Por Jared Laureles, La Jornada, 16 de diciembre de 2022.

Existe una visión retrógrada que defiende los intereses de la élite agroempresarial unida a las trasnacionales que controlan las semillas (híbridas y transgénicas), así como los plaguicidas, señaló en un posicionamiento ante la campaña desinformativa que pone en duda la viabilidad del decreto presidencial sobre la eliminación progresiva del uso del glifosato y del maíz transgénico para 2024.

Señaló que hay un enfrentamiento entre dos visiones sobre el rumbo que debe tomar la política alimentaria de México. Una de ellas es la mencionada y la otra es progresista, pues busca la soberanía alimentaria para garantizar los derechos a una alimentación sana, a alimentos producidos en el país sin maíz transgénico y eliminar de manera gradual el uso de PAP.

Los plaguicidas, enfatizaron, pueden causar daños irreversibles a la salud, como cáncer, malformaciones, alteraciones hormonales, además de daños ambientales como la contaminación de los suelos y del agua, la muerte de las abejas y otros insectos polinizadores.

La organización reconoció la voluntad política del gobierno federal para dejar de importar maíz transgénico y prohibir gradualmente el uso de PAP en los campos mexicanos. Incluso, aseguró que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, no nos obliga a la importación de transgénicos o productos de la biotecnología moderna, como lo llaman en el tratado (artículo 3.14), por lo que no es un impedimento para el cierre de importaciones.

A principios de este mes, México ofreció a Estados Unidos extender a 2025 el plazo para iniciar la prohibición en el país del maíz transgénico, informó la Secretaría de Economía.

“Es innegable que el maíz transgénico y los PAP que los acompañan son la punta del iceberg de un modelo agroindustrial depredador basado en monocultivos que erosionan los suelos, sobrexplotan y contaminan el agua”, expuso.

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