Por Ik Tzikel, Pie de Página, 21 de abril de 2022.

Defensoras históricas de los bosques, Ndoyonuyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, han librado una de las luchas más antiguas en la conservación del territorio y del bosque en la región de la Mixteca, en Oaxaca. Sin embargo, hoy, el Día de la Tierra, estas comunidades se encuentran desplazadas, amenazadas y sin atención por parte de ninguna autoridad local, estatal ni federal.

Han pasado 6 meses desde que un grupo armado de 100 personas atacó mortalmente a las comunidades de Ndoyonuyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, en el municipio de Atatlahuca. Las agresiones fueron perpetradas del 21 al 23 de octubre de 2021 con armas largas exclusivas para uso del Ejército, decenas de casas fueron incendiadas con sus habitantes todavía dentro de ellas y cinco personas defensoras del bosque siguen desaparecidas. Hoy, Valerio Riaño, vocero de la comunidad de Ndoyonuyuji refugiada en el auditorio de INPI de Tlaxiaco, considera estos ataques como una masacre contra su pueblo.

El licenciado Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi), explica por qué se trata de una masacre cometida contra las comunidades. Como resultado hubo dos personas asesinadas y cuatro personas desaparecidas. Santiago Reyes indica que fueron encontrados restos óseos calcinados recabados por peritos de la Fiscalía de Justicia del estado de Oaxaca, todavía sin resultados forenses pero que podrían pertenecer a alguno de los desaparecidos: Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marcos Quiroz Riaño o Mayolo Quiroz Barrios.

Luego de esos hechos atroces, también se encuentra desaparecida la promotora cultural y defensora del bosque Irma Galindo quien habitaba en Atatlahuca.

Incumplimiento de las recomendaciones y tratados internacionales

Valerio Riaño relata con dolor: “La primera noche atacaron la comunidad de Ndoyonuyuji y quemaron más de 40 casas. La siguiente noche, 22 y 23 llegaron disparando a matar a la población civil de la comunidad de Guerrero Grande. Ahí quemaron más de 130 casas. La población salió escapando de la persecución mientras disparaban contra ellas. Además usaron y siguen usando drones para ubicar y amedrentar a la gente sin que la Guardia Nacional de Guerrero Grande haga nada.

“Toda la gente salió corriendo, conseguimos un lugar en la sede del INPI, alrededor de 350 personas se refugiaron aquí temporalmente”.

La organización de derechos humanos explica que las comunidades se encuentran en una situación grave de desamparo ante el incumplimiento de la medida cautelar otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el expediente MC-1050-21, la cual contempla el apoyo humanitario urgente a las familias desplazadas de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, así como de la acción urgente pronunciada por la ONU para la búsqueda de las personas desaparecidas. Por el momento, ciertas personas de la comunidad de Guerrero Grande han regresado a su comunidad y se encuentran refugiadas en la iglesia. En cuanto a las personas de Ndoyonuyuji, Valerio explica que la situación de división de la comunidad no favorece su regreso, ya que se encuentran amenazadas de muerte, por lo tanto, mujeres, hombres e infancias de diferentes edades siguen refugiadas en el auditorio del INPI de Tlaxiaco.

El presidente del Cedhapi añade: “Estamos atentos a que todas estas medidas se cumplan, sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido ningún detenido a pesar de las más de 100 carpetas de investigación por delito de daño por incendio, cinco carpetas de investigación por desaparición forzada, dos carpetas por homicidio, y cuatro por lesionados. Además insistimos en que se trata de desplazamiento forzado interno, frente a lo cual el Estado no cumple las recomendaciones internacionales.

El abogado resalta la reciente recomendación de la CNDH por el caso de Tierra Blanca que solo atañe autoridades estatales y no federales. En cuanto al caso de Atatlahuca, a seis meses de la masacre, la CNDH no se ha pronunciado. “Sería muy importante dejar un antecedente ante este incumplimiento de recomendaciones, de medidas cautelares, que el gobierno ha descuidado y no ha dado importancia debida.”

Además, el licenciado Santiago Reyes señala que existen tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado mexicano a proteger a los y las defensoras del territorio, sin embargo hay total incumplimiento en lo que corresponde a los habitantes de las comunidades de Ndoyonuyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán como defensores de los recursos forestales.

Sin acceso a derechos básicos

Para Valerio Riaño, “las negociaciones con el gobierno estatal de Oaxaca han sido inútiles, no hay atención ni respeto de las medidas. Tenemos 30 niños en el auditorio del INPI, y no pueden regresar a la escuela, necesitamos resolver eso. Tampoco tenemos alimento, todos salimos a trabajar pero es una situación lamentable. Hace un mes falleció una niña por desnutrición, eso nos preocupa porque ninguna de las autoridades nos está atendiendo. Cuando eso ocurrió, lo único que hicieron fue venir a dejar 3 kilos de despensa a cada familia”.

El vocero relata que dos meses atrás, junto con un funcionario de la Secretaría de Gobernación, lograron entrar en Guerrero Grande y visitaron las casas quemadas, pero después no tuvieron más noticias.

“Hay mucha incertidumbre porque no están ateniendo nuestros problemas. Aquí en México es más importante la vida de los narcos que la de las personas que defienden los bosques o de los periodistas que también son asesinados, desaparecidos. Hace algunos meses un periodista de la región trató de hablar de la situación en Atatlahuca en la Mañanera con el presidente pero él simplemente lo evadió. A pesar que dice que los pueblos indígenas son parte de su programa, que va a dar prioridad, en los hechos vemos que no hay nada de eso.”

Organización comunitaria en el refugio

Un colectivo solidario que visitó recientemente a la comunidad refugiada en el INPI relata que “Las 60 personas que habitan el espacio duermen en el suelo del auditorio, es muy triste y da mucha rabia e impotencia”.

A pesar de esas condiciones, sin embargo, las familias se han organizado para crear una pequeña parcela donde siembran lechuga, rábanos, tomates, col, betabel, para complementar su alimentación. Además, el grupo comenta “estas comunidades han estado defendiendo la tierra, el bosque por generaciones”, se nota en las creaciones de textiles que están produciendo para subsistir:

“Están haciendo textiles, recuperando esa diversidad del entorno en sus bordados como son los árboles y las flores, especialmente orquídeas. Ahora que están lejos de la comunidad es como si esa memoria que ellos tienen presente no quieren que desaparezca y lo están plasmando en los bordados… Increíblemente han traído arbolitos de allá: plantaron el ‘árbol de la resistencia’ en el INPI para que crezca poco a poco, trajeron orquídeas para ponerlas en los árboles para que se sigan dando las flores. Están acondicionando su espacio sin descuidar esa atención a la tierra y ese contacto con la naturaleza. Saben que es un compromiso, algo recíproco, un depender de la naturaleza y por lo tanto hay que cuidarla. En el refugio siguen cuidando de ella.”

Demandas

El defensor explica que las comunidades tienen diferentes demandas. Por un lado, las personas que regresaron a Guerrero Grande y que viven en la iglesia piden que sean reparadas sus viviendas y castigo a los culpables, además de que haya seguridad, principalmente para los niños.

“Para nosotros que estamos en el auditorio del INPI la situación es diferente porque ya no podemos regresar, entonces estamos pidiendo al gobierno federal la restitución de nuestras tierras y la restitución de nuestras casas. Nosotros no pedimos estar aquí. Desde que empezó el problema en 2019 gobierno federal estuvo enterado de primera mano, nosotros giramos oficios informando de la situación en nuestras comunidades y nunca nos hicieron caso.”

Una lucha en defensa del bosque de la Mixteca de las más antiguas

Las tres comunidades mencionadas se han opuesto históricamente a la tala excesiva y clandestina que se realiza en 2 mil 640 hectáreas de bosque en la región.

Valerio Riaño, defensor incansable del bosque y de la comunidad, hace un breve recuento de ésta que considera una de las luchas más antiguas de México.

“Desde 1930, Ndoyonuyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, comunidades que hoy pertenecen al municipio de San Esteban Atatlahuca han luchado por su territorio. En 1949 las comunidades se separan del municipio, a partir de esa fecha se origina la lucha por la defensa de los bosques. La evidencia es un telegrama por parte de las autoridades de Ndoyonuyuji dirigido al gobernador del estado de ese entonces para pedir su intervención y frenar un aserradero que estaba saqueando los bosques. En esta misma fecha, el municipio de San Esteban Atatlahuca reconoció el territorio propio de las 3 comunidades, mediante un acta firmada por el presidente municipal de aquel entonces, el representante comunal de San Esteban Atatlahuca, representantes de gobiernos estatal y federal y las tres comunidades. En 1972 se vuelve a ratificar el dicho acuerdo.”

El cuidador del bosque conoce bien las fechas de la defensa del bosque y nos cuenta, “en 1952, las tres comunidades se vuelven a organizar para sacar otro aserradero que había entrado en Atatlahuca”. Además tiene archivados documentos históricos y actuales sobre el conflicto agrario. “En 1976 a través de un diálogo San Esteban Atatlahuca logra unir a las comunidades como parte del municipio; sin embargo, hay un documento en donde se reconoce su territorio. En 1982, Atatlahuca saca una resolución presidencial donde reconocen un plan agrario pero en aquel entonces no se consultó a las tres comunidades si estaban de acuerdo. No hubo gran problema, pero la lucha se reanuda en 1994 cuando entra otro aserradero de nombre ‘Aquiles Robles’ de Tlaxiaco. Entraron a Atatlahuca y empezaron a sacar madera, además entró otra empresa japonesa que se dedicaba a comprar y explotar ‘hongo de aguacate’, que es hongo de la región muy caro”.

Las protestas iniciaron a partir de 1999, cuando la comunidad de Ndoyonuyuji denunció el saqueo y la entrada a su territorio.

“Allí empezó la lucha. En el año 2000 se logró sacar al aserradero Aquiles Robles, pero en su lugar pusieron un aserradero “comunitario”, lo digo entre comillas porque estaba controlado por caciques locales. Siguieron explotando los bosques”, puntualiza Riaño. En 2006, durante otra batalla para frenar ese aserradero, Valerio Riaño fue encarcelado junto con otro compañero. Hubo engaños y compra de voluntades con dinero. “Esa lucha se separó allí.”

Desde 2006 hasta 2017 la explotación forestal continuó en Atatlahuca sin que nadie protestara. Para Valerio la nueva olada de protestas inició en 2017.

Relata que encontraron documentos históricos de 1949 y 1972 en el Archivo General de la Nación y empezaron a exigir que se respetara. Como no hubo cumplimiento, la situación se fue complicando, hasta el punto de ser atacados con armas de fuego, hubo un muerto en aquel año. Las autoridades empezaron a dividir a la comunidad de Ndoyonuyuji. La población se dividió a la mitad, lo mismo hicieron en Guerrero Grande, confrontaron a la gente, quemaron casas…

“En 2020, continuaron los ataques. Para 2021, el comisariado de bienes comunales sin consultar a la comunidad envió maquinaria para hacer excavación en un sitio arqueológico. La gente estaba enojada, detuvieron la máquina, retuvieron al comisariado, llegaron a un acuerdo que no se respetó y hubo ataques resultando en una mujer muerta en mayo de 2021. Así llegamos a agosto donde Atatlahuca organizó a gente armada que llegó a confrontar a la comunidad pero no llegó a mayores, salvo un muerto.”

Así llegamos a los hechos del 21, 22, 23 de octubre. Para Riaño, el gobierno municipal de Atatlahuca a través del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), una organización paramilitar, empezó a atacar a las comunidades. A pesar de estar apareciendo políticamente en escena y de ser responsables de otros desplazamientos forzados en Oaxaca, el abogado Maurilio Santiago dice que no se han identificado con certeza a estos actores para este caso. Sin embargo sí se responsabiliza a las autoridades que están involucradas directamente en esta masacre: el presidente municipal, Rogelio Bautista Barrios, la síndica municipal de Atatlahuca, Maribel Velasco García, y el regidor de Hacienda de Ndoyonuyuji, Carlos Riaño Sandoval.

Cuidado de la Tierra comunitario y global ante el calentamiento climático

El vocero de la comunidad refugiada expresa claramente vía telefónica:

“Aquí principalmente se explota el pino. Pero nosotros estamos haciendo esta defensa de los bosques en esta región para toda la humanidad no solo para nosotros. Esta región tiene una importancia enorme porque está a un nivel de 3600 metros, es una montaña bastante alta y aquí nace el Río Verde que desemboca en la costa de Oaxaca y también el Río Mixteco.”

A sabiendas de que se trata de “una lucha a nivel mundial”, Valerio explica las razones por las que defienden los bosques; primeramente, porque su destrucción contribuye al calentamiento global.

“Si cuidamos los bosques, ellos nos traen beneficios porque son ellos quienes absorben gases de efecto invernadero, es decir, si los cuidamos nos ayudan a enfrentar este problema mundial pero si los destruimos contribuimos a que se caliente más el planeta. Hay muchos estudios sobre el tema, nosotros mismos en la región hemos experimentado el calentamiento a nivel local. Además de la lucha contra el calentamiento, hay otras cuestiones para su preservación como evitar la erosión de la tierra, o lo que presenciamos cuando hay más bosque más se almacena agua cuando llueve. Por eso consideramos que esta lucha en defensa de los bosques es la lucha más antigua de México, desde 1949 hemos estado defendiendo el bosque”.

Han sido diversas las veces en que la comunidad cuidadora del bosque en la Mixteca se ha implicado con otras luchas. Valerio recuerda la lucha en los primeros años de este siglo para exigir la liberación de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en Coyuca, Guerrero, ya que habían sido detenidos por defender los bosques.

“Luego, de 2006 a 2009, hicimos trabajo de volanteo comunitario para sensibilizar a la población sobre la importancia de defender los bosques. También nos movilizamos cuando Sansón y Amado Aguilar, dos hermanos ecologistas de la Mixteca, estuvieron injustamente en la cárcel por 12 años, al final la denuncia colectiva sirvió para que fueran liberados.”

La madera, señala, se explota en las comunidades de Independencia de San Esteban Atatlahuca y en otra comunidad fronteriza con Atatlahuca, llamada Guadalupe Victoria San Miguel el Grande.

Llamado a solidarizarse con la defensa del bosque y las familias desplazadas

Valerio tiene esperanza en que haya una denuncia y una exigencia por parte de personas solidarias: “Hay mucha gente y colectivos en defensa del territorio y de los recursos naturales, preocupados por el calentamiento global, ojalá también pudieran dar difusión a esta lucha, pedir al gobierno federal para que ponga atención a este problema. Todavía quedan evidencias de lo que pasó. Y termina: “Es necesario dar a conocer la situación que estamos viviendo en México los defensores de los bosques.”

La emergencia material es en cuestión de víveres: solicitan despensas, material educativo y recreativo para las infancias y/o apoyo económico para la compra de una bomba de gasolina para el riego de su huerto comunitario. La comunidad en el auditorio del INPI está fabricando artesanías: blusas, monederos, camisas, tejidos de cintura para solventar la sobrevivencia.

Además, se necesita atención psicológica, talleres educativos, de lectura.

Las personas interesadas en enviar apoyo económico lo pueden hacer en los siguientes contactos: Número de cuenta Bancoppel: 4169160838109610 a nombre de Gabina Vázquez Sandoval.

En caso de depósito enviar un mensaje a:

Contacto de apoyo y acopio en Ciudad de México: desplazadosendefensadelbosque@gmail.com

ACO
A favor de la salud, la justicia, las sustentabilidad, la paz y la democracia.