Por Eugenio Fernández Vázquez, Pie de Página, 28 de junio de 2021.

El grupo de juristas internacionales que trabaja bajo el paraguas de la fundación Stop Ecocide para incluir el ecocidio entre los crímenes contra la humanidad que puede perseguir la Corte Penal Internacional presentó en estos días su propuesta de definición del crimen para incluirla en el Estatuto de Roma. Ahora sigue un largo e incierto camino de trabajos para que la impulsen los Estados, de negociaciones entre países y vericuetos legales de los que no es seguro que salga con bien. Sin embargo, en lo que ocurre una cosa o la otra, al interior de cada país se pueden dar muchos pasos en la dirección correcta. Específicamente, se puede trabajar para que se tipifique y persiga ese crimen a escala nacional. México podría ser un pionero en ese sentido y recuperar el papel de vanguardia en la arena internacional que ocupó durante décadas. Eso podría abrir también una oportunidad para mejorar las capacidades de todos los actores vinculados con la justicia en materia ambiental.

La definición que propone el equipo de Stop Ecocide reza, en una traducción aproximada, como sigue: “actos ilegales o maliciosos cometidos a sabiendas de que hay una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños severos ya sean de amplio alcance o de largo plazo al medio ambiente”, donde “maliciosos” (wanton) significa que simplemente no se toma en cuenta que los daños serán claramente excesivos en relación con los beneficios sociales o económicos que se anticipan; “severo” implica que ese daño supondrá disrupciones o cambios muy serios en el medio ambiente; “generalizado” se refiere a que ese daño va más allá de un área determinada o lo sufre un ecosistema o especie enteros o un gran número de seres humanos; “largo plazo” implica un daño que es irreversible o que no puede ser enfrentado a través de la recuperación natural en un periodo razonable de tiempo, y “medio ambiente” se refiere a la tierra, su biósfera, su litósfera, hidrósfera y atmósfera, así como al espacio exterior.

Aunque no se puede simplemente adoptar esa definición, el esfuerzo mismo por hacerlo ya tendría la ventaja de ser una oportunidad para alinear códigos, normas y leyes en materia ambiental que hoy están llenos de contradicciones, redundancias y vacíos. Hacerlo también podría abrir la puerta a revisar a cabalidad, documentándolo y analizándolo, la capacidad del aparato mexicano de justicia para perseguir y castigar los delitos ambientales. Ya ese paso supondría un avance muy sustantivo.

Tipificar el delito de ecocidio a nivel nacional y sancionarlo con penas acordes con la gravedad de un crimen así, por otra parte, ayudaría a prevenir grandes atentados contra la naturaleza, como los que se han registrado en los últimos años, sobre todo en materia energética y de infraestructura de transportes. El despojo de territorios es una afrenta y un atropello que suele quedar impune, y los castigos que se logran suelen ser poco más que la cancelación de los proyectos en cuestión.

Obviamente nada de esto es cosa fácil. El mero diagnóstico sobre el estado de la legislación ambiental en México ya supone un esfuerzo titánico, pero se trata de un esfuerzo urgente, como también es urgente documentar y mostrar la rotunda incapacidad de las autoridades judiciales para hacer valer esa misma legislación y, con ello, para hacer realidad el derecho de todos a la justicia y a un medio ambiente sano.

Se trata, además, de un paradigma jurídico que tarde o temprano llegará a nuestro país y con el que México tendrá que lidiar muy pronto. A quienes luchamos en defensa del medio ambiente se nos abre una posibilidad más para tratar de que las cosas se hagan bien en nuestro país, corrigiendo vicios heredados e impulsando nuevas posibilidades de avances. Adelantarnos a lo que viene será una forma de hacer que, efectivamente, llegue, y de que cuando llegue estemos preparados para sacarle el mayor jugo posible.

ACO
A favor de la salud, la justicia, las sustentabilidad, la paz y la democracia.