Por Angélica Enciso L., La Jornada, 24 de octubre de 2022.
En el país todavía se utilizan al menos 65 sustancias altamente peligrosas de ese tipo, las cuales están prohibidas en otros países de acuerdo con organismos de Naciones Unidas; aunque la lista sería de 111, según la asociación internacional Pesticide Action Network.
Hay cuatro iniciativas de modificaciones a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas de alta peligrosidad y regulación de bioinsumos que son analizadas en las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, y se prevé que el 31 de octubre se reúnan para buscar consensos.
Dichas iniciativas buscan establecer un programa nacional de reducción y prohibición progresiva de registros y permisos sanitarios vigentes de plaguicidas de alta peligrosidad –lo que además está suscrito en convenios internacionales–, así como regular las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas para que exhiban símbolos o imágenes que refieran al nivel de toxicidad y, al mismo tiempo, fomentar el uso de bioinsumos para impulsar sistemas agroecológicos.
El 28 de septiembre el CNA, que representa a los grandes corporativos agrícolas y a empresas productoras de plaguicidas, envió un oficio a la senadora Lilia Margarita Valdez en el que hace observaciones acerca del impacto al sector productivo, “principalmente a pequeños y medianos productores”, de aprobarse la iniciativa. Piden que los “productos altamente peligrosos” puedan ser tratados con límites máximos permisibles.
Bayer-Monsanto, una de las principales empresas productoras de esas sustancias y de transgénicos, tiene una presencia relevante en el organismo, ya que su directora de comunicación, asuntos públicos, ciencia y sustentabilidad, Laura Tamayo, es vicepresidenta de comunicación del CNA.
Campaña contra cambios legislativos
La subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader en el Senado dio a conocer que el organismo de productores agropecuarios hace una campaña en este órgano contra los cambios legislativos, “pero no quiere aparecer como tal, se envían cartas firmadas con nombres de pequeños productores, pero les piden que digan que representan a productores de hasta cinco hectáreas y que no hagan mención de pertenecer al CNA para evitar malas interpretaciones con los legisladores”.
La oposición del CNA al dictamen conjunto y a la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, argumentando que “el problema real es el uso de los productos y no el producto en sí”, minimiza la peligrosidad intrínseca de plaguicidas altamente peligrosos que pueden causar la muerte, cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales o graves daños a la diversidad biológica de los ecosistemas, como la muerte de abejas y otros polinizadores, sostuvo la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País.
Señaló que “quienes se oponen a estas medidas son las grandes empresas agroindustriales de México y del extranjero, las mismas que han promovido monocultivos de fatales consecuencias para el medioambiente y la salud humana, como la palma aceitera, el aguacate, la soya, frutas como la zarzamora y la frambuesa”.
