Por Martín Hernández Alcántara, La Jornada de Oriente, 07 de julio de 2022.
No solo eso, en un comunicado emitido este jueves, los demandantes revelaron que “aunque Monsanto solicitó al juez incluir en el juicio algunas publicaciones en defensa de su herbicida glifosato, su petición llegó fuera de tiempo y sin justificación legal”.
“Llama la atención que en una liga de internet incluida en los textos que propuso la trasnacional se reconozca que el glifosato afecta a las mascotas, además de que es cancerígeno como lo clasificó la organización mundial de la salud en 2015”, resaltaron los defensores del grano nativo.
Los activistas explicaron que la siguiente etapa en el juicio es de alegatos y “consiste en que las partes puedan proponer los argumentos finales para que el juez pueda dictar sentencia, así como una propuesta de estructura y el orden de todos los argumentos jurídicos y pruebas que demuestren sus pretensiones, para que la autoridad judicial emita la sentencia de primera instancia”.
Como se recordará, decenas de personas y organizaciones campesinas, apicultoras, de derechos humanos, académicas, artísticas, de consumo y gastronomía, interpusieron el 5 de julio de 2013 una demanda colectiva para solicitar que los tribunales federales declaren que la siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos a la alimentación, a la salud y culturales.
La finalidad es que se denieguen permanentemente los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz en México.
Gracias a la medida precautoria concedida en septiembre de 2013, se ha logrado impedir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio mexicano, centro de origen y diversificación genética de maíces nativos para que las generaciones actuales y futuras puedan acceder a ella y satisfacer sus necesidades y aspiraciones.
La siembra comercial está suspendida, mientras que desde 2016 la siembra experimental está sujeta a las observaciones de la colectividad y al control de los jueces, por ello, ninguna empresa se ha atrevido a solicitar permiso experimental en 6 años.
El 13 de octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la Medida Precautoria, misma que prevalecerá hasta que se resuelva el juicio, hecho que consideramos como una de las mayores victorias en defensa de la soberanía agroalimentaria. La demanda y las resoluciones de la autoridad judicial, incluida la SCJN han sido fundamentales para conservar la diversidad de 64 razas y miles de variedades de maíces nativos procedentes de todas las regiones; se frena la contaminación de nuestro acervo biogenético.
