Por La Jornada, 27 de junio de 2022.

Apenas el viernes trascendió una denuncia ciudadana según la cual en el centro de Monterrey hay moteles que cobran 120 pesos por acceder a un regaderazo, acompañada por el apunte de que en un establecimiento que ofrece este servicio la presión del líquido es “muy buena”, en contraste con el hilo de agua que reciben los hogares, cuando reciben algo. Un día antes se informó sobre el agotamiento de la presa que abastecía al norte y norponiente de Hermosillo, con lo cual se han visto privados del recurso los habitantes de unas 50 colonias marginadas en una ciudad donde las temperaturas rebasan los 45 grados. En Zacatecas y su zona conurbada, más de 400 mil personas padecen desabasto y en 127 colonias el líquido sólo se surte una vez a la semana.

Estos informes hacen pensar que en esa vasta zona del territorio mexicano simplemente no hay agua, conclusión que se vería respaldada por el hecho de que dicha región encara desde hace años una grave sequía producto de fenómenos meteorológicos fuera del control humano. Sin embargo, la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) admite que nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial en extracción del líquido para diferentes usos, por lo que es obligado preguntarse por el destino de todo el recurso que no está llegando a los ciudadanos de a pie.

Este aspecto comienza a despejarse cuando se considera que, de acuerdo con el mismo organismo, sólo alrededor de 10 por ciento del agua dulce disponible se destina al uso doméstico, mientras la agricultura absorbe 70 por ciento y la industria alrededor de 14 por ciento. Por ello, la Red Mexicana de Acción por el Agua FAN MEX advierte que “cuando dicen que no hay agua, hay que ver para quién”, y destaca el caso de Monterrey, donde la inédita crisis de escasez ha sacado a la luz que un puñado de empresas acapara el líquido, al cual accede sin ninguna restricción. El problema no se limita a cuánta se les entrega, sino a la falta de control en la manera en que la usan y disponen de ella: la carencia de un monitoreo adecuado, el incumplimiento de las normas y la falta de atribuciones de las autoridades para sancionar abusos dejan el campo libre a industrias que desechan aguas residuales con tóxicos, los cuales ponen en riesgo la salud y contaminan otros cuerpos hídricos, lo que reduce aún más la disponibilidad del líquido. En lo que respecta a la agricultura, Conagua ha estimado que 57 por ciento del recurso que utiliza este ramo se desperdicia, entre otros motivos, por infraestructuras de riego ineficientes y en mal estado, una cifra estremecedora habida cuenta del gigantesco volumen de agua implicado.

Como indican organizaciones de la defensa del agua, la salida a semejante situación pasa por cumplir el mandato legislativo de emitir una Ley General de Aguas que termine con el enfoque neoliberal y depredador de la Ley de Aguas Nacionales promulgada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que haga realidad el derecho humano al líquido consagrado en nuestra Constitución, pero requiere también una reflexión social profunda en torno a las prioridades en el uso y distribución de este recurso, así como de la necesidad de racionalizar la explotación que de él se hace en el desarrollo de las actividades humanas.

Imagen de kalhh en Pixabay 
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