Por Extracto de la investigación realizada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C., con la participación de Sol Pérez, Sergio Madrid y Leticia Merino, La Jornada del Campo, 15 de octubre de 2022.

Los territorios y los recursos naturales de las comunidades campesinas e indígenas han estado por décadas en disputa. Repetidamente el Estado ha pasado por alto los derechos de las comunidades sobre sus territorios, aun cuando éstos hayan sido reconocidos por él mismo. En la década de los cincuenta y sesenta, el gobierno federal otorgó concesiones forestales por más de 8 millones de hectáreas de bosques comunitarios a empresas privadas y paraestatales por periodos de 25 años, en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Esas concesiones forestales se impusieron sin el acuerdo de las comunidades dueñas de los bosques, a quienes mantuvieron al margen de las decisiones sobre el manejo del bosque y al margen de los beneficios económicos generados a partir de la extracción de madera.

El análisis del otorgamiento de las concesiones forestales de esos años ejemplifica ese mecanismo que con frecuencia utiliza el Estado que, amparado en el discurso de la generación de empleos y el desarrollo del país, despoja a las comunidades de sus territorios, entregando sus bienes naturales a empresas privadas. Además, les ofrece una serie de prerrogativas y les facilita permisos, autorizaciones, subsidios y exenciones. Todo esto sin importar las flagrantes violaciones que con esta política se cometen en contra de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. Si bien las poblaciones locales acceden a empleos asalariados, éstos son precarios, mal pagados y, lejos de contribuir a mejorar sus condiciones de vida, debilitan la gobernanza interna de las comunidades, desvinculan a las personas de la producción agrícola campesina y propician la extracción descontrolada de los recursos.

Los atropellos a los derechos de las comunidades y el deterioro causado en los bosques en esos años de concesiones forestales, generaron un creciente descontento que desembocó en un importante proceso de lucha y movilización que permitió la recuperación del control de sus territorios. A partir de ese proceso, decenas de comunidades en el país se organizaron para conformar sus propias empresas comunitarias que les permitió manejar sus bosques, realizar el aprovechamiento sostenible de la madera, avanzar en las cadenas de valor, la diversificación económica y generar múltiples beneficios para la población local más allá del empleo.

Desde hace dos décadas numerosas comunidades forestales han tenido que enfrentar una nueva ofensiva, ahora por el otorgamiento de concesiones para la exploración y la explotación minera por parte del gobierno federal, en favor de corporaciones nacionales y extranjeras. Estas concesiones, que se extienden por periodos de hasta cien años, en términos reales representan una expropiación de facto para los dueños de las tierras.

Las comunidades afectadas por las concesiones forestales lograron en la década de 1980 recuperar el control de sus territorios e incidir positivamente para modificar la legislación forestal, sin embargo en 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó cambios radicales en diversas leyes, incluyendo el artículo 27 constitucional, la Ley Agraria, la Ley de Aguas y la Ley Minera, que abrieron de nuevo el camino para el despojo de las comunidades de sus tierras y sus recursos naturales. Estos cambios sentaron las bases legales para la multiplicación de las concesiones mineras y las extracciones de minerales sobre territorios campesinos.

La operación de proyectos mineros ha sido ampliamente documentada: genera fuertes impactos ambientales en los territorios, sobreexplota y contamina los ríos, acuíferos y mantos freáticos, destruye la cobertura vegetal y genera mortandad de la fauna local (Burnes, 2006; Delgado-Ramos, 2010; Lemus, 2018). Además, la presencia de empresas mineras en los territorios impacta fuertemente la vida de las comunidades, destruye su economía, afecta la salud pública y debilita con frecuencia la gobernanza local, generando división entre las poblaciones y violencia (Pérez-Jiménez, 2014; Tetreault, 2015).

Para las comunidades, los bosques y las selvas son una fuente esencial de bienes y servicios (Merino, 2004; Bray y Merino, 2007), en tanto que los territorios tienen valores identitarios y patrimoniales. Las comunidades que poseen territorios forestales utilizan y manejan el bosque, operan sus propias empresas comunitarias para la comercialización de madera, carbón, resina, artesanías, productos forestales no-maderables y servicios turísticos. Las familias campesinas practican la apicultura, extraen leña y materiales para la construcción de sus viviendas, cultivan café y cacao de sombra, y se abastecen del agua proveniente de los manantiales. Los bosques son fuente de medios de vida de los que las comunidades dependen sustantivamente.

Cuando un territorio forestal, propiedad de comunidades, es concesionado a una empresa minera se confrontan dos visiones de los territorios: la visión comunitaria, orientada por valores colectivos de sentido patrimonial de los territorios y visión de largo plazo en su uso y aprovechamiento; y la visión extractiva, orientada por una lógica de generación del mayor valor posible en el menor lapso de tiempo, sin sentido de sustentabilidad, basada en un esquema de enclave, sin un compromiso por el desarrollo local (Bebbington et al., 2020).

La visión comunitaria de los territorios forestales permite la conservación y protección de los bosques y por ende la provisión de “servicios ecosistémicos” fundamentales para la sociedad, más allá de los límites de las comunidades. En México, y en distintas latitudes, la provisión de agua, la conservación de suelos, la existencia de hábitats para múltiples especies de flora y fauna, la captura de carbono en los suelos y la vegetación son beneficios que se desprenden de la conservación y manejo de los territorios forestales poseídos, utilizados y protegidos, mayoritariamente en México, por comunidades campesinas e indígenas (IPBES, 2019).

Por el contrario, la operación de proyectos mineros destruye las áreas forestales, se apropia del agua y la contamina, también contamina el aire y destruye el paisaje y los ecosistemas. Estos impactos resultan en gran medida irreversibles, y son, para las empresas, externalidades que otros deben asumir, a partir de un marco legal fuertemente permisivo, que no considera siquiera la destrucción ambiental ni la violación de derechos humanos y laborales como causas de cancelación de concesiones (Merino, Navarro, Azamar y Peláez, 2021).

Apelando al viejo discurso de que debe promover empleo y, bajo la errada tesis de que el empleo asalariado reducirá la pobreza en contextos rurales, el Estado mexicano, manteniendo las concesiones y la ley minera intacta, demuestra su compromiso por la reproducción y expansión del capital sin tomar en consideración otras visiones y valores, siendo así cómplice de los daños ambientales y sociales.

La investigación realizada por el CCMSS sobre comunidades y minería ha encontrado que las concesiones y los proyectos mineros sobre territorios comunitarios cubiertos por bosques y selvas representan una importante amenaza para la integralidad de los ecosistemas forestales y atentan contra los derechos de las comunidades locales. De los 1,531 proyectos mineros en operación en México, el 44%, es decir 673, se encuentran ubicados en territorios forestales. Se identificó también que en el territorio de 5,222 núcleos agrarios con cobertura forestal se otorgaron concesiones mineras.

La acelerada expansión de la minería, favorecida activamente por el Estado mexicano, representa un proceso de lo que David Harvey llama “acumulación por desposesión”, que se sostiene en prácticas de mercantilización y privatización de la tierra, despojo y expulsión de las poblaciones campesinas; la privación del acceso a bienes comunales; mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas locales de producción y consumo (Harvey, 2004).

En la década de los ochenta, la lucha de cientos de comunidades por la recuperación del control de sus territorios forestales logró cambiar la ley forestal y desaparecer la modalidad de concesiones forestales. Así hoy, en la segunda década del siglo XXI, las comunidades afectadas por la minería luchan en contra de la imposición de concesiones gubernamentales que favorecen a empresas y corporativos y que los despoja de sus territorios. Ellas están ahora demandando la modificación de una ley que vulnera sus derechos al territorio y a la autonomía y libre determinación. •

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