Por Dulce Olvera, Sin Embargo, 18 de noviembre de 2022.

Un grupo de senadores de Morena, entre ellos Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa que “simula” legislar la prohibición gradual del herbicida glifosato y uso de plaguicidas altamente tóxicos, la cual se adelantó a la que pronto presentaría la Comisión de Salud para mitigar los daños a la salud humana y de los suelos que implican estas sustancias para cultivos, alertaron desde la academia y organizaciones sociales, que observan un claro cabildeo por parte de la agroindustria.

“Lo que estamos viendo es un contragolpe muy sucio. Las empresas comenzaron un intenso cabildeo, obviamente está detrás el Consejo Nacional Agropecuario y los asesores de Monsanto-Bayer. Ya no se trata de argumentos científicos, sino de dinero”, dijo Leticia López, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Ante estos señalamientos, y en línea con lo argumentado por el organismo empresarial del agronegocio sobre “poner en riesgo” la seguridad alimentaria, la Senadora Nancy Sánchez (Comisión de Agricultura) y el Senador Rafael Espino, los otros autores, defendieron en una rueda de prensa que su iniciativa –la cual fue bajada de la Gaceta, pero sigue en curso legislativo– busca “complementar” la de la Comisión de Salud sin “intereses de corporaciones”, pero con énfasis en la regulación en vez de la prohibición para “no descuidar la alimentación”.

Otro de los firmantes con los mismos argumentos es el Senador Arturo Bours, director y miembro del Consejo de Administración de Bachoco, quien en su declaración patrimonial declara representar al sector de agricultura como, según su curriculum, Fertilizantes Tepeyac, lo que refleja un conflicto de interés. “Si un avión cae y muere mucha gente, ¿vamos a prohibir los aviones? El tema es regular las cantidades”, determinó frente a los medios en el Senado.

Por su parte, la Senadora morenista Lilia Valdez (Comisión de Salud) afirmó que para el dictamen final sólo tomarán los puntos que garanticen la salud y lo demás lo desecharán. “Tenemos que ver cómo la iniciativa que presentó ese grupo de senadores se va adaptar a ésta, en qué sentido viene y cuáles son los párrafos que pudiéramos modificar, pero hay cosas que no vamos a poder dejar pasar”, dijo vía telefónica.

Al preguntársele si había presencia de cabildeo a favor de la agroindustria, la legisladora reiteró: “Lo que puede pasar en beneficio de los agricultores y, sobre todo de la salud, pasará. Lo que va a favorecer a las empresas –que durante años han explotado el campo mexicano y nos han enfermado– no se vale”.

Esta misma semana, los senadores republicanos del estado granero Iowa, Joni Ernst y Charles Grassley, pidieron a Katherine C. Tai, representante comercial de Estados Unidos, que solicite formalmente un proceso de consultas con México a través del T-MEC por el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir las importaciones de maíz biotecnológico para el 2024, lo que podría causar “una pérdida de 73 mil millones de dólares” a la economía estadounidense a lo largo de 10 años.

DIFERENCIAS ENTRE INICIATIVAS

Luego de celebrarse un Parlamento Abierto a finales de octubre con la intervención de pequeños y grandes productores, la Senadora Ana Lilia Rivera, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y la Comisión de Salud del Senado alistan un dictamen que va en línea con el decreto presidencial que prohibe para 2024 la importación de glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno presente en tortillas y cereales de maíz. Contra este decreto, Monsanto se amparó en verano pasado, por lo que la Semarnat impugnó la resolución y el litigio sigue en proceso.

La propuesta fue apoyada por especialistas en el tema por impulsar la producción de bioinsumos que sustituyen a plaguicidas o insecticidas que están prohibidos en otros países por causar enfermedades crónicas como cáncer, mutaciones, además de afectar la fertilidad de la tierra para cultivos.

“Pensamos que este dictamen debe ser aprobado, pues representa un gran avance para la transformación agroecológica del sistema alimentario en México, para bien de una agricultura sustentable en beneficio de los derechos a la salud y un ambiente sano para todos los mexicanos”, dijo Fernando Bejarano, presidente de la Red de Acción contra Plaguicidas en México.

Desde uno de los foros del Parlamento Abierto sobre plaguicidas y fertilizantes, retó: “Invitamos a todos los agricultores aquí presentes, sobre todo a los agricultores que se agrupan al Consejo Nacional Agropecuario, que cambien su mentalidad; se requiere una producción rural que no extienda más los costos ambientales y a la salud”.

Sin embargo, el martes 15 de noviembre la Senadora Nancy Sánchez (Comisión de Agricultura), el Senador Rafael Espino, el Senador Ricardo Monreal, entre otros, publicaron en la Gaceta parlamentaria otra iniciativa que, acusan activistas, replica los argumentos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) contra la prohibición del glifosato y plaguicidas tóxicos.

La iniciativa fue bajada de la Gaceta del Senado días después. “Se están sumando Senadores de todas las fracciones parlamentarias y se están haciendo ajustes y adecuaciones para incorporar sus aportaciones”, aclaró al respecto la oficina de la Senadora Sánchez.

“La iniciativa [de la Comisión de Agricultura] mantiene el status quo de autorización de sustancias químicas, que no ha funcionado hasta la fecha, y hace una simulación de regulación que no ha evitado que el campo mexicano esté expuesto a sustancias altamente peligrosas que ya están prohibidas en otros países”, afirmó Omar Arellano-Aguilar, especialista en toxicología ambiental de la UNAM.

Los legisladores Sánchez y Espino plantearon que proteger la salud, además de evitar enfermedades, implica garantizar “alimentos saludables y suficientes”, lo cual la agroecología, dijeron, no puede cubrir. Y aseveraron que la prohibición afecta “severamente” a los productores y a la producción nacional de alimentos.

“Lo que menos debemos hacer es pensar en que aquí hay un choque ideológico o de intereses de corporaciones, como lamentablemente se quiere hacer creer. Aquí buscamos la integración de todas las partes involucradas para lograr una agricultura sana y sostenible”, aseveró la Senadora expriista Nancy Sánchez.

El Senador Rafael Espino, suplente del Alcalde de Ciudad Juárez, coincidió en que las iniciativas “no se contraponen”, pero ellos proponen regular en lugar de prohibir. “El intentar prohibir los plaguicidas en función de supuestamente cuidar la salud es un enfoque incorrecto. Toda sustancia puede ser peligrosa si se utiliza con la dosis indebida, incluidos los bioinsumos”, aseveró.

El Consejo Nacional Agropecuario, que escribió una carta al Presidente López Obrador al respecto, ha argumentado algo similar: “Los plaguicidas, al igual que las medicinas, utilizándolos de manera adecuada y correcta, no tienen porque ocasionar daños a la salud, ni al medio ambiente; sino, todo lo contrario, contribuyen a tener mayores y mejores cosechas para la alimentación de toda la población”.

Leticia López, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), rechazó que la sustitución de plaguicidas tóxicos por bioinsumos tire la productividad de alimentos.

“Si recuperas la fertilidad de los suelos, va haber más agua y recomposición del sistema, además de que no dependes de insumos externos como fertilizantes de Rusia”, afirmó.

La agroindustria está representada en su mayoría por las compañías Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina que dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas, documenta Greenpeace México.

Imagen de Kurt Bouda en Pixabay 
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