Por Teresa de Miguel, El País, 15 de octubre de 2021.
La artillería legal desplegada por los gigantes agroindustriales para sembrar maíz transgénico en México no está dando resultados. Tras ocho años de batalla judicial y decenas de impugnaciones, la Suprema Corte de Justicia de México se ha pronunciado por primera vez en el litigio y ha sido contundente: ha rechazado por unanimidad todos los amparos presentados por las compañías Monsanto, Syngenta, PHI y Dow. La siembra de maíz genéticamente modificado sigue prohibida en México, al menos por el momento.
Para Mercedes López, de la Asociación de Consumidores Orgánicos, la lucha ha sido algo así como la de David contra Goliat. De un lado del banquillo, una coalición de organizaciones campesinas, defensoras del consumidor y ambientalistas que buscan preservar las variedades nativas del maíz en México. Del otro, algunas de las empresas más poderosas del planeta, como Monsanto -ahora propiedad de Bayer-, que quieren vender sus semillas genéticamente modificadas, resistentes a los herbicidas que también comercializan. “Ha sido un proceso muy largo y desgastante”, confiesa López. Quizá por eso no pudo contener las lágrimas cuando conoció el fallo del máximo tribunal del país.
El periplo judicial comenzó en 2013, cuando las organizaciones decidieron interponer una demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México, el centro de origen de ese cereal. Por aquella época, las semillas genéticamente modificadas se propagaban rápidamente por el país. Como el maíz es una planta de fácil polinización, los cultivos transgénicos “contaminaban” las variedades originarias hasta a 20 kilómetros a la redonda, explica López. “Los transgénicos no solo ponían en peligro las casi 60 razas nativas de maíz en México, sino también toda la cultura, tradición y gastronomía ligadas a ellas”.
Contra todo pronóstico, prosperó la demanda colectiva —una figura poco utilizada hasta entonces— y los jueces admitieron además una llamada “medida precautoria”: suspender la siembra de maíz transgénico hasta que se resolviera el juicio. Las empresas agroindustriales echaron entonces a andar toda su maquinaria legal para desafiar esa medida con impugnaciones que pasaron por decenas de tribunales. Hasta que llegó a la Suprema Corte. Lo que el máximo tribunal ha ratificado ahora es aquella “medida precautoria”, pero el juicio de fondo continúa.
René Sánchez, abogado de la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo, celebra la decisión de la Suprema Corte y asegura que le da esperanzas para que el proceso definitivo se resuelva a su favor. “Pero ya no me atrevo a decir cuánto se puede tardar el juicio. En diciembre de 2013 ya se dictaminó que no se sembrara maíz transgénico y aquí seguimos”.
Las cosas, en todo caso, han cambiado mucho desde entonces. El 31 de diciembre de 2020, el Gobierno de México publicó un decreto presidencial por el que prohibía para 2024 tanto la siembra de maíz genéticamente modificado como el glifosato, el herbicida más utilizado del mundo. El documento argumentaba la decisión en los efectos perniciosos que tienen sobre la salud y el medio ambiente. René Sánchez cree que ese decreto le da “más solidez a la demanda que sigue en curso”.
El panorama no es muy alentador para las grandes empresas agroindustriales. Desde Proccyt, la asociación que las representa, aseguran que “la adopción de la biotecnología avanza en el mundo a pasos agigantados, mientras que en nuestro país continúa un falso debate donde los que más pierden son los agricultores y la cadena productiva mexicana”. Como era previsible, seguirán dando la batalla en los tribunales para intentar sembrar semillas transgénicas en México. La pregunta ahora es cuánto más se prolongará ese proceso.
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