Por IPS, Contralínea, 08 de junio de 2023.
Es sólo el último de una serie de asaltos de Estados Unidos a la soberanía alimentaria de México a través de las décadas. Utilizando el instrumento contundente de un acuerdo comercial, ha inundado a los mexicanos con maíz, trigo y otros alimentos básicos baratos. Como resultado, socavó la capacidad del país latinoamericano para producir sus propios bienes alimentarios.
Dado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no da muestras de retroceso, el conflicto puede poner a prueba hasta qué punto un gran exportador utilizará un acuerdo comercial con el fin de obligar a una nación soberana a abandonar las medidas que considera necesarias para proteger la salud pública y el medioambiente.
La ciencia de la precaución
Las medidas en cuestión están contenidas en el decreto del presidente mexicano –anunciado a finales de 2020 y actualizado en febrero de 2023–. En ellas, se prohíbe el cultivo del maíz modificado genéticamente. Además, se eliminará de manera gradual el uso del herbicida glifosato para 2024. Y no se permitirá el uso del maíz transgénico en tortillas y harina.
Los objetivos declarados son proteger la salud pública y el medio ambiente. En particular, la rica biodiversidad del cultivo nativo, el cual puede verse comprometido por la polinización incontrolada de las plantas transgénicas.
Mientras que el decreto original se comprometía a eliminar poco a poco los usos del maíz modificado, el decreto actualizado retira sus restricciones en la alimentación animal y los productos industriales. Ello, a la espera de más estudios científicos sobre los impactos en la salud humana y el medio ambiente.
Alrededor del 96 por ciento de las exportaciones estadunidense a México entran en esa categoría. No está claro qué proporción de las exportaciones restantes –en su mayor parte maíz blanco– se destina a las industrias de tortillas y harina de maíz.
Se trata de concesiones importantes. Después de todo, no existe ninguna restricción comercial para el maíz transgénico. México ni siquiera restringe las importaciones, sólo su uso en tortillas.
Sin embargo, no importa. En la notificación formal, el gobierno de Estados Unidos iniciaría consultas preliminares para presentar la disputa ante un panel de arbitraje del T-MEC. Se cita la falta de justificación científica de las medidas implementadas por México, la denegación de algunas autorizaciones para nuevos productos transgénicos y la intención declarada de sustituir este tipo de maíz por variedades naturales en todos los usos.
En su breve respuesta, la Secretaría de Economía (SE) señaló que México demostrará que sus medidas actuales tienen poco impacto en los exportadores estadunidenses, debido a que el país es autosuficiente en maíz blanco y nativo.
Cualquier sustitución futura de maíz no transgénico no implicará restricciones comerciales. Provendrá de las inversiones nacionales para reducir la dependencia a las importaciones, mediante la promoción de una mayor producción interna de este grano y otros alimentos básicos.
También, la SE indicó que el capítulo ambiental del T-MEC obliga a los países a proteger la biodiversidad. Para México –donde el maíz fue domesticado por primera vez y la dieta y la cultura están tan definidas por él–, su biodiversidad es una prioridad.
En cuanto a la afirmación de que las preocupaciones de México no tienen bases científicas, la acción de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos se produjo después de cinco semanas de foros públicos sin precedentes. Éstos fueron convocados por las agencias científicas mexicanas para evaluar los riesgos y peligros.
Más de 50 expertos nacionales e internacionales presentaron pruebas que justifican las medidas cautelares adoptadas por el gobierno mexicano. Tras décadas de invasión agrícola estadunidense, el país latinoamericano ha desplazado a su vecino del norte como líder mundial en obesidad infantil. Se debe a que las dietas ricas en maíz nativo y otras comidas tradicionales han sido sustituidas por alimentos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de azúcar, sal y grasas.
Los investigadores descubrieron que, desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigencia en 1994 –al cual se sustituyó con el T-MEC desde 2020–, Estados Unidos ha estado “exportando obesidad”.
Recientemente, el gobierno de López Obrador se enfrentó a la poderosa industria de alimentos y bebidas para imponer severas etiquetas de advertencia en los alimentos con alto contenido de estos ingredientes poco saludables. Sus restricciones al maíz transgénico y al glifosato se derivan del mismo compromiso con la salud pública.
Lo mismo ocurre con la campaña del gobierno para reducir la dependencia de las importaciones de cultivos claves: maíz, trigo, arroz, judías y productos lácteos. Sin embargo, como evidenció un nuevo informe político del Instituto de la Política Agrícola y Comercial (IATP, en inglés), “Nadando contra la corriente”, las exportaciones baratas de Estados Unidos siguen socavando estos esfuerzos.
Hemos documentado que, en diecisiete de los veintiocho años transcurridos desde que entró en vigor el TLCAN, Estados Unidos ha exportado maíz, trigo, arroz y otros cultivos básicos en precios inferiores a lo que cuesta producirlos. Se trata de una práctica comercial desleal, conocida como “dumping agrícola”. Tiene su origen en la sobreproducción crónica de estos productos en la agricultura industrializada de ese país.
Justo cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte eliminó muchas de las medidas políticas que México podía utilizar para limitar dichas importaciones, la sobreproducción estadunidense alcanzó un crescendo, resultado de su propia desregulación de los mercados agrícolas.
Las exportaciones de maíz a México se dispararon más de 400 por ciento en 2006, debido a que el precio era 19 por ciento menor al costo de producción. Y de nuevo en 2014 a 2020 se situaron 10 por ciento por debajo. Pasó justamente cuando México empezó a tratar de estimular la producción interna.
Calculamos que los agricultores mexicanos de maíz perdieron 3 mil 800 millones de dólares en esos siete años por los bajos precios de sus cosechas. También los productores de trigo perdieron 2 mil 100 millones de dólares por las exportaciones de Estados Unidos a precios 27 por ciento inferiores a los costos de producción.
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha tenido poco éxito en aumentar la producción nacional de sus alimentos prioritarios. Aunque el incremento de los precios internacionales en 2021 y 2022 supuso un estímulo para los agricultores. Como también lo han sido las creativas iniciativas gubernamentales, incluido un innovador plan de compras públicas justo cuando llega la gran cosecha de maíz blanco en el norte del país.
Con la caída de los precios del maíz y el trigo en un 20 por ciento en las últimas semanas, el gobierno está comprando alrededor de 40 por ciento de la cosecha de pequeños y medianos agricultores a precios más altos. Ésto con el fin de dar a los productores más grandes el poder de negociación y luego exigir precios más altos de los grandes compradores de granos que dominan la industria de la tortilla.
Nadar contra la corriente neoliberal
Con su compromiso con la salud pública, el medio ambiente y el aumento de la producción nacional de alimentos básicos, el gobierno mexicano está nadando a contracorriente del fuerte río neoliberal. Sorprendentemente, lo está haciendo sin dejar de cumplir su acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Antes de que las autoridades comerciales estadunidenses agraven aún más la disputa sobre el maíz transgénico, deberían mirarse al espejo. Preguntarse si tres décadas de dumping agrícola son coherentes con las reglas de un justo comercio internacional ¿Y por qué México no tiene el derecho a garantizar que sus tortillas no estén contaminadas con ese maíz modificado y glifosato?
Timothy A Wise*/IPS (Inter Press Service)**
*Asesor principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP). También es investigador sénior en el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Global de la estadounidense Universidad de Tufts
