Por Francisco López Bárcenas, La Jornada, 18 de abril de 2018

Abril es el mes del agua. Bajo la advocación de San Marcos, santo católico al que se acogieron por ser portador del rayo, desde hace siglos las comunidades indígenas suben el día 25 de este mes a las montañas o acuden a las cuevas y ojos de agua a venerar a sus divinidades; les rezan para que las favorezcan con buenas lluvias, para que los campesinos tengan abundantes cosechas y la gente no sufra de hambre.

Esta práctica milenaria se mantiene y reconfigura a través de los años. En los tiempos que corren, donde el capital, ignorando el carácter sagrado del agua la ha convertido en mercancía, además de buenas lluvias, las comunidades piden que los empresarios no los despojen del líquido sólo por sacar adelante sus negocios, que los campesinos que han caído en defensa del recurso descansen en paz, los que se encuentran presos por las mismas causas alcancen su libertad y se deje de perseguir a los que han sido criminalizados por los mismos motivos.

Es el caso de los nahuas de la comunidad de Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle, estado de México, quienes desde hace década y media sufren la separación de Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Be­rriozábal y Dominga González Martínez, seis de sus integrantes que se encuentran privados de su libertad, sentenciados a 50 años de prisión, acusados de la muerte del empresario Alejandro Isaak Basso, líder de los floricultores del municipio de Villa de Guerrero, municipio aledaño al de Tenango del Valle, a quien la Comisión Nacional del Agua había concesionado el líquido, contraviniendo el derecho preferente que los pueblos indígenas tienen para acceder a él, lo mismo que lo dispuesto en la ley, la cual ordena destinarlo a actividades de producción de alimentos antes que a otras de tipo comercial.

Los hechos por los cuales se acusó a las seis personas que hoy se encuentran privadas de su libertad sucedieron el primero de abril de 2003, cuando los miembros de la Asociación de Floricultores de Villa de Guerrero, de capital extranjero, ingresaron a la comunidad de Tlanixco en actitud agresiva y desafiante, acusando públicamente a sus habitantes de estar ensuciando el agua para perjudicarlos en sus riegos.

Quienes los vieron llegar hicieron lo que siempre hacían cuando veían peligro para la comunidad: tocaron las campanas de la iglesia alertando a sus habitantes de la situación y éstos comenzaron a reunirse para saber qué era lo que sucedía. Cuando las partes se encontraron se hicieron de palabras, unos defendiendo su derecho a regar sus sembradíos de flores y otros defendiendo el agua para el consumo humano y producción de alimentos. Tal vez no lo sabían pero estaban viviendo una situación similar a la que se vive en otras partes del país.

Lo que siguió fue todo confusión. Y en ella perdió la vida el empresario Alejandro Isaak Basso. Sus compañeros acusaron a los habitantes de Tlanixco de haberlo linchado ahí mismo en la comunidad, mientras éstos afirman que cuando los ánimos se calentaron los invasores salieron corriendo por donde pudieron y en su huida el empresario cayó accidentalmente a un barranco, lo que le provocó la muerte. En lugar de emprender una investigación imparcial sobre los hechos, la autoridad, con una mentalidad profundamente racista, aceptó como cierta la versión de que el empresario había sido asesinado por los miembros de la comunidad y se dispuso a castigar a los presuntos asesinos de manera ejemplar: detuvo a seis personas, la mayoría de ellas entre los 30 años, salvo la señora Dominga González Martínez, que es mayor que ellos, les fabricó procesos a modo y los condenó a 50 años de prisión.

Conscientes de que se trata de una sentencia injusta, donde los denunciantes han cambiado las versiones de los hechos en varias ocasiones, no se han tomado en cuenta las especificaciones culturales de los procesados y por lo mismo el debido proceso ha sido violentado, la Secretaría de Gobierno del estado ha intervenido directamente en las investigaciones y no se ha tomado en cuenta la retractación que en el juicio han realizado algunos denunciantes; el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, defensor de los procesados, ha iniciado una campaña denominada #Sentencia Racista, en un contexto que acertadamente han nombrado Abril Azul. Acertadamente porque, como dije al principio, abril es el mes del agua y el agua es azul. Ojalá y que la campaña sirva para poner en evidencia lo que el antropólogo Yuri Escalante ha denominado racismo y judicial, pero sobre todo abone para liberar a los seis miembros de la comunidad nahua de Tlanixco injustamente detenidos.

Para Abel Barrera, por su pronta recuperación.

FuenteLa Jornada
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