Por Zuiri Méndez-Benavides, Biodiversidad LA, 07 de septiembre de 2022.

Según datos de la CEPAL recopilados por el Estado de la Nación, Costa Rica para el 2018 produjo el 0.6% del maíz que consumió, el 20.4% de los frijoles y el 45.5% del arroz.

Actualmente, la situación se agrava para el arroz. En 4 años la producción nacional se ha reducido y abastece sólo al 34% del mercado nacional. Sumado a esto, el gobierno del presidente entrante Rodrigo Chaves está promoviendo varios decretos que, de ser publicados, eliminarían el esquema de fijación de precios al consumidor y disminuirían en más de 30% los aranceles de importación de arroz pilado [pulido] y arroz en granza [integral].

Según Semanario Universidad, se prevé que la apertura comercial afectará a más de 500 medianos productores nacionales de arroz que no podrán competir con los precios internacionales, al mismo tiempo que las ganadoras serán 5 empresas importadoras de arroz (La Maquila LAMA SA, Importadora el Armenio SA, Comercios de El Barreal SA, Mercadeo de Artículos de Consumo SA y Comercializadora Internacional de Granos Básicos SRL) y cadenas de supermercados donde Walmart concentra parte del mercado.

Esta decisión se suma a las políticas de gobiernos anteriores que durante más de tres décadas han modificado el Estado para fortalecer el modelo agroexportador y desmantelar la producción nacional, la cual décadas atrás podía asegurar la mayoría del consumo nacional de granos básicos.

En 1987 las áreas de producción nacional de maíz fueron mayores a las del frijol y el arroz, casi 80 mil hectáreas del maíz y cerca de 60 mil de arroz y frijoles, respectivamente. Para 1997 el maíz descendió a menos de 20 mil hectáreas, y para el 2019 el área promedio dedicada tan sólo a la producción de maíz blanco rondó las 3 mil hectáreas.

Es decir, una persona que actualmente se encuentre en la década de sus treinta años, nació en un país donde el maíz que se producía abastecía el consumo nacional. En estos momentos, esa persona vive en un país que depende del 99.6% del maíz importado.

Esta dependencia generó una reducción de variedades locales y criollas de maíz con pérdidas invaluables. Según el ingeniero Miguel Chacón, el retiro de personas agricultoras de esta actividad generó la extinción de variedades que durante décadas fueron capaces de adaptarse a las condiciones particulares de cada zona. Al mismo tiempo, con la desaparición de estas diversidades de semillas y prácticas de cultivo, también se han ido los sabores de los alimentos que se preparaban y los saberes de trabajos y tejidos alrededor del cuidado o cuido, siembra, cosecha, almacenaje, e intercambios alrededor del maíz.

En relación al frijol, las áreas dedicadas a la producción nacional en 1991 llegaron a ser casi de 70 mil hectáreas, y para el 2019 se redujeron a 16 mil. Actualmente, la producción nacional ronda el 21.9% del mercado nacional y podrá verse más afectada, ya que desde el 2020 el arancel para la importación del frijol se redujo a cero, a causa del TLC con EUA y Perú, lo que podría afectar a más de 3 mil personas productoras de frijoles.

La alimentación del país ha quedado a la voluntad del libre comercio y pareciera que ninguna producción nacional ha logrado hacer frente a la competencia del maíz que en su mayoría es importado desde Estados Unidos, al arroz importado de Brasil o los frijoles de China. La promesa de libre mercado que abarata costos de alimentos para la mayoría de la población tampoco se ha cumplido, pues los granos básicos que están a merced de la importación, se han encarecido entre un 10% y 19% en el último año, por las alzas de precios internacionales en combustibles y materias primas, a causa de la crisis de contenedores y la guerra entre Rusia y Ucrania, según la Red Regional de Información de Mercados.

Algunos de los mecanismos que han provocado esta dependencia casi absoluta han sido las conocidas presiones de los organismos financieros internacionales, los Programas de Ajuste Estructural (PAES) los tratados de libre comercio, tasas de interés preferenciales y sistemas de seguros para el sector exportador, leyes aprobadas de propiedad intelectual, reglamentos internacionales de medidas sanitarias y fitosanitarias hechas a la medida de la industria a gran escala y necesidades impuestas de paquetes de insumos de semillas modificadas y agrotóxicos, por mencionar algunos elementos del sistema alimentario agroindustrial.

Además, la desaparición sistemática de apoyos nacionales para la producción que en paralelo a los mecanismos anteriores inició desde la política «Agricultura para el cambio» promovida durante el primer gobierno de Oscar Arias (1986-1990), dejó de atender a pequeños y medianos campesinos y campesinas eliminando los servicios de asistencia técnica y extensión estatal, encareciendo y dificultando créditos, eliminando insumos baratos y cadenas de almacenamientos, distribución y comercialización que permitían colocar la producción en el mercado nacional (según compilaron José Julián Llaguno, Gerardo Cerdas y Carlos Aguilar). Éstas fueron la base del borramiento del campesinado, que hoy es profundizado por políticas estatales de transformación de la identidad cultural cambiando personas campesinas por personas emprendedoras.

Ambos mecanismos generaron las condiciones para inundar el mercado nacional de productos y sustituir la producción campesina por las transnacionales como principales suministradoras de alimentos.

A pesar de todos estos agravios, la producción de maíz que permanece sucede gracias a las redes campesinas de alimentación. Según la Oficina Nacional de Semillas, la mayoría de la producción del maíz sobrevive gracias al trabajo de familias en sus traspatios y parcelas que lo utilizan para elaborar platillos con un fuerte arraigo cultural y alimentar a sus animales domésticos como gallinas, cerdos, cabras y otros. De manera similar, gran parte de los cultivos de frijoles se dan gracias al trabajo de pequeña y mediana producción que realizan campesinas y campesinos en terrenos menores a 5 hectáreas, según datos del ministerio de Agricultura (MAG).

Ya que estamos a las puertas de una dependencia absoluta del maíz, frijol y arroz importados, es urgente volver la mirada a las propuestas de soberanía alimentaria que están trabajando por proteger las redes de alimentación campesinas y que desde distintos esfuerzos protegen las semillas nativas y cultura campesina.

Por mencionar algunas experiencias, son las colectivas como las que realiza la Biriteca Agroecológica CR, el proyecto de «Mujeres Semilla» del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA o las «Declaraciones de Santuarios de Semillas» en Santa Cruz apoyadas por Sol de Vida, que acompañan la libre determinación de los pueblos y la población campesina, a decidir cómo producir y circular con prioridad a las economías locales, buscando garantizar el uso y cuido de los ecosistemas, bienes comunes, buscando nuevas relaciones libres de opresión en relación al género, grupos raciales, generaciones y clases sociales.

* Zuiri Méndez Benavides es Docente del Programa Kioscos Socioambientales

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