Por Javier Andrade, Desinformémonos, 29 de junio de 2023.
Desde Mar del Plata
A pesar de la férrea oposición del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), el Proyecto Agroecológico de El Marquesado, en cercanías de la localidad de Chapadmalal, avanza sin pausa. Ciento cuarenta hectáreas abandonadas fueron cedidas en forma provisoria por el Estado Nacional a la Asociación Civil Tercer Tiempo, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). En los primeros meses, el equipo a cargo del proyecto obtuvo los resultados de los estudios hidrológicos y de suelo, que arrojaron un resultado alentador: el 95 por ciento del predio es apto para la producción agroecológica.
Desde fines de marzo, cuando los integrantes del MTE llegaron al terreno para hacer uso de la posesión otorgada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el intendente Montenegro los trató de delincuentes, rechazó la creación de una mesa de diálogo e impulsó una denuncia penal por «usurpación». La demanda no avanzó y los abogados de la organización están solicitando poder hacer uso pleno del terreno. En principio, unos 30 familias de quinteros del cordón frutihortícola de General Pueyrredón, uno de los más importantes de la provincia, esperan ingresar al predio para iniciar la producción agroecológico en las tierras, que intentaron ser rematadas durante la gestión de Mauricio Macri.
Roberto Cittadini, sociólogo y doctor en Desarrollo Rural, con amplia experiencia como Coordinador Nacional del Programa de Autoproducción de Alimentos del INTA (ProHuerta), respondió a esas primeras falsedades sobre el proyecto: “Se decía que las tierras eran improductivas y la verdad que eso no tiene ningún sentido. Se han hecho estudios, a través de imágenes satelitales y también in situ, con recorrida de expertos, y se muestra que el 95 por ciento de la tierra es apta para producir. Hay una parte que es más ganadera, pero el resto es todo con potencial agrícola. La ganadería es parte del proyecto, así que no hay ningún impedimento”.
Las 140 hectáreas son parte de un total de 600. Hasta el año 1946, el predio estaba en poder de la familia Martínez de Hoz —una de las familias terratenientes de la zona— y fue restituido al Estado para construir la Unidad Turística de Chapadmalal, complejo que comenzó a levantarse durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. El complejo incluía originalmente nueve hoteles con 3.000 habitaciones, sala sanitaria, guardería, comedores, panadería, una fábrica de hielo y otra de helados, galerías comerciales, salones de juego, teatro, museo y edificios administrativos, todo amoblado por la Fundación Eva Perón, que lo diseñó pensando en el goce de las familias de los trabajadores argentinos. La planta estable para atender a los contingentes de turismo social era de 900 trabajadores.
En aquella primera época, las tierras ahora cedidas al MTE estaban destinadas a la producción de alimentos para los huéspedes del complejo social: había parcelas sembradas, animales de granja, tambo —se ordeñaban más de 3.000 litros de leche diarios— vacunos y matadero.
“Está todo muy calmo, por suerte, es tiempo de trabajar”
Maximiliano Álvarez, representante legal de Tercer Tiempo, coincidió con Cittadini al destacar que existe bastante trabajo realizado en los estudios de imágenes satelitales y los físico-químicos de suelo. “Se está desarrollando también la faceta productiva con productores y técnicos y técnicas”, explicó. Esos primeros pasos son importantes luego de la campaña de noticias falsas y agresiones que recibieron los integrantes del proyecto durante los primeros días en los que tomaron posesión de las tierras cedidas por la AABE.
A fines de marzo, un grupo de vecinos que está en contra del proyecto provocó incidentes en la tranquera del campo, por lo que el juez federal Ariel Lijo —juzgado donde recayó la denuncia del intendente Montenegro por «usurpación»— envió a la Prefectura Naval a custodiar el lugar. Medios locales y nacionales convirtieron la decisión de Lijo en fake news al titular al unísono que se trataba de una orden de desalojo.
No obstante, Álvarez aclaró que ese día llegó la Prefectura a la puerta del predio para notificar la resolución de Lijo, que únicamente disponía que la fuerza tome la custodia del predio. «Eso fue lo único. No permiten el ingreso de personas, más allá de los caseros que están en el lugar, pero no habla de desalojo. Todo fue una movida, una maniobra mediática”, aseguró el abogado. Poco después, efectivos de la Policía Bonaerense reemplazaron a los prefectos. “Está todo muy calmo, por suerte, es tiempo de trabajar”, sostuvo el letrado de la asociación civil del MTE.
La denuncia penal presentada por Montenegro no avanzó y ahora la organización solicitó los permisos para poder ingresar al campo a poner en marcha el plan.
¿Agroecología o agrotóxicos?
Los profesionales que están a cargo del diseño del proyecto, entre ellos Cittadini, piensan en la integración con el entorno de Chapadmalal. Es una localidad de pequeñas urbanizaciones, algunos comercios y mucho cuidado de la naturaleza. Por eso, contemplan “la organización de producciones primarias en sinergia: horticultura, granja, cultivos extensivos y unidades complementarias de producción como bioinsumos, plantinera, vivero y actividades de transformación del paisaje”.
También articularán producciones vegetales y animales a fin de potenciar la vida del suelo al aportar abonos naturales. “Un aspecto clave para que se puedan almacenar y liberar los elementos necesarios al crecimiento de las plantas”, sostuvieron. La frutilla del postre es la instalación de un Centro Educativo Agropecuario, que genere conciencia sobre un nuevo modo de producir integrado con el ecosistema social, aunque desde la organización reconocen que, por ahora, es una idea a largo plazo.
Sin embargo, producir alimentos sanos parece tener muchas trabas. El Municipio de General Pueyrredón, lejos de promover la agricultura familiar y acompañar a los productores, frena cualquier tipo de iniciativa. No ve a la agroecología como una práctica virtuosa en relación al modelo agroalimentario dominante, basado en el uso de fertilizantes químicos, pesticidas y semillas transgénicas. Si bien Mar del Plata cuenta con algunas producciones agroecológicas, la mayor parte de la tierra está ocupada por establecimientos agrícolas intensivos, lo que ha generado denuncias y causas judiciales por las fumigaciones en Félix Camet, Playa Los Lobos, Sierra de los Padres y Batán.
En 2008, la ordenanza 18.740 había prohibido las fumigaciones con agrotóxicos a menos de mil metros de los núcleos poblacionales. La norma fue derogada poco tiempo después por la presión del sector agropecuario. En aquellas protestas, la Compañía Industrial Frutihortícola, productora de «Frutillas Tamara» y de arándanos de exportación, colmó de tractores las adyacencias del Palacio Municipal y movilizó a sus trabajadores con la amenaza de que si no lo hacían perderían sus empleos. El poder político obedeció derogando la ordenanza y aprobando otra mucho más permisiva, la ordenanza 21.296, que llevaba la prohibición de fumigar de mil metros a sólo 100.
En 2019, a partir de una causa impulsada por la Asamblea Paren de Fumigarnos, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires ratificó la prohibición de fumigar a menos de mil metros y suspendió los artículos 19, 23, 27 y 28 de la norma exigido por el agronegocio. Además, la medida cautelar obligaba al Municipio a realizar una conversión agroecológica. Sin embargo, las gestiones de Gustavo Pulti, Carlos Arroyo y Guillermo Montenegro no cumplieron con los controles a los productores que fumigan y ponen en riesgo la salud de la población. Tampoco se desarrolló la franja de cultivos sin uso de pesticidas, por el contrario, lo que sí hizo el Estado municipal fue apelar la resolución.
Una investigación presentada en 2015 por la ONG Bios —que llevó un año y medio de trabajo— arrojó resultados graves para la población marplatense: se encontró presencia de glifosato (70 por ciento) y de AMPA, su metabolito, (70 por ciento) en las muestras de orina analizadas, tanto en áreas rurales como urbanas.
Desde hace años, las escuelas rurales del partido de General Pueyrredón denuncian que el agua que beben los estudiantes está contaminada. En el Paraje a San Francisco, cercano a Batán, camiones aguateros de Obras Sanitarias suplen semanalmente la falencia del edificio donde funcionan la primaria N° 51, la secundaria N° 39 y el jardín de infantes N° 932. Las tres escuelas están rodeadas de campos que utilizan agrotóxicos. Después de una denuncia de Jorge Picorelli, ex profesor de educación física del establecimiento e integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos, el Juzgado Federal N°1 dictaminó que el agua no era apta y prohibió su consumo. A pesar de eso, en dos oportunidades, los productores agropecuarios fumigaron con los chicos en el recreo. La primera fue en una quinta lindera y la segunda en la estancia Concepción, que se encuentra enfrente.
La pelea local por los terrenos de El Marquesado
La Asamblea Paren de Fumigarnos tuvo su rol también en la pelea para que las tierras de El Marquesado sean destinadas a un proyecto agroecológico. Esas 140 hectáreas, de las que el Intendente de Juntos por el Cambio busca expulsar al MTE, iban a ser subastadas por el gobierno de Mauricio Macri en 2016. La parcela lindera, casi idéntica, fue rematada a un precio menor al de su valor real. Lo que detuvo esa venta de tierras fiscales fue una presentación administrativa del abogado Lucas Landivar, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos.
Tras evitar el remate de las tierras, asambleístas y vecinos que promueven la agroecología elaboraron el proyecto del «Biopolo Abya Yala – Chapadmalal», que no prosperó por falta de apoyo político. El proyecto contemplaba el diseño áreas de conservación y la reubicación de productores agroecológicos de la zona para la producción de alimentos y elaboración de productos derivados, planificado con la construcción de casas a través de sistemas de bioconstrucción y energías renovables.
Además buscaba la valorización turística y educativa del espacio y las actividades productivas agroecológicas, y la creación de un sitio de la memoria ancestral «en tierras que aún guardan trenzas de mujeres originarias enterradas, morteros y utensilios de piedra». El valor arqueológico de esas tierras es parte del estudio la arqueóloga de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Diana Mazzanti, quien investiga las huellas de los primeros habitantes del cordón serrano de Tandilia y la Costa Atlántica.
“Vivir y producir de una manera digna es lo que soñamos”
Para Roberto Cittadini, la producción del proyecto agroecológico en El Marquesado beneficiará a la comunidad porque podrá contar con alimentos sanos y nutritivos a buen precio. «Será mucho mejor que hacer un country, donde se densifica y se privatiza el espacio público”, comparó el investigador poniendo en contexto la disputa por el acceso a la tierra que existe en los periurbanos de las grandes ciudades y, en particular, en esta zona de extraordinaria belleza natural. Las grandes empresas, bajo el eufemismo de «desarrollos inmobiliarios», quieren apropiarse de este tipo de predios.
El gobierno municipal de Guillermo Montenegro no solo denunció penalmente a los integrantes del proyecto sino que rechazó la creación de una mesa de diálogo propuesta por el MTE. Lejos de cualquier acercamiento, el Intendente trató de delincuentes a los integrantes de la organización social y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que los acompañan. Tal es así que en el violento episodio registrado durante la toma de posesión del campo, los vecinos que buscaron sacar por la fuerza a los integrantes del MTE estaban acompañados por Martín Ferlauto, el secretario de Seguridad de Montenegro.
Johana Burgos es agricultora de Laguna de los Padres, hace cinco años que milita en el MTE. Ella, como la mayoría de los pequeños productores de la zona, alquila cinco hectáreas para trabajar y no disimula su alegría con la posibilidad de instalarse en El Marquesado junto al resto de las familias, que serán 30 en el inicio del proyecto. “Vendría a solucionarnos la vida, tanto en vivienda como en producción, a muchos que hoy en día estamos trabajando de manera precaria”, afirmó sonriente.
Como otros quinteros de Colonia Barragán, Sierra de los Padres y Batán, necesita la tierra para poder producir y dejar atrás la incertidumbre que genera el aumento del alquiler, que pagan a precio dólar. El cordón frutihortícola de General Pueyrredon es uno de los más importantes del país, sin embargo no hay políticas públicas para los trabajadores de la tierra. Los que no alquilan a tierras a precio dólar, trabajan como peones en quintas de empresas del sector bajo condiciones paupérrimas. Cada vez que el Estado realiza inspecciones encuentra personal indocumentado y en condiciones de semi esclavitud, sin baño ni lugares adecuados para dormir.
En las hectáreas que alquila, Johana vive en una casilla de madera —con su compañero y sus dos hijos— sin las mínimas comodidades. Tiene filtraciones que se multiplican con cada lluvia y para cocinar deben buscar la forma en el patio de tierra. Desde que llegó de Salvador Mazza, Salta, hace 18 años, nunca estuvo tan cerca de cambiar su suerte. Y eso se nota en sus palabras y su rostro cuando resumió: “Vivir y producir de una manera digna es lo que soñamos”.
Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva
