Por Redacción, Contralínea, 21 de mayo de 2022.
Comunidades indígenas mayas de Kinchil, San Fernando y Sitilpech, en Yucatán, enfrentan las consecuencias de la contaminación por la crianza excesiva de ganado porcino en mega granjas. Diariamente, los pobladores están expuestos a cánceres, enfermedades diarreicas graves, presencia de olores intensos, presencia de moscas y la muerte de flora y fauna, señala Alberto Velázquez, integrante del Grupo Indignación, organización que acompaña la defensa de los pueblos originarios desde hace 30 años.
Particularmente, explica a Contralínea, se ha documentado que en Kinchil, hasta las abejas –las principales polinizadoras– se han visto afectadas, pues la vegetación ha empezado a morir y se ha reducido considerablemente la producción de miel. A ello se suma el incremento de enfermedades.
El defensor maya Alberto Velázquez indica que “cuando falla el cárcamo de agua potable en las comunidades, se reutilizan los pozos y con esa agua se lava ropa, platos, se riegan plantas, la gente se baña y en ocasiones se alimenta”. El problema, señala, es que esa agua previamente extraída y utilizada por la industria porcícola regresa al manto freático con residuos de nitratos, heces de cerdos y metales pesados. Ello no sólo contamina los ríos subterráneos, sino toda el agua en Yucatán, al estar conectada.
Esto afecta también a las comunidades de San Fernando, Sitilpech, Chapab, Calcehtok y Homún, que actualmente se encuentran en procesos legales en contra de la industria de crianza. Al respecto, Velázquez expone el caso de Homún, el pueblo ubicado dentro de la reserva hidrológica Anillo de los Cenotes y una de las zonas más vulnerables de contaminación, que ganó visibilidad cuando evitó la puesta en marcha de una mega granja porcícola con capacidad de 50 mil cerdos por ciclo. “Con colectivos y autoconsultas se realizaron diferentes litigios, y en 2018 –a partir de un amparo promovido por niños, con sus representantes legales– se consiguió una suspensión otorgada en su momento por la juez cuarta de Distrito”.
El miembro del Grupo Indignación señala que con estos juicios se ha permitido exponer las afectaciones que hay en el medio ambiente, agua, suelo y aire por la actividad porcícola. Además, de visibilizar la necesidad de crear normas adecuadas, pertinentes y amigables con el medio ambiente para que en ellas se basen los permisos que se dan a las granjas porcícolas.
En ese contexto, Alberto Velázquez indica que actualmente, de las 250 granjas que hay en Yucatán, solamente 22 cuentan con manifestación de impacto ambiental. De igual manera, señala que las industrias porcícolas en ningún momento llevaron a cabo consultas libres, previas e informadas sobre las granjas para los pueblos originarios de la región.
Y ello, subraya, es violatorio al derecho al territorio, a la libre determinación y la autonomía como pueblo maya. “Ellos instalaron sin más las granjas en la península de Yucatán y nosotros deberíamos haber tenido el derecho de dar ese consentimiento, porque no hay forma de mediar, de mitigar los daños al medio ambiente, agua, flora, fauna y el aire, porque la mayor parte de las veces estos daños son irreparables”.
Por ello, explica en entrevista que a raíz de la solicitud de los 21 pueblos mayas al presidente Andrés Manuel López Obrador, se espera que el seguimiento al caso continúe y finalmente se ponga un alto a la actividad porcícola en la región. Porque en términos generales, señala, el reclamo siempre es el mismo: “que se vaya la granja” porque no puede primar el factor económico frente al factor de la salud y ambiental. No puede pesar más las 50 fuentes de empleo frente a la vida de los pobladores indígenas mayas.
En cuanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Velázquez explica que ya están habiendo acercamientos. Sin embargo, “con expectativa se espera que se haga algo más, porque es una problemática que requiere atención precisamente por las condiciones del suelo y el agua en Yucatán.”
