Por Nancy Flores, Contralínea, 21 de diciembre del 2019.
También es un llamado de atención para comprender que la justicia social va más allá de la dispersión de recursos públicos para los más necesitados, a través de programas sociales; pues lo que requiere este país es un cambio profundo y radical que dé lugar a los procesos libres y autonómicos de las comunidades, en vez de continuar por el camino histórico del despojo (tanto de los territorios para beneficio de megaproyectos y el supuesto “desarrollo”, como de las culturas y lenguas por medio del racismo y la discriminación institucional y social).
En 1994, el movimiento zapatista (que aún no depone las armas, pero que se encuentra en una fase de lucha pacífica) no demandaba otra cosa más que el cumplimento cabal de los derechos humanos (al trabajo, al territorio, la vivienda digna, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz). Derechos a los que lamentablemente aún no tiene acceso la mayoría de los indígenas, incluidos los zapatistas que, con sus Caracoles, se organizan de manera autónoma pero con muchas dificultades instrumentando sus propias formas de educar, alimentarse y cuidar los recursos naturales y la llamada Madre Tierra.
A lo largo de estos 26 años los zapatistas (tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales) no sólo han luchado por sus comunidades, sino por todos los pueblos originarios de todo el país, en búsqueda de una transformación revolucionaria de México. La aspiración de este movimiento armado desde siempre fue que se instaure un sistema justo, donde el gobierno mande obedeciendo al pueblo, y no lo que hemos tenido hasta ahora: un sistema totalmente injusto, donde muy pocos se enriquecen de la explotación indiscriminada de los seres humanos y la naturaleza, y donde el gobierno manda sometiendo al pueblo por medio de la violencia institucional y los crímenes de Estado, para seguir beneficiando a la élite.
Por eso –ya entrados en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien autonombra su gobierno como la “cuarta transformación”– debe recordarse esta gran deuda con los pueblos originarios y por fin cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Éstos se firmaron el 16 de febrero de 1996 por el gobierno federal y el EZLN, con el objetivo de garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado.
Es necesario, por tanto, acabar con la traición de los mestizos que han tenido en sus manos el poder político y económico de México. En este contexto, vale la pena revisar lo expuesto por el Centro de Documentación sobre el Zapatismo (Cedoz), que indica que “el propósito central de estos Acuerdos es terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios”.
Por ello es necesario un nuevo marco jurídico que contemple el reconocimiento en la Constitución de los derechos colectivos: políticos (expresados especialmente en el reconocimiento de los gobiernos propios, y de las formas propias de elección de sus autoridades), jurídicos (para poder ejercer sus sistemas normativos internos, sus formas de elegir a sus propias autoridades, sus formas de impartir justicia, reparar las faltas y decidir en materia de conflictos internos), sociales (para decidir sus propias formas de organización social), económicos (para decidir su propia organización para el trabajo, para el disfrute de sus propios recursos y para que se impulse la producción y el empleo y la satisfacción de las necesidades propias de los pueblos indios) y culturales (para garantizar la cultura propia de los pueblos indígenas).
El Cedoz resume los compromisos pactados en 1996 de la siguiente manera:
“1. Reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía.
“2. Ampliar la participación y representación política, el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
“3. Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indios.
“4. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas.
“5. Asegurar la educación y la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales.
“6. Satisfacer sus necesidades básicas.
“7. Impulsar la producción y el empleo.
“8. Proteger a los indígenas migrantes.”
Además, destaca que en ese nuevo orden se respetarán: la libre determinación y autonomía (el Estado no podrá realizar acciones unilaterales y deberá respetar los planteamientos y previsiones de los pueblos, las comunidades y organizaciones indígenas); la participación (los pueblos y las comunidades deberán ser sujetos activos en el diseño, la planeación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que se decidan, junto con el gobierno); el pluralismo (este principio busca que se respete la diversidad de todos los indígenas del país. Que no exista más discriminación contra nadie); la integralidad (esto quiere decir que los programas y acciones del gobierno tienen que abarcar los problemas completos y no intentar resolver sólo parte de ellos. Se busca que los problemas que tienen relación se resuelvan juntos); y la sustentabilidad (es importante que los proyectos y programas no dañen el medio ambiente ni los recursos de los pueblos indios. Se busca con esto que se respete la naturaleza y la cultura de los pueblos indígenas).
Hasta ahora, nada de eso es realidad en las leyes mexicanas y ya es hora de que la “cuarta transformación” demuestre que en verdad es un cambio de sistema, un rompimiento con el pasado y un nuevo orden donde caben todos. Como el subcomandante Marcos lo dijo una vez, en este planeta y este México urge “un mundo donde quepan muchos mundos”.
