Por Emiliano Terán Mantovani, Alainet, 3 de diciembre de 2018
No sólo por el sistema de dominación capitalista moderno/colonial: cuando pensamos en las ruralidades, solemos hablar de los campesinos, olvidando el importante rol que juegan los pescadores, muy buena parte de ellos integrantes de comunidades que, por el fuerte arraigo con sus territorios y esta actividad de subsistencia, se constituyen como guardianes de las costas, defensores de los ríos, las ciénagas, los manglares.
En este sentido, son también comunidades importantes para la defensa y consecución de la soberanía alimentaria, sobre todo entre los pescadores de las clases populares y los pueblos indígenas, que dependen de esta actividad para su subsistencia. Según FAO, el 90% de los pescadores del mundo son artesanales y se cuentan entre 40 millones de personas –unos 2,5 millones en América Latina– que alimentan a otros millones más.
Pese a ello, estos se enfrentan a numerosos desafíos como lo son la competencia con la industria pesquera, los cercamientos (“enclosures”) de sus territorios acuáticos, los impactos de las petroleras, o incluso las consecuencias de la minería (como por ejemplo ocurrió con el derrame de residuos mineros Fundão en Mariana, Minas Gerais, Brasil), sufriendo tremendas injusticias y racismo ambiental.
Ante esto, numerosas organizaciones y comunidades de pescadores se movilizan contra estos flagelos, emergiendo como dignas luchas en defensa de los bienes comunes y sus modos de vida, referentes que nutren el conjunto de luchas populares que se dan hoy en América Latina y el Caribe.
Resistencias en las aguas: pescadores y pescadoras contra el despojo y el racismo ambiental petrolero en Brasil y Colombia
En el año 2003, en la bahía de Guanabara (Rio de Janeiro, Brasil) nació una combativa organización de pescadores y pescadoras, Ahomar (Associação dos homens e mulheres do mar), quienes se organizaron para luchar contra los crecientes impactos provocados por la actividad petrolera impulsada por Petrobras. Los terribles efectos de un enorme derrame registrado en el año 2000, motivaron una lucha que se mantiene hasta nuestros días, en un ecosistema que tradicionalmente ha abastecido cerca de 70% del pescado de toda la región metropolitana de Rio de Janeiro, y que sustenta a miles de familias de pescadores y pescadoras.
Derrames petroleros, aumento de construcciones de la industria, cercamientos y restricciones en la circulación y práctica de la pesca, desaparición de peces, y principalmente una extraordinaria violencia y persecución contra los integrantes de Ahomar, no han amilanado a estos combativos pescadores, quienes han llevado adelante diversos tipos de movilizaciones y acciones, como lo han sido la ocupación durante 38 días, con casi un centenar de pescadores, de las obras en las que se estaba construyendo un gasoducto submarino y terrestre; un proceso de búsqueda y sistematización de información para comprender las prácticas de la petrolera, sus procedimientos, y los impactos que se generan por su actividad, lo que les ha permitido construir contra-argumentos, solicitar inspecciones públicas, elaborar mapas de las zonas de pesca, y realizar monitoreos ambientales propios; generar articulaciones con actores de las universidades; o alcanzar victorias judiciales con las que lograron detener una construcción y demoler dos terminales ya construidos.
A decir de Alexandre Anderson, uno de los líderes de la organización (muy amenazado por los poderosos intereses económicos en la zona), a pesar de toda la violencia ejercida contra estos, los pescadores se han vuelto más fuertes y no dejarán de luchar.
En el caribe colombiano, específicamente en el norte del departamento de Córdoba, diversas organizaciones y comunidades de pescadores, con mucho ímpetu y un gran nivel de organización, defienden toda la región del bajo Sinú, un área de amplias ciénagas y zonas de manglares que se conectan con el Golfo de Morrosquillo.
Habiendo luchado contra los impactos provocados por la instalación de la hidroeléctrica de Urrá a partir del año 2000, y la expansión de la frontera agropecuaria en las ciénagas –lo que ha provocado desecaciones y desaparición de parte de las mismas–, una de las resistencias más relevantes en los últimos años ha sido contra los proyectos de construcción de un puerto de aguas profundas para transporte de hidrocarburos, y otro de graneles para materiales mineros en la bahía de Cispatá, en el Golfo de Morrosquillo.
La Asociación de productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú (Asprocig), una potente organización que reúne a unas 6.000 familias de campesinos, pescadores e indígenas del pueblo Zenú, en alianza con otras organizaciones, comunidades, concejales y alcaldes, se han articulado en contra de estos proyectos, señalando que la instalación de los puertos pondría en peligro más de 8.000 hectáreas de manglares, así como numerosas especies, los paisajes y las actividades de subsistencia de los habitantes de la zona. Por ser un área donde se ha asentado la industria petrolera, en la misma se producen persistentes derrames que provocan conflictos y frecuentes protestas de los pescadores.
Las comunidades han apelado a diversos recursos legales y figuras de protección, en alianza con las autoridades locales, como ocurrió con el Acuerdo Municipal (2017), que recurrió al principio de precaución para evitar que se realice el proyecto, teniendo en cuenta que Cispatá es categorizada como un Distrito de Manejo Integrado. Gracias a estas luchas, el proyecto se ha logrado frenar en dos ocasiones.
Del mismo modo, comunidades pescadoras y quilombolas, en la Isla de Maré (ubicada en la bahía de Todos los Santos, cercana a Salvador de Bahía, Brasil), mantienen una fuerte y permanente lucha, liderada por mujeres, contra los terribles impactos que la actividad petrolera (de nuevo, Petrobras) ha dejado no sólo en sus aguas, manglares y recifes coralinos, en la pesca artesanal y sus modos de vida, sino en la salud de estas comunidades pescadoras, que han sufrido múltiples enfermedades y la muerte por cáncer de varios de sus integrantes.
Sus movilizaciones, que las entienden como una vieja lucha contra el colonialismo de antes y de ahora, señalan el racismo ambiental al que son sometidos, principalmente por la industria petrolera –instalada desde la década de los años 60s–, específicamente por los efectos que producen el puerto y la petroquímica de Aratú, ubicadas a muy pocos kilómetros de varias de las comunidades de la isla.
En torno al Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales, estas comunidades han realizado diversas acciones de protesta en el mar; cortes de ruta de la entrada del puerto; ocupaciones como la de la sede de la Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), exigiendo que sean atendidas sus demandas y los casos de salud de los afectados; marchas; comunicados públicos; solicitud de audiencias públicas y de estudios epidemiológicos independientes, entre otras iniciativas. Todo esto, buscando que se detenga la contaminación y que se evite la ampliación del puerto de Aratú. Para ellos se trata de una lucha por la vida.
El extractivismo petrolero, lejos de su promesa de riqueza y progreso para todos, ha dejado en cambio miseria y devastación, dolor y grandes cicatrices en las comunidades afectadas, y una enorme impotencia, ante tanta injusticia. El petróleo mata, y los proyectos impulsados por esta industria (sea transnacional o de empresas nacionales) deben ser entendidos como proyectos de re-colonización de los territorios.
