Por José Antonio Román, La Jornada, 17 de octubre de 2016
En un pronunciamiento, más de un centenar de organizaciones y colectivos expresaron su total rechazo a este acuerdo internacional, por las diversas implicaciones y afectaciones que representaría no sólo para la vida en sus territorios y pueblos, sino porque vulneraría gravemente la democracia y las facultades del Estado mexicano.
“El ATP, negociado durante cinco años en secreto a espaldas de la sociedad, no puede ser modificado por México y representa un grave peligro para los derechos laborales, el acceso a la salud, la libertad de expresión en Internet, el medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas cruciales para los derechos humanos y la vida de las personas”, señala las organizaciones.
Precisaron que la intención del gobierno mexicano de aprobar el ATP antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos la expresó el mismo secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el pasado 9 de octubre. Declaró que el objetivo es que, “independientemente de lo que pase en Washington, mandar un mensaje claro de que esta negociación está cerrada”.
Entre las organizaciones firmantes están: Alianza Mexicana contra el Fracking; Greenpeace México; Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec); Central Campesina Cardenista (CCC); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria; Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas); Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal); Derechos Digitales ONG (Latinoamérica); Foodfirst Information and Action Network. Sección México (FIAN – México); Nueva Central de Trabajadores (NCT), y Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), además de la Red Todos los derechos para Todos (Red TDT), que integra a más de 80 organizaciones de 24 entidades del país.
