Por Dulce Olvera, Sin Embargo, 29 de junio de 2021.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) está obligada a otorgar concesiones en cuencas y acuíferos sobreexplotados, por litigaciones de “una industria de abogados“, aseguró Elena Burns Stuck, Subdirectora General de Administración del Agua.
“En este momento, en todo el país y en oficinas centrales, por mayoreo se están otorgando concesiones en cuencas y acuíferos sobreexplotados bajo órdenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para poder otorgar la concesión sin disponibilidad o, de lo contrario, se reciben sanciones como multas que se quitan del salario al funcionario público, inhabilitación o arresto”, reveló en el Senado de la República durante el foro “El Derecho Humano al Agua” dedicado a la tribu yaqui, víctima de un conflicto violento por el agua en el noroeste mexicano.
Burns llegó del activismo en Agua para Todos a la Conagua junto con otros funcionarios en octubre de 2020 para realizar una “limpia” en la institución ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador luego del conflicto en una presa de Chihuahua. Lleva años, junto con académicos y ciudadanos, exigiendo una Ley General de Aguas que priorice el derecho al agua por encima de los intereses económicos a diferencia de la Ley Nacional de Aguas (1992).
En su ponencia explicó que la Conagua tiene 60 días para investigar, registrar y otorgar concesiones a quien las solicite, lo cual es “imposible” por falta de presupuesto, por lo que se tiene un rezago de 174 mil en proceso.
“En todo el país ha emergido una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a la Conagua por no haber cumplido con el plazo de 60 días. Los tribunales nos obligan sin importar si hay veda, si hay daños a terceros o si no hay disponibilidad”, expuso frente a senadores y diputados de la Comisión Permanente.
En 75 años, desde la Constitución de 1917 hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sólo se otorgaron 2 mil concesiones. Pero desde 1992 hasta la fecha, en sólo tres décadas, se han otorgado más de 518 mil concesiones, lo cual genera “mercados de agua” y obstaculiza garantizar el derecho al agua a poblados, dijo la funcionario.
Burns planteó que esta sobreconcesión y sobreexplotación se derivó de que el sistema de concesiones avalado por la Ley salinista se impuso a México como condición para la firma del TLCAN y se exigió al país tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión y que ésta tuviera que ser objeto de operaciones de compra-venta sin restricción.
“La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud sin visitas de campo para verificar; no da instrumentos para enfrentar el sobre concesionamiento”, expuso.