Por Mario Osava, IPS Noticias, 13 de mayo del 2020.

“En las primeras entregas de comida nos pidieron material de limpieza e higiene”, se sorprendió Martha Marcondes, la madre. El dinero donado por familiares y amigos permitió incorporar en cada paquete individual agua, papel higiénico, jabón, cepillo y pasta de dientes e incluso absorbentes sanitarios femeninos.

“El agua vale oro”, dijeron los beneficiarios en referencia a las nuevas necesidades higiénicas, contó Marcondes, profesora de enseñanza básica, dispuesta a seguir en su acción solidaria “hasta el fin del aislamiento social exigido por la pandemia”.

La abuela, Walkiria de Oliveira, socióloga y funcionaria pública jubilada, cocina y no participa en la distribución por las calles de las comidas, colocadas en recipientes desechables con tapas, porque tiene 74 años y es persona de riesgo ante el coronavirus.

“Optamos por ayudar a los que viven cerca de nuestro barrio, Campo Belo, debajo del monorriel”, una vía elevada de transporte proyectada con motivo de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y que permanece inconclusa hasta hoy, informó a IPS desde su hogar en la maga urbe brasileña.

En el centro de São Paulo, donde se concentra la mayor población sin techo, actúan otros benefactores más potentes. El centro de eventos empresariales Espacio Sinimbu, obligado a suspender sus actividades por la pandemia, aprovecha su restaurante para ofrecer semanalmente cerca de 300 comidas calientes, también entregadas en recipientes desechables, ejemplificó Oliveira.

Esas iniciativas forman parte de una amplia movilización de la sociedad brasileña para mitigar los efectos de la pandemia de la covid-19, que desde mediados de marzo obliga la mayoría de la población al confinamiento en sus hogares en casi todo el Brasil.

La economía y las ciudades semiparalizadas sumieron en el desamparo a decenas de millones de trabajadores informales, nuevos desempleados y personas sin hogar.

El gobierno decidió conceder una ayuda de emergencia de 600 reales (105 dólares) mensuales, por tres meses, a poco más de 50 millones de personas que se quedaron sin ingresos durante esta crisis. Las madres que son sostén de sus hogares tienen derecho al doble.

Además de ser una cantidad insuficiente, a otras 46 millones de personas se les rechazó definitivamente su solicitud o quedó pendiente hasta completar los requerimientos requeridos.

Eso significa que 45 por ciento de los 211 millones de habitantes de Brasil sienten que necesitan ayuda para sobrevivir a la crisis generada por la pandemia.

Recursos del gobierno central destinados a los 27 estados brasileños y a las municipalidades para compensar las pérdidas tributarias todavía están pendientes de la aprobación legislativa, con una demora que amenaza los servicios de salud y los salarios de los funcionarios.

Las líneas de crédito abiertas a las empresas para sostener los empleos también quedaron atrapadas en la burocracia e incertidumbres agravadas por las contradicciones de un gobierno cuya adicción a la austeridad fiscal y aversión a políticas sociales retardan o impiden las medidas compensatorias.

Todo se complica aún más por la acción negativa del presidente Jair Bolsonaro, que desdeña la pandemia y quiere reactivar sin demoras la economía, arguyendo que el desempleo “mata más que el coronavirus”.

Además destituyó el 16 de abril al hasta entonces ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, por impulsar el “quédate en casa”, y horada el aislamiento social impuesto por los gobiernos de los estados y de los municipios con decretos que incluyen en las “actividades esenciales” hasta peluquerías y centros de belleza.

En medio a esas turbulencias políticas y la cada vez más honda crisis social, las organizaciones y movimientos sociales, a quienes Bolsonaro ha tratado como enemigos en sus 16 meses en el poder, asumieron la misión de garantizar la alimentación a buena parte de la población en situación de pobreza.

La Acción de la Ciudadanía, una red de comités distribuidos por todo el Brasil, ya distribuyó cerca de 2500 toneladas de alimentos a casi 300 000 familias, especialmente en las periferias metropolitanas, las más afectadas por el coronavirus, destacó a IPS su director ejecutivo, Rodrigo Afonso.

La organización, con su base principal en Río de Janeiro, tiene facilidades para distribuir alimentos a las comunidades pobres, gracias a los comités que adquirieron experiencia durante la campaña contra el Hambre, la Miseria y por la Vida, lanzada en 1993 por el sociólogo Herbert de Souza, un líder social conocido como Betinho, fallecido en 1997.

La campaña movilizó a todo el país, impulsó políticas de seguridad alimentaria y creó una red de comités que luego abasteció millones de familias en las operaciones anuales del “Navidad sin hambre”.

“Esta vez la colecta es más en dinero, debido al aislamiento, y compramos los alimentos al por mayor, más baratos. Elaboramos las canastas y las distribuimos por los comités y entes locales, repitiendo lo que siempre hicimos”, explicó Afonso.

“La crisis despertó la solidaridad incluso entre empresarios, cuyas donaciones antes buscaban publicidad y por eso se concentraban en temas como infancia y ambiente. Ahora, ante la tragedia del hambre y también económica, donan sin pedir contrapartida, ni siquiera la publicación de su logo”, observó.

Pero Afonso teme la “segunda ola”, la del desempleo. “La sociedad civil se moviliza como no lo hacía desde hace mucho tiempo, alivia el hambre y evita convulsiones sociales, pero no soluciona la crisis. En algún momento caerán las donaciones de empresas y personas”, advirtió.

El teólogo Naidison Quintela, uno de los coordinadores de la Articulación del Semiárido Brasileño (ASA) y dirigente histórico del Movimiento de Organización Comunitaria (MOC) del nororiental estado de Bahia, identifica “un muy interesante proceso” de construcción de una sociedad más solidaria.

Dos comités de solidaridad en Bahia, uno organizado por la sociedad civil y otro de organismos estatales con participación social, activaron la búsqueda de alternativas para superar la pandemia, con políticas alimentarias, de saneamiento, culturales y para adultos mayores, apuntó.

La Fundación del estatal Banco do Brasil y el Sindicato de Auditores Fiscales financian canastas de alimentos adquiridos a agricultores familiares para abastecer 1833 familias del interior de Bahia, asistidas por MOC.

Una red de 13 organizaciones de la red ASA aprovecha la distribución de canastas de alimento para educar niños, de forma interactiva, sobre agua en sus tierras semiárida, agricultura, higiene y la vida local.

Otros ejemplos concretos son una red de mujeres artesanas que el gobierno de Bahia contrató para hacer 700 000 mascarillas antivirus, 240 000 ya entregadas, y la acción del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el fomento de nuevas relaciones campo-ciudad, acotó Quintela.

“Fiambrera Solidaria”, como se llama una campaña del MST iniciada el 23 de marzo ya distribuyó en envases desechables más de 60 000 comidas, cerca de 2000 por día, en Recife, capital del estado nororiental de Pernambuco, y alrededores, dijo Paulo Mansan, un director del MST local.

Los alimentos provienen de asentamientos de la reforma agraria, implantados en parte por luchas pasadas del MST, y de otras donaciones en dinero o productos, que pasan por el Almacén del Campo, tiendas que el movimiento instaló en muchas ciudades para venta de alimentos saludables a precios justos.

“Manos Solidarias es el programa en que el MST junta manos artesanas, que cocinan y entregan, muchas voluntarias”, explicó Mansan. “En ese paraguas están 300 costureras que producen mascarillas” para la protección de personas que viven en pobreza, concluyó.

ED: EG

ACO
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