Por Mariángeles Guerrero, Biodiversidad LA, 20 de diciembre de 2022.
Santa Fe es un territorio significativo en la historia de la ruralidad argentina. En el centro de “la bota” se fundó, en 1861, la primera colonia Agrícola del país: la localidad de Esperanza, adonde acudieron inmigrantes de diferentes países europeos a un proyecto colonizador cuyo principal eje era el trabajo de la tierra. La provincia también fue cuna del Grito de Alcorta, en la localidad homónima en 1912, acontecimiento inicial de la Federación Agraria Argentina. Cuenta con dos de los puertos más importantes del país —Rosario y San Lorenzo—, en las orillas donde hoy se discute el futuro de un río: la hidrovía del Paraná. Contiene, en el oeste, la cuenca lechera más importante del territorio nacional. En el norte de monte chaqueño aparece el fantasma de La Forestal, una de las primeras grandes empresas extractivistas asentadas en el país, con un modelo que persiste como un pasado de voracidad y explotación.
En sus 133.007 kilómetros cuadrados, Santa Fe presenta una diversidad geográfica y productiva donde el agronegocio se expande de sur a norte, pero donde también comienzan a crecer propuestas agroecológicas para servir alimentos a la mesa.
Tierra en pocas manos
El último Censo Nacional Agropecuario indica que en la provincia existen 20.095 establecimientos agropecuarios. Son unas 9.478.912 hectáreas destinadas a la producción. Según el estudio “Transformaciones fundiarias y en el uso del suelo en la provincia de Santa Fe entre el Censo Nacional Agropecuario 2002 y el Censo Nacional Agropecuario 2018” de Roxana Albanesi y Patricia Propersi, la provincia presenta uno de los mayores índices de reducción de explotaciones a nivel nacional. En 2018 se contabilizaron 8153 empresas agropecuarias, 29 por ciento menos que en 2002. En otras palabras, desaparecieron tres de cada diez establecimientos. Las investigadoras explican esto por “una tendencia hacia la concentración de la tierra y el capital” que perjudica a pequeños y medianos productores.
Tanto el censo de 2002 como el de 2018 muestran que en Santa Fe la mayor cantidad de establecimientos agropecuarios (22,1 por ciento y 22,9 por ciento, respectivamente) se ubican en el rango de extensión de 200 a 500 hectáreas. Sin embargo, cuando se comparan ambos relevamientos, se observa una tendencia a la desaparición de las unidades productivas más pequeñas en favor de las de mayor extensión.
Entre 2002 y 2018 el número de explotaciones de entre 1000 y 5000 hectáreas creció en un 2,2 por ciento y la cantidad de campos productivos de entre cinco y 50 hectáreas se redujeron en un 2,3 por ciento. A principios del siglo, los establecimientos de entre 1000 y 5000 hectáreas explicaban el 33,9 de las explotaciones en la provincia, cifra que trepó al 37,7 por ciento en el último relevamiento nacional.
En 2002 las explotaciones superiores a las 1000 hectáreas operaban el 54 por ciento de la superficie de la provincia, mientras que en el censo de 2018 esa proporción ascendió al 58,6 por ciento. Esos campos de grandes extensiones conforman apenas el 10,5 por ciento del total de explotaciones, pero utilizan casi el 60 por ciento del total de la superficie de Santa Fe.
Albanesi y Propersi advierten que la agricultura familiar tuvo que enfrentar un modelo productivo que reestructuró radicalmente las condiciones de producción, aumentó la dependencia del capital y la expansión de la producción a escala, y afectó fuertemente sus posibilidades de permanecer en el sector agropecuario como actor productivo. Familias poseedoras de menor cantidad de hectáreas terminaron cediéndolas por la falta de recursos para sostener la producción.
La agricultura extensiva, el reinado de la soja y el crecimiento de los cereales
A partir de la década del 90 el cultivo de soja se extendió como principal actividad agropecuaria santafesina desde la llanura del sur hacia el monte del norte. Datos del Ministerio de Agricultura de la Nación señalan que, entre 2016 y 2021, se produjeron 36,5 millones de toneladas de soja, 16,3 millones de trigo y 3,6 millones de toneladas de arroz. También se obtuvieron 232 mil toneladas de cebada, 100 mil de avena y 20.000 de algodón.
Entre 2016 y 2020 se cosecharon 24,2 millones de toneladas de maíz; 1,6 de girasol; 1,1 millones de toneladas de sorgo y 58.000 de maní. En cuanto a legumbres, entre 2019 y 2021 se levantaron 73.000 toneladas de arvejas y 41.000 de lentejas.
En cuanto a la extensión de tierra ocupada por cada tipo de cultivo, la soja abarca 2,1 millones de hectáreas, el trigo llega a las 716.000, el maíz a las 615.000 hectáreas y el girasol alcanza las 115.000 hectáreas..
Los datos indican la prevalencia de la soja en una provincia con condiciones ecológicas diversas, que a lo largo del tiempo permitieron la producción de commodities en las pampas del sur; la lechería, la cría de vacas y en menor medida la agricultura en el centro y la existencia de economías regionales ligadas al arroz, el algodón, la caña de azúcar y la actividad forestal en el norte.
En los últimos años se evidencia un crecimiento en la siembra de cereales (maíz, trigo). La Bolsa de Comercio de Rosario estableció una comparación entre el censo de 2018 y el de 2002. En su análisis, explicita que Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires presentaron “una intensificación relativa en la siembra de cereales, mejorando el ratio cereales/oleaginosas de manera notable”. La de Santa Fe fue la variación más intensa, creciendo este indicador un 17,8 por ciento respecto al censo anterior.
La producción de commodities para la exportación es preponderante y la actividad está ligada al paquete tecnológico de transgénicos y agrotóxicos. Santa Fe es la cuna del trigo HB4, resultado de un trabajo biotecnológico realizada por la Universidad Nacional del Litoral y la empresa rosarina Bioceres. Se trata del primer evento transgénico de trigo y actualmente es el centro de la discusión por su potencial contaminante de los cultivos de trigo convencional.
La producción hortícola en declive
Santa Fe fue históricamente exportadora de hortalizas, en especial hacia la zona sur del país. Destacaban, por ejemplo, los tomates, del que se cultivaban tres especies hoy desaparecidas. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2002, representaba casi el siete por ciento de la superficie nacional dedicada a esta actividad (donde tiene un peso importante la llamada horticultura pesada: zapallo, papa, batata, zanahoria, calabaza) y contabilizaba unos 1600 establecimientos productivos. Según el último censo, la cantidad de establecimientos se redujo a 403.
El documento Cadena Frutihortícola Santafesina, del Ministerio de la Producción de la provincia, explica que la actividad se localizaba en cinco zonas específicas: Santa Fe capital, la Costa, Coronda, Rosario y Zona Norte. La zona del departamento La Capital y de la Costa —en el este del territorio— representaba un 25 por ciento de la superficie dedicada a esta actividad en la provincia y un 40 por ciento del total de establecimientos. El llamado cordón verde santafesino (por su cercanía con la ciudad homónima) explicaba el 20 por ciento de la superficie en producción y más del 40 por ciento de los registros para la zona.
Hacia la década del 70 inmigrantes bolivianos hicieron conocidas a las tierras ubicadas al norte de la capital provincial como “la zona de los quinteros”. Sin embargo, tal como describen productoras y productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y de la Granja Agroecológica La Verdecita el avance y la especulación inmobiliaria atentó contra esa actividad productiva. “Atados por contratos precarios y por relaciones desiguales, los productores y productoras no son propietarios de las tierras y nunca saben cuánto van a durar en el terreno en el que producen. Están sujetos a la lógica de los loteos y a la discrecionalidad de los dueños, que de un día para el otro pueden decirles que se vayan”, alertan desde la UTT.
Este año el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presentó un censo de la producción hortícola en la provincia. Con un total de 595 productores, la superficie dedicada a horticultura es de 7221 hectáreas en los cinturones verdes de Reconquista (en el norte), de la ciudad de Santa Fe y de Rosario, siendo la superficie promedio por establecimiento hortícola de 10,8 hectáreas. La mano de obra es familiar en un 33 por ciento. En cuanto a la modalidad de producción, un 64 por ciento es convencional, un 32 por ciento está “en transición a las buenas prácticas agrícolas” y un 1,1 por ciento se cultiva de forma agroecológica.
El censo determinó que las mayores superficies de cultivos están distribuidas de la siguiente manera: zanahoria el 17,9 por ciento, batata el 13 por ciento, choclo el 12,9 por ciento, papa el 12,3 por ciento, lechuga el 5,6; perejil el 4 por ciento; acelga el 3,8 por ciento y zapallito el 3,7 por ciento.
La resistencia de los pequeños tambos
Albanesi y Propersi señalan que en los últimos 16 años las explotaciones ganaderas bovinas disminuyeron un 39,7 por ciento. Cuando se analiza el número de cabezas la pérdida resulta menor (28 por ciento menos), lo que lleva a la hipótesis de una mayor intensificación de la producción. También se aprecia una disminución del 30 por ciento de las explotaciones porcinas.
En cuanto a la lechería, la provincia comparte con Córdoba la mayor cuenca lechera del país. El epicentro de la producción lechera en Santa Fe es la cuenca central, situada en los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín, aunque también hay tambos en el departamento San Justo o en el departamento La Capital. Entre el 50 y el 60 por ciento de los tambos producen unos 2000 litros de leche diarios; el 25 por ciento entre 3000 y 5000 litros y entre el 15 y el 20 por ciento son más de 5000 litros. En la zona se encuentran tres de las empresas más importantes del país: Williner, Saputo y Sancor.
Actualmente hay entre 3300 y 3400 tambos. “Hace 30 o 40 años en la provincia había casi 20.000”, afirma Carlos Calacci, ingeniero agrónomo del INTA Rafaela. Con relación a los tambos, las investigadoras consignan una disminución del 41,6 por ciento de las explotaciones entre 2002 y 2018. Los tradicionales tambos familiares fueron desapareciendo y, en gran medida, reemplazados por tambos intensivos y ligados al paquete tecnológico.
“Cuando la actividad tambo tiene buena rentabilidad puede competir con la soja. Para mí no es culpa de la agricultura que se cierren los tambos. Hay otros factores”, afirma Calacci. En ese sentido, atribuye el achicamiento del sector a que “en algunos casos no hay sucesión que quiera continuar con la actividad porque es muy sacrificada, el otro problema es que es una actividad que ha crecido en requerimientos tecnológicos; en diferentes regiones el clima de los últimos años también ha jugado en contra”.
Pero en este contexto hay quienes aún apuestan por la lechería agroecológica. Leonardo Alloati, productor lechero de Colonia Tacurales (departamento Castellanos), es un ejemplo de estas experiencias. En su tambo produce 3000 litros diarios con 145 vacas en ordeñe. Comenta que quienes se vuelcan a producir lácteos sin depender del paquete tecnológico son las empresas más pequeñas: “Casi en un 80 por ciento”.
El apoyo estatal resulta clave. “La espalda económica de un productor lechero más chico es más pequeña y se complica para realizar inversiones necesarias para un sistema agroecológico, desde el manejo de guacheras o la alimentación que tiene que ser netamente pastoril. Para esto se necesita una ayuda financiera y un acompañamiento técnico. Si el Gobierno está verdaderamente interesado se debería apoyar a quienes apuestan por esta vía. Por ejemplo reduciendo impuestos o impulsando la agroecología en las carreras de agronomía”, propone Alloati.
Pueblos fumigados y fallos judiciales emblemáticos
El informe “Santa Fe: con la soja al cuello. El modelo agroindustrial: una mirada socioambiental” —escrito en 2020 por el ingeniero agrónomo y activista Carlos Manessi— consigna que en la provincia se utilizan anualmente entre 50 y 60 millones de litros/kilos de agrotóxicos. No obstante, advierte que “no hay información oficial, provincial o nacional de las cantidades de plaguicidas en sus diferentes formulados que se están utilizando en la agricultura de características industriales, que prácticamente cubre todo el territorio, provincial y nacional”.
El estudio señala que el cordón industrial del Gran Rosario cuenta con el mayor complejo mundial de molienda de poroto de soja para la elaboración de aceite y subproductos. Sobre el río Paraná existen 17 puertos privados y se despacha más del 60 por ciento de la cosecha agrícola argentina. Esto implica —afirma Manessi— una situación potencialmente contaminante para la zona. Por su acceso desde el Atlántico, los puertos del sur santafesino son centrales para el extractivismo agropecuario y la salida de commodities al exterior. Allí operan empresas como Cargill, Cofco, Viterra, Bunge, ADM, LDC y ACA.
En la Universidad Nacional de Rosario, desde 2007, el Instituto de Salud Socioambiental (encabezado por médico Damián Verzeñassi) impulsó los “Campamentos Sanitarios”, un trabajo llevado a cabo por estudiantes de medicina que generó datos epidemiológicos sobre el impacto de los plaguicidas en la salud humana. La tarea se desarrolló principalmente en pueblos de Santa Fe, aunque también de Córdoba y Entre Ríos. “Cuando empezamos a ver que en los 21 pueblos analizados hasta el momento nos daba incrementos similares de cáncer, de abortos espontáneos, de nacimientos con malformaciones, nos preguntamos qué había en común en todos ellos y es que están en el medio de las áreas de producción agroindustrial con agroquímicos”, contaba Verzeñassi en 2008.
Pese a estos estudios, que tuvieron continuidad a lo largo del tiempo, la regulación del uso de agroquímicos es una deuda de la Legislatura santafesina. En la provincia está vigente la Ley 11.273 que data de 1995, un año antes de que Argentina aprobara el uso de la soja transgénica. Establece las distancias para fumigaciones aéreas y terrestres según criterios de peligrosidad de las sustancias tóxicas. “Es una ley totalmente desactualizada. Por eso estamos promoviendo que se modifique. Buscamos que se tengan en cuenta todos los factores nuevos que aparecieron desde entonces”, afirma Manessi a Tierra Viva, en referencia a los plaguicidas y a los eventos transgénicos.
El proyecto de reforma está en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Santa Fe desde julio de 2020. Tuvo media sanción en tres oportunidades, aunque nunca fue tratado por el Senado. “Lo que está en juego es la salud de las personas por la contaminación con agrotóxicos. En este momento están sufriendo impactos muy fuertes. Es tremenda la situación en los pueblos fumigados de Santa Fe”, advierte Manessi. “Es una provincia que de punta a punta está cubierta por la soja. Solamente en el corredor de la ruta 1, entre Santa Fe y San Javier, no hay campos de soja. A partir de San Javier comienza lo que es la producción de arroz, donde también se utiliza gran cantidad de agrotóxicos”, describe.
En 2009, el llamado ” fallo San Jorge” estableció la protección de un sector de esa localidad del sur provincial: 800 metros de resguardo para el barrio Urquiza. “Fue el primer juez que dijo que los agrotóxicos enferman a los vecinos”, recuerda Manessi. Diez años después, una sentencia similar estableció la protección completa sobre la ciudad de Sastre y Ortiz, en un radio de mil metros. A nivel de las ordenanzas municipales, en 2018 la localidad de Ceres —al norte de “la bota”— estableció una distancia de 700 metros y, en la cercana localidad de Hersilia, determinó en 2011 unos 800 metros de resguardo. En Rosario la Ordenanza 8871/11 regula el uso de productos fitosanitarios y fija la frontera agronómica con un margen de 50 metros para el uso de herbicidas.
Manessi es un referente de la Multisectorial Paren de Fumigarnos, colectivo organizado por grupos de vecinos autoconvocados contra las fumigaciones de 60 pueblos y ciudades santafesinos. El espacio también está integrado por sindicatos como la Asociación del Magisterio de Santa Fe (el sindicato de los docentes públicos), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras agrupaciones.
“La Campaña nació para defender la salud de los vecinos. En el transcurso del tiempo vimos que los agrotóxicos eran el resultado de una forma de producción, que es el agronegocio, y a partir de ahí se fueron incorporando otros temas, como la agroecología”, indica.
Verduras agroecológicas en los periurbanos
En Santa Fe existen diversas experiencias agroecológicas. Entre ellas: la organización de las y los vecinos de Hersilia (en el norte provincial), colectivos como La Verdecita, la UTT y Desvío a la Raíz en la zona del departamento La Capital, las producciones de la zona de Soldini (cerca de Rosario) y la emblemática Naturaleza Viva, granja que produce alimentos sanos desde 1987 en Guadalupe Norte (extremo noreste de la provincia) y que llevan adelante Remo Vénica e Irmina Kleiner.
Según el último censo agropecuario, el territorio cuenta con 63 experiencias orgánicas, 38 biodinámicas y 171 agroecológicas. En términos de producción agroecológica, es la cuarta provincia después de Buenos Aires (312), Salta (282) y Jujuy (209).
A pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe se encuentra el Centro Operativo Experimental “Ángel Gallardo” del Ministerio de la Producción. Se trata de un campo de seis hectáreas en el que se cultiva de forma agroecológica y se producen bioinsumos. El predio es compartido por dos organizaciones de agricultores periurbanos (La Verdecita y la UTT), y fue obtenido en comodato para la producción de hortalizas sin agrotóxicos en 2017. Lo producido allí se vende a través de bolsones o en ferias urbanas de la capital provincial. En septiembre de 2021 la ciudad de Santa Fe sancionó una ordenanza para promover la producción agroecológica y que el Estado municipal apoye a las familias que transitan estos procesos en la zona periurbana.
En conversación con Tierra Viva, Josefa Aramayo, de Soldini, comenta que su experiencia de transición a la agroecología comenzó hace nueve años. En ese entonces —recuerda— no era conocida la agroecología y se vendía poco. Luego, con el acompañamiento del INTA, se fueron animando a producir más. “Nosotras no conocíamos el circuito, no teníamos experiencia en ferias. Después de que empezamos a trabajar con la provincia nos pusieron un nombre que es ‘Cinturón Verde Rosario’. Ahora estoy produciendo cuatro hectáreas, todo agroecológico, con 25 variedades de cultivos”, relata.
Sin embargo, Josefa señala que aún hay dificultades en la comercialización. “Con la pandemia perdimos clientes, ya no pudimos ir a vender a las ferias. Como no hay un mercado estable de agroecología, nos es imposible como productores seguir vendiendo toda nuestra producción. Falta ese lado del Estado para que podamos tener un mercado útil para los productores agroecológicos”, considera.
Para Evelyn Knutzzen, ingeniera agrónoma que acompaña estos procesos de transición, el Estado tiene que fomentar ese tipo de comercialización y los consumidores tratar de conseguir el alimento directamente de los productores y productoras, sin intermediarios. “De esta manera, apuntás a que el productor reciba realmente el pago que tiene que recibir”, agrega, y destaca la importancia que la organización de las y los productores tiene a la hora de generar circuitos cortos de compra y venta.
El avance de la frontera agropecuaria ente el monte nativo
En 2015 la Universidad Nacional de Rosario relevó la cantidad de bosque desmontado en el norte provincial entre 1976 y 2008. En ese periodo, la superficie de bosque se redujo de 790.529 a 404.672 hectáreas, alcanzando entre 2005 y 2008 una tasa de deforestación anual de 19.574 hectáreas. La superficie arrasada equivale a la de la ciudad de Rosario, de 17.800 hectáreas.
En el noroeste provincial aún sobreviven algunas hectáreas de monte chaqueño. Eugenia Tedín, ingeniera agrónoma de la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina acompaña la transición agroecológica de comunidades del departamento 9 de Julio. “Trabajamos con familias campesinas que realizan ganadería vacuna de cría, también caprina, ovina, porcina y aviar. Hacen huertas para autoconsumo”, cuenta. El departamento 9 de julio es donde quedan los últimos reductos de bosque nativo. De millones de hectáreas, hoy quedan solo 8000.
“En todo lo que es ganadería siempre hay que cumplir con requerimientos de Senasa, entonces hay determinadas vacunas y antiparasitarios que hay que usar”, aclara Tedin. Pero las 300 familias en transición crían su ganado a campo, alimentándolo con pasturas naturales.
Explica que la comunidad apostó a la transición al verse directamente afectada por los agrotóxicos. “Acá el avance de la frontera agrícola ha sido atroz. Son los pequeños productores los que sufren la aplicación de herbicidas y pesticidas que se usan en el algodón y en la soja”, agrega.
Las tierras del departamento 9 de Julio sufren las consecuencias del desmonte en Chaco y en Santiago del Estero. En 2019 hubo allí siete meses de inundación, con agua de las provincias limítrofes. La zona es parte de la cuenca de los bajos submeridionales: un humedal con cursos de inundación y clima seco. Pero, debido al avance de las topadoras en las provincias vecinas, las inundaciones son cada vez más agudas y con más cantidad de agua. También se sufre la extrema sequía porque allí no hay cursos de agua, las aguas subterráneas no son de buena calidad y las lluvias se comportan de forma torrencial pero escasas.
Como consecuencia de estos desequilibrios ambientales las familias productoras viven permanentes procesos de descapitalización, perdiendo todo lo que tienen por el agua o por la sequía. En el norte se observa el mismo problema que en el sur: la necesidad de mejorar los circuitos de comercialización corta. Tedín sintetiza la demanda: “Se cae en intermediarios que pagan poco y los productores están al límite con sus ingresos”.
Fuente: Agencia Tierra Viva
