Por BASE Investigaciones Sociales, Biodiversidad LA, 30 de noviembre de 2022
PRESENTACIÓN
Resaltan en el periodo analizado –agosto 2021 a julio 2022– las consecuencias de la sequía en la disminución de la superficie cultivada, la aprobación de nuevos eventos transgénicos, el aumento en la importación de agrotóxicos altamente peligrosos y el endurecimiento de la normativa para la recuperación de tierras, la que vino acompañada de un fuerte proceso de violencia y criminalización a organizaciones campesinas e indígenas.
A la par, se vienen planteando –inclusive implementando– nuevas herramientas y estrategias orientadas a la apropiación privada de bienes comunes. La tierra es el tema central del primer grupo de artículos, la complicidad de organismos estatales en el proceso de despojo territorial a comunidades es ejemplificado con un caso concreto. Este proceso está directamente vinculado con cambios en la normativa que se fueron dando en las últimas décadas, y que posibilitan nuevas dinámicas de apropiación –como lo es la financiarización de la tierra– así como también la creación de condiciones para que el 94,5 % de las tierras cultivables estén ocupadas por rubros del agronegocio.
Si bien en este periodo se dio una disminución de poco más de 135 mil hectáreas cultivadas por el agronegocio –aunque el cultivo de soja aumentó– el avance del modelo se dio principalmente con la aprobación de nuevos eventos transgénicos – seis de maíz y uno de soja– y con el aumento de la importación de agrotóxicos, casi un 20 % más de glifosato y un poco más de 30 % de paraquat y 2,4D.
La llamada agricultura digital es otra de las dimensiones del avance de la biotecnología impulsada por las grandes corporaciones del agronegocio. Los rubros del agronegocio –principalmente soja y carne vacuna– continúan exportándose principalmente al Mercosur.
Un importante número de artículos exponen las políticas del gobierno actual que privilegian el modelo extractivista, ya sea con políticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como con la construcción de importantes obras de infraestructura –que además implican un cada vez mayor endeudamiento del país– a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, obras que en lugar de orientarse a garantizar mejores condiciones de vida a la población, endeudan al país para el tránsito de rubros del agronegocio.
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