Por Dulce Olvera, Sin Embargo, 29 de enero de 2022.
Para salvar a los arrecifes coralinos ubicados en áreas naturales protegidas del norte y sur del país, ciudadanos han solicitado amparos contra un puerto para cruceros en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, y de cara a un cuarto muelle en Cozumel, Quintana Roo, uno de los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reactivar la economía pospandemia.
También como un proyecto federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente de emitir una sentencia sobre un amparo interpuesto en 2016 contra las fallas en la evaluación ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) para la ampliación del Puerto de Veracruz, una obra que ya opera su primera fase a costa del sistema arrecifal, una área protegida que provee de alimento y protección contra tormentas, informó previamente SinEmbargo.
CENTRO TURÍSTICO EN ÁREA PROTEGIDA
Para recibir cruceros con miles de turistas, la empresa Aquamayan Adventure presentó en noviembre a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental regional (MIA-R) para obtener el permiso de construir un muelle en el puerto de Pichilingue, en la Paz, Baja California Sur.
La obra, que requerirá dragado y relleno, se hará a unos kilómetros de Balandra y de las Islas del Golfo de California, ambas áreas naturales protegidas con manglares y dunas costeras.
El puerto también está inmerso en el área de importancia para la conservación de las aves denominada “Ensenada de La Paz”, con la presencia de 246 especies, entre ellas 28 consideradas en alguna categoría de riesgo.
Frente al Golfo de California, este proyecto privado de 351 millones de pesos plantea la ampliación del muelle para habilitar una posición de atraque para recibir “cruceros de gran calado (tipo Oasis)”, expone la empresa en la MIA-R.
También se construirá un centro turístico con edificios comerciales y de servicios, restaurantes, bares, spa, albercas y áreas verdes para actividades “que ayuden al desarrollo económico local”.
Ante la oposición civil por afectaciones previas de otros cruceros, incluyendo un amparo presentado por el Centro para la Biodiversidad Biológica, la Semarnat convocó en diciembre a una consulta pública para ingresar comentarios, lo cual concluyó el 20 de enero. Falta una reunión informativa para que la dependencia federal dé un dictamen.
El biólogo Jorge del Ángel-Rodríguez, del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, dijo que la Manifestación de Impacto Ambiental está fragmentada por lo que la información está incompleta, a pesar de implicar impactos acumulativos en el mar (por gasolina) y el aire (por emisiones de CO2 de los cruceros), además de una alta demanda en agua potable y electricidad.
“Al fraccionar el proyecto, la empresa sólo muestra la parte del muelle y lo más grave es que se ignoran todos los efectos asociados con la llegada de los cruceros, la desaladora para proveer de agua potable al centro turístico (que genera salmuera), descargas residuales y agua de lastre que contiene microorganismos, algas y otros animales que se convierten en especies marinas invasivas”, aseguró. “Se están manejando de manera superficial los efectos tan relevantes”.
Sobre la justificación del proyecto por la referida “derrama económica”, el académico ejemplificó que la región del Caribe representa más del 50 por ciento de la participación del mercado mundial en el despliegue de pasajeros de cruceros, pero genera menos del 5 por ciento de los ingresos de la industria del turismo, mientras que al mismo tiempo ha generado impactos ambientales a las islas.
“Los cruceristas no vienen con la mentalidad de gastar más porque ya pagaron su comida, diversión y entretenimiento. Se supone que al bajar a un puerto realizan compras en la ciudad, pero generalmente estos destinos son de sólo unas horas y con horarios establecidos como para ir a ver al tiburón ballena en la Paz, una especie protegida”, comentó.
El puerto, gestionado por la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (ahora de la Semar), desempeña actividades comerciales y pesqueras, transporte de personas y permite el arribo de cruceros y yates turísticos, principalmente de Estados Unidos. Además intercambia transbordadores con los puertos de Mazatlán, Topolobampo, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
“Todos estos efectos no sabemos dónde terminarán parando porque la Bahía de la Paz es una zona muy dinámica”, agregó el biólogo.
MÁS MUELLES EN COZUMEL
En La Paz, Baja California, la Semarnat aún está evaluando los impactos del megacrucero. En Cozumel, Quintana Roo, ya se realizó la consulta pública en abril y mayo pasado.
Pese a las advertencias de ciudadanos y científicos, la autoridad ambiental aprobó en diciembre al cuarto muelle de Cruceros, uno de los 39 proyectos de infraestructura del Gobierno federal y el sector empresarial “para reactivar la economía” pospandemia.
En la Isla ya hay tres muelles para ocho cruceros turísticos diarios, los cuales son subutilizados en Punta Langosta, resalta el colectivo “No al cuarto muelle”.
Este nuevo proyecto se ubicará en la costa noroeste de la Isla de Cozumel, cerca del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel con especies de corales protegidas.
La segunda semana de enero, la organización ciudadana interpuso un amparo para proteger una zona sobreexplotada donde los arrecifes ya están “moribundos” por las presiones de este tipo de proyectos contra los ecosistemas marinos y costeros, dijo la activista de Coral Hero, Mina Morsán.
“Se ha generado una dependencia a un turismo muy agresivo e inmediato que para nada es el turismo que debería ser en un lugar así de frágil como Cozumel y Quintana Roo”, comentó. “Estamos intentando conservar lo que queda del arrecife y de los manglares frente al proceso constructivo de meter pilotes en el mar generando ruido y material residual”.
En esas áreas protegidas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó una concesión a la empresa Muelles del Caribe para construir una terminal para el ascenso y descenso de pasajeros y un edificio con una inversión de 335 millones de pesos. En octubre de 2020 presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Semarnat, la cual aprobó en diciembre pasado pese a la opinión negativa de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y del municipio de Cozumel.
“La MIA está llena de irregularidades, ni siquiera dice dónde está ubicado el proyecto y, con base en esa información inexistente, calculan unos impactos al ecosistema que no sabemos de dónde salieron porque ni siquiera están diciendo dónde es”, dijo la activista Mina. “No se nos garantiza que nuestro derecho al medio ambiente sano no sea vulnerado”.
Desde entonces, cozumeleños se han manifestado en el malecón. “Yo también quiero conocer al pez loro, especie protegida”, rezaba una pancarta cargada por un niño el domingo 16 de enero. La obra también amenaza a otras especies catalogadas en peligro por la NOM-059 como el cuerno de arce.
El colectivo “No al cuarto muelle” alega que además de matar más arrecifes, se violará el derecho a la salud y al medio ambiente sano, además de que no hay suficiente agua potable en la isla y “los cruceros se llevan enormes cantidades para sus travesías”.
Mina, en línea con lo que prevén en La Paz y que ya pasó en el puerto veracruzano, lo planteó así: “La derrama económica de la que hablan los megaproyectos se queda arriba en las élites y grandes corporativos y termina dejando sus problemas en los lugares que visita”.
