Por Redacción Sin Embargo, Sin Embargo, 05 de octubre de 2021.
Hace 22 años, activistas de Greenpeace denunciaron que había ingresado a México, a través de Veracruz, maíz genéticamente modificado de manera ilegal. Esta fue una de las primeras batallas que se han registrado en las últimas dos décadas en la lucha por mantener los cultivos nativos.
Los “cultivos genéticamente modificados”, o transgénicos, son las plantas cuyo ADN ha sido alterado en un laboratorio para que adquieran propiedades no pueden recibir a través de las técnicas de reproducción tradicional. Específicamente, se identifican genes seleccionados de otros organismos y se insertan en el cultivo con el propósito de crear un espécimen más deseable.
“Una de las preocupaciones centrales de la modificación genética es que la introducción en los cultivos de material genético foráneo tiene el potencial de producir efectos dañinos tanto en la salud de los humanos como en el medio ambiente. Por esta razón, las regulaciones adquieren enorme importancia”, señala Greenpeace en el documento “Los transgénicos en México; 20 años de resistencia y lucha, publicado en 2019 y en el que resume las principales controversias registradas desde 1999 en el tema de los transgénicos y sus repercusiones en la salud, los cultivos nativos y el medio ambiente.
En el mismo documento, la organización ambientalista ejemplifica cómo este tipo de cultivos pueden afectar a la salud: “Los mexicanos comen, en promedio, 90 kilos de tortilla cada año. Cuando un fabricante de tortilla empieza a sustituir el maíz blanco mexicano por el maíz amarillo genéticamente modificado procedente de Estados Unidos –que es más barato–, surge una serie de posibles preocupaciones sanitarias, sobre todo debido al uso de glifosato, herbicida declarado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud, como ‘probablemente carcinógeno para el ser humano’”
Los apicultores indígenas de la península del Yucatán están en riesgo latente de perder mercados de exportación europeos debido a que en su miel se han identificado trazas de polen de soya transgénica, recolectado por las abejas.”
LA EXPERIENCIA MEXICANA
De acuerdo con el documento, la experiencia mexicana con los transgénicos inició en 1988, cuando una empresa fue autorizada para realizar pruebas con jitomates transgénicos.
La experiencia mexicana con los transgénicos comenzó en 1988, cuando una empresa solicitó y recibió autorización ala entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) recibiría las solicitudes, que serían evaluadas por la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), la cual congregaría a un comité multidisciplinario de científicos mexicanos que fungirían como grupo primario de consulta. Se estableció como apoyo en la construcción de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM), NOM-056-FITO-1995, la cual oficializaba los cultivos transgénicos como materia de regulación estatal.
“La introducción de los organismos manipulados mediante ingeniería genética para aplicarse en agricultura, constituye un alto riesgo, por lo que su importación, movilización y uso en territorio nacional debe realizarse en estricto apego a medidas de bioseguridad”, establecía la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 de julio de 1996, en lo que representó el primer intento de México por incorporar la regulación de los cultivos transgénicos a las instituciones del Estado.
Para 1997, la CNBA ya había autorizado cultivos transgénicos para experimentos en condiciones supervisadas de algodón -el único autorizado a niveles casi comerciales-, arroz, calabacita, canola,jitomate, melón, papa, papaya, piña, plátano, soya, tabaco y trigo.
Sin embargo, el naciente sistema regulatorio aún presentaba grandes vacíos, en especial, la falta de revisión del impacto ecológico de los cultivos sometidos a experimentos de campo.
“Estas deficiencias fueron patentes para el CNBA, que mostró preocupación por el creciente número de solicitudes de la industria con el fin de obtener permisos para la siembra experimental y la ausencia de información disponible sobre los riesgos de las modificaciones genéticas a gran escala, así como los riesgos específicos de contaminación genética del maíz en México, dado que es un cultivo de polinización abierta, presenta una amplia compatibilidad entre variedades y su polen es ligero y propenso a viajar largas distancias”, destaca el documento.
Ante esta situación, el CNBA propuso una moratoria para la liberación del maíz transgénico, por lo que en 1998, la SARH empezó a implementar una moratoria de facto en el cultivo de maíz con propósitos experimentales, la primera de los transgénicos en la historia de México, misma que permaneció hasta 2003 en el caso de la siembra experimental y hasta 2009 para la siembra comercial.
“El CNBA mostró preocupación por el creciente número de solicitudes de la industria con el fin de obtener permisos para la siembra experimental y la ausencia de información disponible sobre los riesgos de las modificaciones genéticas a gran escala, así como los riesgos específicos de contaminación genética del maíz en México, dado que es un cultivo de polinización abierta, presenta una amplia compatibilidad entre variedades y su polen es ligero y propenso a viajar largas distancias”, destaca el documento.
En el año 2000, México firmó el Protocolo de Cartagena, a través del cual se comprometió a su sistema regulatorio en la materia hacia uno integral protegido dentro de un marco nacional de bioseguridad.
Sin embargo, en noviembre de 2001, dos científicos de la Universidad de California en Berkeley publicaron un informe en la revista Nature, en el que aseguraron haber encontrado rastros de maíz transgénico en las variedades de maíz nativo en la Sierra Norte de Oaxaca.
“Este descubrimiento confirmó que el maíz transgénico estaba presente en México y que además estaba mezclándose con las variedades nativas de maíz en el centro de origen y diversificación de uno de los cultivos más importantes del mundo”, de acuerdo con Greenpeace.
A pesar del hallazgo, dos años después, la Secretaría de Agricultura, señaló su interés de levantar la moratoria que se había impuesto en 1998.
En 1996, el Gobierno federal formalizó la primera norma para regular la importación y liberación de transgénicos [NOM-056-FITO-1995]. Tres años después, apareció la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), que es el órgano del Poder Ejecutivo Federal encargado de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso seguro de los OGM’s.
La Ley de Bioseguridad fue aprobada por la Cámara de Senadores en abril de 2003, seguida por la Cámara de Diputados en diciembre de 2004 y, finalmente, se publicó como ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de marzo de 2005.
Dicha norma conocida como la “Ley Monsanto” permite, hasta la fecha, el avance de los transgénicos en nuestro país. Es la base de la regulación para actividades de uso confinado y liberación de transgénicos al ambiente, su comercialización, importación y exportación. Además, determina las competencias de las diversas dependencias de gobierno en materia de bioseguridad.
Sólo entre 2005 y agosto de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó la liberación de transgénicos en 24 estados de la República [Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas].
