Por Alba Olea, Contralínea, 04 de octubre de 2021.

Las firmas del sistema agroalimentario industrial –acostumbradas al uso de paquetes tecnológicos con herbicidas y fertilizantes sintéticos– no sólo se enfrentan al Ejecutivo federal, que trabaja a contrarreloj para cumplir con el decreto, sino también al Poder Judicial que, hasta ahora, ha negado sus solicitudes de suspensión provisional.

Los juicios de amparo siguen su curso, y especialistas en agroecología y defensores de la salud y soberanía alimentaria (integrantes de las organizaciones El Poder del ConsumidorGreenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) han promovido recursos para participar como “terceros interesados”.

Javier Zúñiga, representante de El Poder del Consumidor, explica a Contralínea que el tercer interesado es una figura jurídica que permite a ciertas personas integrarse al juicio de amparo cuando tienen un interés contrario a las empresas quejosas.

Es una estrategia que promueven de forma paralela a la presentación del Amicus Curiae, un instrumento no vinculante mediante el que personas cercanas al tema envían argumentos técnicos, jurídicos o evidencia científica para que sean considerados por los jueces.

Por el momento, ninguno de estos recursos ha sido aceptado por los tribunales. Sin embargo, Zúñiga considera que los jueces han probado entender la necesidad de priorizar la salud pública y el medio ambiente al negar las suspensiones provisionales a la agroindustria.

Bayer-Monsanto, empresa que patentó inicialmente este herbicida, y el Consejo Nacional Agropecuario son los pilares más visibles del sector que se opone a transitar hacia un sistema productivo que no ponga en riesgo la salud de productores y consumidores. La evidencia científica que expone la contraparte prueba que el glifosato provoca alternaciones metabólicas, detona estrés oxidativo celular y está asociado con el desarrollo de enfermedades neurológicas y crónico-degenerativas.

Además, agentes como el Grupo Porcícola Mexicano, la Unión Nacional de Avicultores y la Asociación Mexicana de Productores de Carne participan en la lluvia de amparos promovidos en contra del decreto, informa Javier Zúñiga.

¿Cuáles son las intenciones detrás de estas empresas?, se pregunta, pues en otros temas de salud pública, grandes empresas han utilizado grupos fachada para conseguir sus fines.

Para la agroindustria, la eliminación del uso de glifosato reducirá drásticamente la producción y rentabilidad de los monocultivos. Sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) afirma que existen alternativas agrícolas libres de agroquímicos, funcionales para predios de escala comercial. Por ejemplo, el modelo de “Agricultura Campesina de Conocimientos Integrados y Manejo Integral de Cultivos Inducidos” es uno de los métodos estudiados y divulgados por la dependencia.

En grandes escalas de producción, la transformación debe comenzar por el mejoramiento de la calidad y efectividad del suelo para que sea viable la sustitución paulatina del uso de agroquímicos, explicó Miguel Ángel Escalona Aguilar, académico de la Universidad Veracruzana.

El reto en la sustitución del modelo agroindustrial es observar la variedad de métodos utilizables para la diversidad de escalas de producción, tipos de agroecosistemas y percepciones culturales sobre la  alimentación que existen en el país, puntualiza. Existen alternativas diferentes como policultivos, integración animal, rotaciones, abonos verdes y abonos orgánicos.

“Pensar en el uso de sustancias que eliminen la vegetación es una perspectiva de muerte. Buscar alternativas al uso de glifosato supone escuchar la diversidad de voces de los productores”, refirió el académico durante la presentación del informe Agricultura sin glifosato. Alternativas para una transición agroecológica, de Greenpeace México.

Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México, explica a Contralínea que el reto es transformar el sistema agroalimentario industrializado por modelos agroecológicos que respeten los ciclos de la naturaleza y no utilicen agroquímicos sintéticos no selectivos (que matan plantas y microorganismos, afectan la fertilidad del suelo y se infiltran en el agua).

Esto supone optar por técnicas diversas como policultivos, rotación, acolchados, microorganismos de montaña y manejo integrado de plagas, dependiendo del agroecosistema, tipo de clima y suelo. “No podemos generalizar como por mucho tiempo ha hecho la agricultura industrializada que vende un producto mágico para todos los agroecosistemas”, considera.

El decreto, firmado en diciembre de 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que todas las dependencias y entidades de la administración pública federal deben desarrollar acciones para sustituir el glifosato y abstenerse de usarlo, adquirirlo, promocionarlo e importarlo.

En particular, son el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Sader y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) las principales encargadas de promover las reformas de ordenamientos jurídicos para evitar el uso de glifosato y de maíz genéticamente modificado, a más tardar en el primer semestre de 2023.

Sader y Semarnat deben instrumentar alternativas como prácticas agroecológicas o el uso intensivo de mano de obra, agroquímicos de baja toxicidad o productos biológicos para disminuir el impacto de la sustitución del glifosato. Conacyt, por su parte, debe coordinar investigaciones para proponer alternativas y para sustentar la cantidad de glifosato que se autoriza para importación.

En abril de 2021, Conacyt emitió una recomendación para limitar la importación de glifosato durante el año a un máximo de 16 millones 526 mil 177 kilogramos de glifosato formulado y de 1 millón 257 mil 231 kilogramos de glifosato técnico.

El Consejo pronosticó que esta reducción en la importación de glifosato no producirá efectos negativos en la producción agrícola nacional ya que tiene un carácter marginal. Y es que representa un disminución del 5 por ciento en relación con la cantidad de glifosato importada por México en 2018.

Además de la cuota de importación, en febrero de 2021 se calculó un inventario almacenado en México de 9 millones 812 mil 720 litros de glifosato técnico y 2 millones 462 mil 550 litros de glifosato formulado, según datos proporcionados por la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos.

El doctor Manuel Becerra Ramírez, especialista en derecho internacional, subrayó que el decreto presidencial responde a una reacción internacional contra el herbicida y que no es una invención nacional. “México va de acuerdo con la corriente jurisprudencial a nivel internacional”, afirmó durante la presentación de Greenpeace México.

El país está obedeciendo al principio de precaución que forma parte de la cultura jurídica internacional y que establece la obligación del Estado mexicano de crear medidas preventivas, explicó. Responde también al control de controversialidad que obliga al Estado a revisar su legislación interna y compararla con el marco internacional para definir mejoras posibles en favor del respeto a los derechos humanos.

Javier Zúñiga, integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, considera que el decreto es una herramienta “más que suficiente”, ya que sienta las bases y reglas del juego de cómo abandonar en los próximos años el uso del agrotóxico glifosato y del maíz transgénico. “El decreto establece un plazo razonable para poder realizar esta transición. Hasta ahora el decreto no sólo es más que suficiente, sino un instrumento idóneo y deseable para que suceda”.

Por su parte, Viridiana Lázaro indica que aún falta que el cambio decretado por el presidente se refleje en el presupuesto federal y en modificaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Alimentación y la Ley de Fomento al Maíz Nativo en los próximos años.

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