Por IPS Noticias, 10 de junio de 2021.

El reporte, “Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe” da cuenta de siete proyectos en nueve países, desarrollados por productores nacionales con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esas iniciativas “muestran que no es necesario elegir entre crear empleo y cuidar el ambiente, o entre la transformación sostenible de la agricultura y la reactivación económica pospandemia, porque los proyectos y políticas ambientales también generan múltiples beneficios económicos y sociales”, según el reporte.

Julio Berdegué, director regional de la FAO, dijo al presentar el informe que “ahora más que nunca es fundamental aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción luego de la pandemia, para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura”.

En Ecuador, un proyecto de ganadería climáticamente inteligente, en más de 800 fincas, permitió que 1056 ganaderos incrementaran su producción de leche, aumentaran sus ingresos y mejoraran la calidad de los suelos en 40 000 hectáreas.

“Ahora más que nunca es fundamental aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción luego de la pandemia para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura”: Julio Berdegué.

El proyecto evitó la emisión de 24 000 toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) con técnicas como el pastoreo rotativo y la producción de compost para pastos. Además, los ganaderos aprendieron a producir sus propios piensos, y también aplicaron herramientas digitales para monitorear sus emisiones de GEI.

En México, un proyecto de fomento de tecnologías eficientes en la agricultura y la agroindustria permitió que 1842 agronegocios –fincas de ganado de vacuno, porcicultura y avicultura, y las industrias agroprocesadoras– redujeran sus emisiones netas de GEI en seis millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En Uruguay, un proyecto de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas trabajó con más de 2000 técnicos y productores, y demostró que es posible reducir hasta en 70 por ciento el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja.

No se afectó el rendimiento ni se aumentaron los costos, y se encontró un ahorro promedio de 40 dólares por hectárea.

En Chile, acuerdos de producción limpia permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar en la central región de El Maule aumentar en 15 por ciento sus beneficios, reduciendo el uso de energía, sus emisiones de GEI, sus residuos y empleo de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y del suelo.

En Guatemala y Colombia, proyectos de manejo forestal comunitario permitieron impulsar la conservación de los bosques, generar empleo y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo.

En Guatemala participaron 1233 familias en 350 mil hectáreas de la Reserva de la Biósfera Maya en Petén (norte), mientras que en Colombia participaron 25 comunidades y dos asociaciones madereras.

Un proyecto de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago, permitió reducir en hasta 36 por ciento la pesca no intencionada, gracias a nuevas redes y tecnología, protegiendo a especies amenazadas, como tortugas y rayas, y disminuyendo su impacto ambiental.

En Colombia, mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en los norteños departamentos de Magdalena y La Guajira redujera en 15 por ciento sus pérdidas por efectos climáticos, y en 25 por ciento el uso de fertilizantes.

La FAO recordó que casi la mitad de las soluciones viables para alcanzar los objetivos climáticos internacionalmente acordados se relacionan con el sector agrícola y, en la región, la pobreza se concentra mayormente en zonas rurales, donde 48,6 por ciento de la población es pobre y 22,5 por ciento extremadamente pobre.

A-E/HM

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