Por Érika Ramírez, Contralínea, 08 de diciembre del 2020.

La reforma al párrafo quinto del citado artículo es preocupante porque busca “diluir la responsabilidad del Estado de garantizar la protección del medio ambiente, y que ésta recaiga en la sociedad… La modificación plantea un espaldarazo a la industria en contra del derecho al medio ambiente sano y demandaron imperativo que se abra un debate sobre el tema en parlamento abierto”, señalaron investigadores, organizaciones y defensores medioambientales.

A través de un comunicado, indicaron que este acto busca “reconocer al planeta como un ente de derechos, procurando su bienestar sobre cualquier actividad humana o interés económico. No obstante, el decreto final propuesto del documento incluye conceptos erróneos, e incluso regresivos, que debilitan el precepto constitucional”.

La propuesta se votará en el Pleno del Senado mañana miércoles 9 de diciembre. Esta señala que “todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del Planeta y a garantizar la coexistencia de todos los sistemas de vida. Corresponde al Estado y a la sociedad, conservar, restaurar, desarrollar sosteniblemente y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico. La Ley establecerá mecanismos de participación social, prevención, control y acceso a la justicia, así como sanciones y responsabilidades por actos u omisiones que causen daño, contaminación o deterioro ambiental”.

Para los investigadores y organizaciones, “dicho texto resulta contrario al principio de progresividad establecido en el primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y, por lo tanto, es violatorio de derechos humanos y de nuestra Carta Magna. Es crucial asegurar que el régimen de responsabilidad ambiental, reconocido actualmente de manera expresa en el artículo 4 de la Constitución, se mantenga dentro del marco de los derechos humanos”.

Aunado a ello, en su comunicado manifiestan que “la modificación incurre en regresiones a derechos humanos como el uso del concepto de participación social en lugar de la participación pública como lo reconoce el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), recientemente ratificado por el Senado de la República”.

Las personas y organizaciones firmantes consideran que no se requiere modificar la Constitución en ese sentido, toda vez que al momento de entrar en vigor este acuerdo, se incorpora al bloque de control constitucional, por lo que la participación pública será parte del marco constitucional mexicano.

“Se agregan los términos de ‘prevención’ y ‘control’ de la justicia, lo que es confuso, poniendo en riesgo el acceso al derecho humano a la seguridad jurídica de las personas. Además, suprime del texto constitucional la obligación a reparar el daño de quien lo genera, lo que diluye el principio de ‘quien contamina, debe de pagar’, como lo establece la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, reforzando el debilitamiento del acceso efectivo a la justicia mediante procedimientos judiciales y administrativos, en particular al resarcimiento de daños al ambiente”, expone el documento.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Agricultura del Bien Común A.C., Cambio de Ruta A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro para la Diversidad Biológica, Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, EscazúAhoraMX, Fundación Tláloc A.C., Greenpeace México A.C., Iniciativa Climática de México, Kolectivo Rebelde-Mérida, Revive México A.C., UNORCA Estado de México A.C, Windlands Network-Programa México y Tierras Fronterizas.

Entre los investigadores: Argelia Salinas Ontiveros, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; Carlos H. Ávila Bello, Cristina Barros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), David Linares A, Debora Lithgow, del Instituto Nacional de Ecología A.C.; Fabián García Moya, profesor-Investigador Universidad Autónoma de Chapingo, Judith Zubieta, UNAM; Leticia Merino Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Marisol Anglés Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Gabriela Vargas Cetina, Horacio de la Cueva, Joel Arellano Ortiz; Josefina Hernández Téllez, investigadora Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Juan Esteban Martínez Gómez, Kinik M. Aguilar, Luisa Paré, Marco Aspron, Mauricio Macossay Vallado, Orlik Gómez García, Raúl Rubio, Rolando Valentín Benítez Sánchez y Rubén Loaeza.

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