Por Ernesto Perea, Imagen Agropecuaria, 05 de julio de 2023.
Así lo afirmaron integrantes de Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México, al cumplirse 10 años de esta medida que frenó la siembra comercial de maíces trasngénicos, quienes se pronunciaron porque la resolución de los jueces en este caso garantice que los derechos de todas las personas están siendo protegidos, “y finalmente prohibir mediante una sentencia judicial definitiva, la siembra de maíces transgénicos, sin ceder ante las amenazas de empresas agroindustriales transnacionales”.
A una década de dicha Demanda la industria transnacional no ha presentado una sola prueba o evidencia científica que contemple una sola evaluación en medio receptor, es decir, su impacto en biodiversidad en variedades y características genéticas y en la alimentación, aseguró René Sánchez Galindo, quien hasta 2021 fue representante jurídico de la Colectividad.
Explicó que la norma del medio receptor es parte del Protocolo de Cartagena y fue ratificado en el T-MEC –del que forman parte Estados Unidos y Canadá, junto con México.
Respecto a la solicitud de Estados Unidos de que México demuestre los daños a la salud por consumo de transgénicos, Sánchez Galindo comentó que la industria quiere que probemos que hace daño y es al revés; ellos deben hacer la investigación científica y no han presentado una prueba al respecto.
La representante de la Colectividad demandante, Mercedes López Martínez, aseguró que en el diferendo Estados Unidos-México, “sí tenemos los argumentos para ganar estas controversias si se abren. El mismo T-MEC habla de defender la biodiversidad”.
Habló de los intereses de las agroindustrias trasnacionales que presionan a México –a través de funcionarios, cabilderos, agroempresarios y medios de comunicación– en este tema y presentan estudios sesgados, pero el Conahcyt tiene una carpeta sobre diversas investigaciones que demuestran los daños a la salud y el medio ambiente y trabaja en alternativas agroecológicas y propuestas como el uso de bioinsumos.
Manifestó que la Colectividad busca que la autoridad judicial declare que los maíces transgénicos dañan biodiversidad biológica de maíces nativos y diversos derechos como el de un ambiente sano, a la salud y a la soberanía alimentaria
En rueda de prensa, recordó que en Estados Unidos existen 100 mil demandas contra el glifosato y que en ese país hay cooperativas que pueden proveer maíz no transgénico, pero las grandes empresas presionan y allá hay quienes hablan del derecho de México para decidir qué importa de alimentos.
Mercedes López también refirió que sin el Decreto presidencial sobre maíz y glifosato, modificado en febrero pasado, para 2025 hubiéramos importado 39 millones de toneladas de maíz, por un valor de 2 mil 200 millones de dólares al año en beneficio de las empresas. Un “negocio jugoso” que se está perdiendo por lucha de la Colectividad.
El doctor Antonio Turrent Fernández, agrónomo de la Universidad Autónoma Chapingo, se refirió a que México no puede poner aranceles a Estados Unidos de acuerdo con T-MEC, pero sí a otro países con los que no existe tratado comercial, es “una maravillosa decisión” y tiene sentido defender a este grano de prácticas desleales, porque nuestro país tiene el potencial para producir todo el maíz que necesita, no transgénico
Los integrantes de la Demanda Colectiva recordaron que a partir de esta acción, “el Poder Judicial dirimió en un proceso judicial mantener una medida cautelar que prohíbe la siembra comercial de maíces transgénicos en el centro de origen y diversificación constante, ante los riesgos que acarrean la producción y consumo de estas semillas modificadas genéticamente, para la población que habita o transita por el territorio mexicano.
La medida cautelar también ha impedido las siembras en fase experimental y piloto de maíz transgénico”.
A diez años de la demanda hizo “un llamado al Estado mexicano para garantizar los derechos implicados de las personas y poblaciones que tienen relación con el maíz y la milpa, así como consolidar la prohibición de siembra de maíces transgénicos y apuntalar la proscripción de su uso en la alimentación, a través también del Decreto Presidencial modificado en febrero pasado”.
