Por Silvia Ribeiro, Biodiversidad LA, 13 de febrero de 2023.
A finales de 2022, a través de Access Business Group (ABG, dueña de Amway), inició una demanda contra México por 3 mil millones de dólares, por supuesta pérdida de ganancias futuras en el país. Aunque la demanda es de un cinismo feroz y no tiene bases reales, lo hacen porque el TLCAN y otros tratados de protección de inversiones firmados por México le dan marco para ello. Muestra el gravísimo error de firmar acuerdos de protección de inversiones a través de acuerdos de libre comercio u otras vías. Según el reporte Radiografía del Poder Transnacional, del Transnational Institute y el Institute for Policy Studies, México había recibido hasta diciembre 2021, 38 demandas de empresas contra el Estado (la mayoría alegando su derecho a contaminar, explotar recursos mexicanos, etcétera) totalizando miles de millones de dólares. Perdió 11, ganó 11 y otras siguen pendientes. Se suma ahora la demanda de ABG-Amway-Nutrilite.
Por si fuera poco, las tierras que ocupa y quiere seguir abusando Amway-Nutrilite son las del ejido San Isidro, en Jalisco, que ha llevado una lucha agraria histórica y de muchas formas ejemplar.
Son tierras que fueron otorgadas al ejido por decreto de Lázaro Cárdenas en 1939. Del total otorgado, 280 hectáreas no fueron entregadas desde entonces y fueron ocupadas fraudulentamente por una serie de maniobras de funcionarios y terratenientes. Amway-Nutrilite las compró en 1994, coronando esta larga cadena de abusos y a sabiendas de las irregularidades que pesaban sobre ésta, lo cual consta incluso en el contrato de compraventa.
El ejido San Isidro nunca se rindió. Después de una lucha sostenida por 83 años y cuatro generaciones sufriendo y superando todo tipo de dificultades, el ejido logró en 2022 recuperar la posesión legal de toda su tierra.
En julio 2022, la trasnacional Amway-Nutrilite tuvo que entregar 120 hectáreas del total de 280 hectáreas que ocupaba. Retuvo 160 hectáreas con la maniobra de sembrarlas tres días antes de la fecha acordada para la ejecución de la sentencia a favor de San Isidro, para demorar la entrega aludiendo a que las leyes agrarias permiten un plazo para levantar las cosechas. Esas 160 hectáreas debían ser entregadas seis meses después, el 14 de enero de 2023. La empresa no lo cumplió, obtuvo un amparo provisional, que es legalmente insostenible, y además inició a través de su figura legal en Estados Unidos Access Business Group, una demanda contra el Estado mexicano por 3 mil millones de dólares por supuestas afectaciones.
Las autoridades agrarias que debían haber verificado la entrega de las 160 hectáreas el 14 de enero de 2023 no se presentaron pese a que el amparo que obtuvo la empresa no debía proceder, porque la ejecución de la sentencia ya se había realizado en julio de 2022, ahora era solamente un acto de seguimiento para completar la ejecución. Ramón Vera Herrera explica con claridad los vericuetos de estas maniobras y cómo interactúan con las de la trasnacional y funcionarios. Expone además que algunos funcionarios sugirieron al ejido que debían proceder por sí mismos para desocupar a la trasnacional, que como ya todo está ejecutado, vayan a las puertas de Amway con un notario y constaten si se salen de las tierras o se niegan, para que así el ejido les levante un juicio penal por invasión y despojo.
Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales, así como cientos de activistas, intelectuales, académicos, marcaron su solidaridad con el ejido San Isidro y seguiremos apoyándoles en su justa y emblemática lucha.
Pese a las contrariedades, para el ejido fue una victoria obtener la carpeta básica de concreción de la ejecución como hecho consumado, con actas de deslinde y posesión, así como el plano definitivo de colindancias, lo cual afirmó su certeza jurídica. Ésta ya está inscrita ante el Registro Agrario Nacional. La empresa debe entregar la tierra de las y los campesinos, que además de ser legalmente suya, la necesitan para subsistir y desarrollarse como ejido agroecológico.
En la defensa contra la absurda demanda de ABG (Amway-Nutrilite), el gobierno debe tomar en cuenta la gran cantidad de datos y argumentos legales en manos del ejido y sus asesores legales, que han acumulado por muchos años y muestran que la demanda no procede. Comenzando, como señala Ramón Vera Herrera que desde la firma del contrato de compraventa, Amway-Nutrilite ya sabía que el terreno podría tener gravámenes y afectaciones agrarias.
Frente al tamaño e historial de abusos de Amway-Nutrilite, es completamente desproporcionado que se pretenda que sea el ejido el que enfrente a la trasnacional. Son las autoridades agrarias las que deben asegurar que se termine ya la entrega de tierras.
A todas y todos compete seguir apoyando la lucha del ejido San Isidro.
* Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC
