Por IBERO, Desinformémonos, 20 de agosto de 2022.

De esos 56 proyectos y obras asociadas a la generación de energía renovable, según lo reportado por la prensa y registrado por el OCSA, 18 tienen al menos una afectación ambiental, aunque un mismo proyecto puede tener más de una. Por ejemplo, la Termoeléctrica del Golfo Tamuín, en San Luis Potosí, ha provocado daños al agua, la atmósfera y al suelo; además de problemas de salud y de medios de vida.

Esta herramienta que nuestra institución pone a disposición del público en general permite observar que son muchas y muy variadas las afectaciones sociales vinculadas a los megaproyectos de energías no convencionales, entre ellas la ausencia o manipulación de la consulta libre, previa e informada, derecho consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, otras consecuencias reportadas por la prensa son sobre el debilitamiento del tejido social, es decir, de los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y reproducción de la vida de las comunidades, así como daños a los bienes y servicios, por ejemplo, el acceso al agua potable.

Asimismo, los megaproyectos de energías no convencionales están fuertemente vinculados con diferentes formas de violencia. Para estos proyectos, el OCSA ha documentado 12 casos en los que predominan el daño a la integridad psicológica, la privación de la libertad, así como la judicialización y criminalización.

Además de las afectaciones ecológicas, sociales y la violencia, asociadas a la operación de los megaproyectos de energías renovables, es importante tener presente todas aquellas relacionadas con la obtención de los recursos necesarios para su construcción. El OCSA registra 87 megaproyectos de minería metálica, de los cuales 53 son causantes de conflictos socioambientales.

Como se observa, la transición energética fundada en las energías alternativas es insostenible e injusta social y ambientalmente, pues conlleva altos costos ambientales y la vulneración de derechos de los pueblos y las comunidades en las que se asientan los megaproyectos.

Frente a ello, cada vez son más las personas, los pueblos y las colectividades que se ven amenazadas o son afectadas directamente por estos megaproyectos, quienes, en consecuencia, se organizan para evidenciar y denunciar las afectaciones, pero también para oponerse y defender sus territorios. Las tensiones y disputas entre las empresas y las comunidades por el uso, el acceso, el control y la apropiación de los bienes comunes naturales y del territorio da lugar a conflictos socioambientales.

Las medidas para mitigar el cambio climático son necesarias y urgentes, sin embargo, es fundamental reconocer que la transición energética de corte tecnológico no será viable para satisfacer la creciente demanda energética global, y que el desarrollo de las mal llamadas “energías limpias” implicará la destrucción del capital natural y acrecentará las relaciones de injusticia social y ambiental.

Las posibles salidas a la emergencia climática van más allá de las soluciones tecnológicas que reproduzca el sistema económico dominante. La transición a un futuro justo y sustentable demanda una transformación profunda y sistémica del actual modelo civilizatorio industrial.

Si deseas conocer el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana, consulta la página: www.ocsa.ibero.mx, donde podrás encontrar los megaproyectos referidos, el estado de la República donde se encuentran, así como una descripción detallada de las comunidades o grupos que se oponen a éstos.

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Este material se comparte con autorización de la IBERO

Imagen de Alex Banner en Pixabay 
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