Por Mariela Jara, IPS Noticias, 19 de febrero de 2024.
En diciembre del 2023 se modificaron dos artículos de la también conocida como la Ley N° 29763, mediante los cuales se autorizan medidas en perjuicio de los territorios de la Amazonia, que ya experimentan una degradación acelerada por la deforestación causada por el narcotráfico, la tala, la minería y los monocultivos.
“En el territorio está nuestra existencia, pero no lo respetan, estamos amenazados por actividades ilegales y todo lo que se enmarca en lo que el gobierno llama desarrollo”, afirmó Cusurichi por teléfono desde la ciudad de Puerto Maldonado, en el departamento amazónico de Madre de Dios, al sureste del país, con una población estimada en 187 000 habitantes y donde la gran biodiversidad convive con la minería que es ilegal e informal en su mayoría.
Cusurichi, de 53 años y perteneciente al pueblo shipibo, fue ganador en 2007 del Premio Goldam por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas no contactados, y ocupa el cargo de tesorero en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
“Esta ley es como decir: de una vez hay que matar a los indígenas para que no sigan molestando, y entrar a extraer todo lo que hay, porque somos los únicos que le estamos estorbando”: Marisol García.
Esa agrupación reúne a nueve organizaciones amazónicas y 109 federaciones que representan a más de 2400 comunidades nativas donde viven 650 000 mujeres y hombres que se agrupan en 19 familias lingüísticas en la selva del Perú.
Este país sudamericano, con 33 millones de habitantes, posee el cuarto bosque selvático más grande del planeta. Más de 60 % de su territorio está cubierto de bosques húmedos amazónicos y es rico en especies forestales y animales. Pese a la lucha de los pueblos indígenas por conservarlo, la deforestación avanza y la decisión parlamentaria es un terrible golpe.
“Esta ley nos preocupa porque viene de un interés de los grandes inversionistas que quieren continuar destruyendo la Amazonia; promoverá la masiva invasión a nuestros territorios y quedaremos desprotegidos”, afirmó el dirigente shipibo.
Perú tiene la segunda extensión de territorio amazónico, con 13 % del total, solo por detrás de Brasil, con 60 %, entre los ocho país incluidos en la cuenca. En los casi 783 000 kilómetros cuadrados, 62 % del territorio peruano, dividido en seis departamentos, donde viven 66 pueblos y subgrupos originarios.
Territorios de pueblos indígenas: mayor inseguridad jurídica
El 14 de diciembre del 2023, al borde del cierre del anual periodo legislativo, se aprobó por mayoría la reforma de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que entre otros cambios suspende “la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes” hasta por tres años.
Prohíbe que durante ese lapso se entreguen títulos en áreas donde se encuentren en trámite de reconocimiento, titulación o ampliación de comunidades nativas; y en áreas en que se esté tramitando el establecimiento de reservas territoriales, pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial.
Establece además que los predios privados con títulos de propiedad o constancias de posesión serán considerados “de manera excepcional” áreas para fines agropecuarios.
Los cambios afectan al texto de los artículos 29 y 33 de la norma, y dos de sus disposiciones complementarias, en una reforma orientada específicamente –y escandalosamente, según sus críticos- a facilitar la apropiación y titulación de los privados y obstaculizar la de los habitantes ancestrales del territorio.
“Los pueblos indígenas exigimos desde hace más de 15 años la georreferenciación de las comunidades nativas para la titulación, pero en vez de atendernos dan esta ley que no solo incrementará la invasión, sino que la va a validar”, alertó el dirigente.
Se estima que solo un tercio de los pueblos indígenas amazónicos ha sido titulado, lo que somete al resto a inseguridad jurídica y vulnerabilidad ante los intereses económicos.
Cusurichi agregó que ahora la autoridad dará certificados de posesión a privados ajenos al territorio, aunque sea de seis meses, con lo cual, en el marco de la nueva ley ya no se podrá otorgar la titularidad a una comunidad originaria asentada allí ancestralmente.
“Crecerá la violencia contra los defensores ambientales, en los últimos 10 años han muerto 33 indígenas por defender su territorio, con esta ley todos estamos en peligro”, advirtió.
El relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, denunció que la nueva norma podría amenazar la supervivencia de los pueblos indígenas peruanos.
Aidesep denunció que promoverá la deforestación a gran escala y facilitará el otorgamiento de derechos “sobre nuestros bosques a favor de terceros”. Acusó al legislativo Congreso de violar su derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, al que Perú se ha comprometido en convenios internacionales.
Deforestación por los monocultivos
Los intereses tras bambalinas emergieron al conocerse la carta que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que agrupa a las empresas con mayor poder económico en el país, remitió al presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto, un día antes de que la propuesta de ley entre en agenda y se apruebe.
Aluden a la necesidad de dar seguridad jurídica a los agricultores establecidos que buscan la armonización con la “normativa europea de importación cero deforestación” y que solo se “regularizarán actividades ya existentes en terrenos degradados”.
Una de las actividades que más deforestación ha provocado es el cultivo de la palma aceitera (Elaeis guineensis), una planta de origen africano de cuyo fruto se obtiene el insumo oleaginoso para la industria agroalimentaria principalmente.
Es un monocultivo extendido en departamentos amazónicos. Un estudio de la organización internacional Oxfam reveló que los cultivos de palma aceitera crecieron en Perú en más de 700 % entre los años 2000 y 2019.
“Ahora cualquier persona podrá tener su título individual y las empresas comprar 10, 15, 20 de esos títulos y llegar a la meta que quieran. Van a legalizar el monocultivo, la depredación, como ha ocurrido en el departamento de Ucayali con la palma aceitera”, expresó Cusurichi.
“Parece que con esta ley nos quisieran matar”
Marisol García, lideresa del pueblo kichwa y presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonia (Fepikecha), base de Aidesep, expresó a IPS su frustración tras la aprobación de la ley.
Siente que se incrementarán las violencias que ya viven por efecto de la deforestación, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala, la minería y el monocultivo de la palma aceitera.
Ella vive en la comunidad nativa Túpac Amaru y declaró a IPS por teléfono desde el municipio de Chazuta en el departamento norriental de San Martín que cuenta con poco más de 930 000 habitantes y presenta una expansión del cultivo de palma aceitera.
Reveló que está amenazada de muerte por denunciar las prácticas que dañan el territorio y los derechos de los pueblos indígenas. Y si bien cuenta con medidas de protección no confía en ellas, “son solo dos hojas de papel”.
“Acá seguimos en shock después del asesinato del apu (autoridad) Quinto Inuma, kichwa como yo, de la comunidad nativa de Santa Rosillo, no nos podemos recuperar”, dijo.
Inuma fue asesinado en noviembre de 2023 tras denunciar la invasión de su territorio por actividades ilegales, pese a tener activado el mecanismo de protección que dispone el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de sus constantes pedidos de apoyo.
García recordó que en diciembre de 2022 se reunieron con representantes de la Unión Europea para darles a conocer que el cultivo de la palma aceitera les despojaba de sus territorios y ponía en riesgo sus vidas.
El encuentro se produjo durante la cumbre climática que acogió la ciudad egipcia de Sharm el Sheij y el diálogo con el bloque europeo es importante porque uno de sus miembros, Países Bajos, es uno de los mayores compradores del aceite de esa palma de Perú.
“Se comprometieron a sacar un reglamento de no comprar el producto si vulneraba los derechos de los pueblos indígenas y lo hicieron, pero de qué sirve, con esta ley han formalizado lo ilegal y seguirán comprando sin importarles que se destruya la naturaleza”, lamentó.
Añadió que siente que “esta ley es como decir: de una vez hay que matar a los indígenas para que no sigan molestando, y entrar a extraer todo lo que hay, porque somos los únicos que le estamos estorbando”.
Con 38 años y madre de dos niños de seis y ocho que cría con el apoyo de su mamá y de su pareja, identifica los intereses económicos legales e ilegales como la principal amenaza que enfrentan ante la cual el Estado no actúa.
“Nosotros no tenemos alternativa, yo no puedo ponerme mi camiseta de defensora hoy día y mañana me la saco porque ya no quiero. Indígena que nace, lo hace con este compromiso, con esta responsabilidad que nos es inherente y heredada”, subrayó.
