por la tierra y recursos naturales. El documento también indica que en 2021, un tercio de todas las violaciones registradas en las Américas fueron contra defensores de los derechos ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas.

“La falta de información, vuelve opaco el número real de quienes pierden hasta su vida por proteger sus territorios. La Iniciativa Amazonía por la Vida: protejamos 80 % al 2025 es una medida urgente propuesta por los pueblos indígenas en honor a los que no están y a los que quedamos, y, para frenar la muerte de nuestras familias”, dice Julio César López, Coordinador Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), de Colombia, país con la mayor cantidad de asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales en la región y en el mundo.

Estudios científicos han demostrado que los bosques mejor conservados se encuentran en los territorios indígenas, incluso, con iguales o mayores niveles de conservación que las áreas naturales protegidas. “Esto se debe, principalmente, a la cosmovisión de más de 500 pueblos indígenas que han habitado la Amazonía por milenios”, precisa el documento.

De acuerdo con el informe, los pueblos indígenas, son más vulnerables a los impactos del cambio climático, por tanto, —señala el documento— el camino para una transición justa en la Amazonía tiene que ser liderado por ellos, quienes, a través de su conocimiento milenario, conocen sus secretos más profundos para mantener los bosques amazónicos en pie.

“Es indispensable que la política global y nacional reconozca el rol de los pueblos y territorios indígenas en la preservación de los ecosistemas más sensibles del planeta como protagonistas de las soluciones de la crisis climática que atravesamos”, menciona el documento.

En ese sentido, el informe presenta las soluciones identificadas por los pueblos indígenas para detener el punto de no retorno de la Amazonía, los mismos que deben estar sujetos a un llamado a la comunidad internacional.

“Debemos contar con un plan de acción porque a los pueblos indígenas los están asesinando, encarcelando, contaminando. Este plan de acción vamos a presentarlo  a los gobiernos en la próxima Cumbre Climática Global que se realizará en Egipto y en la Cumbre de Biodiversidad en Canadá”, señala Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.

Las propuestas para frenar la deforestación amazónica contempla el reconocimiento inmediato de los territorios indígenas que ya están identificados, así como la asignación de recursos para fortalecer la gestión territorial, además, se sostiene que más de la mitad de la Amazonía tiene que entrar en un régimen de gestión territorial para que se pueda preservar toda la región.

Para lograrlo se propone la titulación de alrededor de 100 millones de hectáreas que aún están en disputa; la definición de una política forestal y de zonificación que permita la creación de áreas intangibles, sin carreteras y sin actividades extractivas; la restauración de tierras degradadas; la creación de reservas indígenas o áreas protegidas cogestionadas; una moratoria inmediata sobre la deforestación y degradación industrial de todos los bosques primarios.

También proponen, entre otras acciones, detener los impulsores de la deforestación actual y futura, y una condonación de la deuda externa de los países amazónicos. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para el 2021, la deuda bruta de los gobiernos es del 78 %, en promedio, del PIB regional y representa el 59 % de sus exportaciones de bienes y servicios. Los pueblos indígenas también solicitan que el sector financiero se comprometa a garantizar el cumplimiento de sus derechos y a poner fin a la deforestación en todas las cadenas de suministro que financian.

“Si no planteamos una solución y no invitamos a los gobiernos, los aliados, y todos los que están realizando alguna actividad en la Amazonía, creo que no vamos a lograr defenderla como lo estamos planteando. Estamos ante un problema en todo el planeta y los pueblos indígenas quieren ser protagonistas de la solución”, precisa Diaz Mirabal.

Imagen de Picography en Pixabay 
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