Por Guillermo Aragón Loranca, La Jornada de Oriente, 26 de julio de 2022.
Ya con anterioridad, el mismo corporativo había interpuesto un amparo similar, mismo que le fue negado en mayo de 2021, por parte del mismo tribunal.
Resulta sospechoso que, en esta segunda ocasión, se otorgue el amparo a la transnacional criminal, argumentando que no existen claros indicios científicos de que el glifosato sea cancerígeno, ignorando la declaración de la OMS de 2015 que declaraba a esa sustancia como potencialmente cancerígena de acuerdo con las evidencias existentes. También el juzgador que otorgó el amparo no considera el principio precautorio que debe privar ante la mera posibilidad de que una sustancia de este tipo pudiera tener efectos nocivos para la salud. Igualmente pasa por alto la prioridad que debe tener el bien público colectivo por encima de los intereses privados de una empresa, por muy grande y poderosa que ésta sea.
Se ignoran igualmente las cerca de 22 mil demandas que hay en contra de las empresas productoras en tribunales de Estados Unidos, por las mismas afectaciones graves a la salud, mismas que se van resolviendo hasta ahora a favor de los afectados. La más reciente de ellas, por ejemplo, condenó a la empresa a pagar 86 millones de dólares a una pareja, por haber adquirido el cáncer de linfa por el uso durante varios años del Round Up en su jardín. Los estragos de las fumigaciones aéreas sobre las poblaciones rurales, aledañas a los campos de soya transgénica en Argentina, sobre la salud de los pobladores, también ha sido noticia mundial y motivo de demandas ante la Corte Penal Internacional de la Haya. Si bien todas estas evidencias no son parte formal en un juicio, sí son argumentos que se deben tener en cuenta para investigar más a fondo los impactos de los agrotóxicos en la salud humana.
Con relación a los estudios científicos, hay que recordar que la poderosa empresa lleva años financiando estudios por encargo a seudocientíficos que, previo y cuantioso pago, están dispuestos a firmar los estudios que la propia empresa monta, para demostrar “científicamente” la inocuidad de sus venenos, que pueden acabar en unos segundos con la vida del suelo (arvenses, insectos, microorganismos, etc.), pero respetan la salud y la vida del ser humano, según ellos, como si las bases de la vida en ambos casos fuesen diferentes. Hay que recordar que, en su origen, este tipo de sustancias, conocidas como “agente naranja”, se utilizaron para arrasar las selvas de Vietnam, en un intento de doblegar a los guerrilleros comunistas que luchaban por liberar a su país del imperialismo yanqui. Es urgente que se revise el aparato judicial para que actúe basado en los principios básicos del derecho y que no esté al servicio de los intereses privados, justificando sus decisiones en criterios puramente formalistas, eludiendo el espíritu de la ley. En este caso, se trata de proteger la salud de las personas, antes que permitir el lucro privado de las empresas; se trata de proteger el interés colectivo, frente al engaño, la voracidad y el desprecio por la vida de las grandes empresas como Monsanto–Bayer. A los ciudadanos de a pie nos toca informarnos, organizarnos y dejar de comprar productos de estas empresas de muerte que no respetan la vida y sólo buscan incrementar sus ganancias a cualquier costo.
