Por Eugenio Fernández Vázquez, Pie de Página, 16 de mayo de 2022.

Las crisis alimentarias en el mundo no harán más que multiplicarse en los próximos años por el aumento de las temperaturas globales, por los estragos de la pandemia de covid-19 y por los destrozos de la guerra de Rusia en Ucrania. Ante este panorama, no queda de otra que empezar a reorientar las economías agrícolas de cada país, incluido México, para dejar de depender de la agroindustria nacional e internacional y tejer una red de economías campesinas que restauren el  medio ambiente, alimenten a la población y nos permitan  adaptarnos con mayor facilidad a la crisis climática.

Hasta ahora México sigue lejos de las crisis por hambre, y eso es un alivio. El último Reporte Global sobre Crisis Alimentarias del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas ubicó a cinco países latinoamericanos con algún grado de crisis de acceso a los alimentos, pero México no está entre ellos. Se trata, más bien, de nombres dolorosamente conocidos: los de Honduras, Haití, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. La situación del país, sin embargo, sí es altamente vulnerable por su dependencia e interrelación con los mercados internacionales.

Por ejemplo, el año pasado México rompió sus récords de importación de alimentos por hasta un 36 por ciento, principalmente de cereales —sobre todo de trigo y de maíz—. Aunque el país mantiene un saldo positivo en su balanza comercial agropecuaria desde hace siete años, la caída de ese saldo de 2020 a 2021 fue de casi 40 por ciento, según cifras del Banco de México. A nivel nacional, además, los mercados agropecuarios enfrentan una creciente concentración en algunos pocos centros de abasto y distribución, donde se distribuye en torno al 70 por ciento de lo que produce el campo mexicano.

Esta honda vinculación con los mercados internacionales, el superávit en la balanza comercial agropecuaria y la concentración en centros de abasto es consecuencia de políticas que han favorecido a los grandes agroindustriales a costa de los pequeños productores en México. El campo no produce alimentos: produce commodities, y la política agropecuaria —en gran medida hasta ahora, aunque sí ha habido algunos cambios— ha estado centrada en generar divisas, no en alimentar a la población ni en generar fuentes de ingreso que hagan rentable quedarse en el campo.

En un contexto mundial tan volátil como el que vivimos y que la crisis climática no hará sino agravar, urgiría una intervención de choque por parte del Estado mexicano. Valdría la pena, por ejemplo, replantear el programa Sembrando Vida ya no como un esfuerzo de distribución de subsidios, sino como un verdadero pilar de las economías campesinas —es decir, lo que pensábamos que iba a ser al principio del sexenio—. Urgiría acompañar los esfuerzos de siembra de frutales y otras plantas con construcción de mercados y canales que permitan llegar más directamente a los consumidores.

Urgiría también acompañar emprender una campaña por la recuperación de los suelos del país y acompañarla por un fortalecimiento de la política forestal, para que pueda conservar los bosques y selvas nacionales y restaurarlos donde se han perdido. Como se informó hace unos días, estudios recientes han mostrado que los entornos agrícolas con técnicas productivas de baja intensidad —es decir, sobre todo las orgánicas— que están rodeadas por manchones importantes de vegetación primaria registran impactos relativamente bajos en las poblaciones de insectos polinizadores, lo que les da mayor resiliencia ante el cambio climático. Sería urgente emprender ese camino.

En pocas palabras, el país debería dejar de apostar por producir valor que se quedan unos pocos, para centrarse en producir alimentos  que nos alimenten a todos, a través de la relocalización y redistribución de la producción y de la restauración de suelos y vegetación.

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